Las reacciones por la anulación de decenas de resoluciones, entre ellas de la elección de Roberto Romero von Buchwald como titular de la Superintendencia de Bancos, vinieron del mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El consejero de minoría, Carlos Figueroa, anunció este 10 de marzo que interpondrá una acción de protección que deje sin efecto una resolución que tomó una mayoría de cuatro vocales del CPCCS, mediante la cual se anularon unas 60 resoluciones, entre las que consta la CPCCS-PLE-SG-050-E-2022-1155 que corresponde a la elección de Roberto Romero von Buchwald, como titular de la Superintendencia de Bancos.

A las tres horas de la madrugada de este viernes, 10 de marzo, los consejeros Olindo Nastacuaz, Gina Aguilar, Graciela Morea y Teddy Tama aprobaron esta resolución con los votos en contra de Carlos Figueroa, Aland Molestina y Mónica Moreira.

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Para ello, el bloque de mayoría se amparó en una sentencia de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas que anuló una acción de protección emitida por el exjuez destituido Ángel Lindao, que restituyó en sus cargos a Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, quienes fueron censurados y destituidos por la Asamblea Nacional en un juicio político que se evacuó el 18 de noviembre.

Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos no fueron parte de ese enjuiciamiento, aunque por una disposición de la Corte Constitucional (CC) del 23 de enero se destituyó a los siete por no cumplir con una sentencia en la que ordenó la designación del vocal y presidente del Consejo de la Judicatura (CJ).

Previamente, los consejeros conocieron una opinión jurídica que recomendaba analizar los actos administrativos y simples de administración, que corresponden al periodo comprendido del 18 de noviembre de 2022 y en adelante, “en virtud de que pueden existir actos inherentes a la gestión de la institución que podrían afectar el normal desenvolvimiento, teniendo en cuenta el principio de eficiencia y transparencia que debe regir en la administración pública”.

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De esa forma, los cuatro vocales anularon 61 resoluciones y, la designación de Roberto Romero que se realizó el 3 de diciembre del 2022, con el voto de Ulloa, Rivadeneira, Bravo y Estupiñán, de la terna que envió el presidente de la República, Guillermo Lasso.

El consejero Carlos Figueroa reaccionó indignado por esta decisión y advirtió que el objetivo sería frenar los concursos públicos de designación de autoridades que están en curso, para que los nuevos consejeros, electos en los comicios del 5 de febrero y que son afines al expresidente Rafael Correa, elijan a las autoridades de la Contraloría General del Estado, de la Defensoría Pública y la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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“Lo que están haciendo es permitiendo que con esta demora no se realicen los concursos de designación de autoridades y venga el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) e impongan a las autoridades que les dé la gana. No sé si están ganando puntos para quedar bien con alguien, pero sé que aquí (en el CPCCS) se ha metido la partidocracia”, manifestó Figueroa en una declaración de prensa.

Su estrategia será acudir a la justicia ordinaria para que a través de una acción de protección se deje sin efecto esta medida, pues a su criterio, el fallo de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas anuló la acción de protección y la medida cautelar que emitió Ángel Lindao.

Lo que no implicaba que, sobre esa base, el CPCCS resuelva anular las acciones que tomaron los cuatro exconsejeros desde el 22 de noviembre hasta el 2 de enero, cuando permanecieron en funciones gracias a dicho recurso constitucional, pese a haber sido destituidos por la Legislatura.

Figueroa esgrime que hay un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado de diciembre del 2022 en el que se determina que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene la competencia legal para revisar o anular la elección de autoridades que se hayan dado en su seno.

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Criterio contrario tuvo la consejera Graciela Mora, que votó a favor de la resolución, pues cree que el pronunciamiento de la Procuraduría apunta a la elección de autoridades que se realizan mediante comisiones ciudadanas de selección, pero no a aquellos procesos que se hacen por ternas enviadas por el Poder Ejecutivo.

Según dijo, estos procedimientos no cuentan con participación ciudadana, aunque la Constitución determina que la elección de autoridades por ternas también deben realizarse obligatoriamente con veeduría e impugnación ciudadana.

