En poco más de un mes de funciones, los catorce jueces designados para la nueva Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, que funciona en Quito, han conocido cerca de 62 expedientes relacionados con varios de los 44 tipos penales que son parte de su responsabilidad juzgar.

La última semana de diciembre pasado, luego de un sorteo notarizado para conformar los tribunales fijos de Garantías Penales y de Corte Provincial y la inauguración de las oficinas en las que fueron ubicados jueces, secretarios y ayudantes judiciales, entró en funcionamiento la nueva unidad en el ala norte del segundo piso del Complejo Judicial Norte, en Quito.

Cifras del Consejo de la Judicatura (CJ) señalan que hasta el 1 de febrero último ingresaron a la Unidad Especializada, a conocimiento de jueces de primera instancia, 32 casos; a Tribunal Penal, para juicio, 12; y para resolver en sala especializada, 18. Pese a que la sede de esta nueva unidad judicial está en Quito, los jueces que la integran reciben casos de todo el país, pues su jurisdicción es nacional.

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En el Complejo Judicial laborarán los magistrados de Unidad Penal; seis jueces de Tribunal Penal, divididos en dos tribunales; y seis jueces de Tribunal de Corte Provincial, divididos en dos tribunales. Los catorce nuevos jueces fueron nombrados por unanimidad por el pleno del CJ el 1 de diciembre pasado, nueve meses después de iniciado el concurso público de méritos, oposición y luego de finalizar un curso de formación inicial de 52 días.

Uno de los primeros casos que conoció la Unidad Especializada fue el relacionado con una estructura delictiva dedicada al tráfico de armas, municiones y explosivos que abastecía a grupos armados de Colombia. En este caso, se formularon cargos por el delito de delincuencia organizada contra 18 personas; 17 de ellas recibieron prisión preventiva, incluido Alfonso F., alias Caluqui, y a uno solamente se le definió presentación periódica y prohibición de salida del país.

Otro de los casos que conoció un juez de la unidad fue el pedido de acto urgente que solicitó la Fiscalía dentro de la investigación previa del caso denominado Encuentro, en el que se analiza la denuncia de un entramado de corrupción en empresas públicas del sector eléctrico en el que estaría supuestamente implicado Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, entre otros funcionarios públicos y empresarios.

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Desde esta Unidad Especializada se autorizó el 20 de enero pasado el allanamiento de ocho inmuebles ubicados en Guayaquil y de uno en Quito. Todos eran domicilios de personas investigadas por una presunta trama de corrupción en empresas públicas.