Las resoluciones tomadas por el anterior pleno del CPCCS que presidió Hernán Ulloa, “están llenas de vicios y no aplica para proceder en las acciones del Consejo; eso fue lo que hicimos, nulitar las acciones de este tiempo que no correspondía”, explicó Mora.

El expresidente Rafael Correa, líder del movimiento político Revolución Ciudadana (RC), reaccionó en Twitter, felicitando a los cuatro vocales. “¡Cuánto daño Lasso le ha hecho al Ecuador con su «viveza» criolla! Bien por el nuevo CPCCS, aunque tres incondicionales de Lasso, contra toda lógica, votaron en contra”, escribió.

La sesión ordinaria 003 de catorce puntos se instaló todo el día de este 9 de marzo, con dos suspensiones. La presidenta Gina Aguilar convocó a la reinstalación para tratar este punto, que era el último, a las 21:00 y se prolongó hasta las 03:00 de este viernes.

La moción para anular las actuaciones de los cuatro exvocales la tenía lista y la había “pensado” el consejero Olindo Nastacuaz y crispó los ánimos en sus colegas Mónica Moreira, Aland Molestina y Carlos Figueroa, quienes cuestionaron la propuesta.

Figueroa reclamó que incluso había presentado una moción a las 17:00 para rechazar la opinión jurídica, pero en la noche no se dio lectura a su moción en orden de prelación, sino que se dio paso a la de Nastacuaz.

La plenaria se reinstaló de forma virtual y todos exigían con desesperación la palabra. Aguilar anulaba los pedidos de Molestina y Figueroa y priorizaba la intervención de Nastacuaz.

“Yo sabía que ustedes tramposamente iban a hacer esto. Por eso suspendió la sesión en la tarde. Es el colmo, no está cumpliendo su palabra presidenta”, dijo molesto Figueroa.

En respuesta Aguilar apeló al género y les espetó: “No porque son varones pueden venir a gritar. (…) Tengan la bondad de callarse y después todos hablarán”.

Molestina le aclaró que sus pedidos no “tienen que ver con el género”, sino que se cumpla con los procedimientos parlamentarios.

Finalmente, se silenciaron los micrófonos de los tres vocales de la minoría y en respuesta, Figueroa se colgó en el cuello un cartel con la frase: “Apagaron mi micrófono”.

El consejero Carlos Figueroa colgó en una pared de su despacho una hoja con la frase: 'Apagaron mi micrófono' en rechazo a que en una sesión del 10 de marzo, le silenciaron el micrófono de la plataforma Zoom. Foto: Sugey Hajjar Foto: Sugey Hajjar

Los dos consejeros recordaron que hay un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado en el que se señala que el CPCCS no tiene competencia para revisar o anular designaciones, pero los consejeros de mayoría concluyeron que ese pronunciamiento apunta a la elección de autoridades del Estado realizadas por comisiones ciudadanas y no por ternas enviadas por el Ejecutivo.

Graciela Mora leyó una respuesta a Figueroa en ese ámbito y le recordó que hay un superintendente electo y que fue posesionado por el Parlamento, refiriéndose a Raúl González Carrión.

Fue un extenso debate en el que también intervino la vocal Mónica Moreira y Teddy Tama, hasta que se dispuso la lectura de la moción planteada por Nastacuaz, que fue la que se aprobó.

Por el momento, el CPCCS no ha definido qué acciones tomará para designar a un superintendente de Bancos, luego de anular la elección de Roberto Romero.

No se desestima retomar el proceso para elegir a Raúl González, quien provino de una primera terna que envió Guillermo Lasso y que fue designado en julio del 2022.

Sin embargo, esa elección fue anulada por una jueza de Guayas, Larissa Ibarra, que se ratificó en segunda instancia por un tribunal de la Corte Provincial del Guayas.

Para la consejera Mora será la Asamblea Nacional la que resuelva el conflicto, pues lo posesionó en el cargo y debería dar respuestas. (I)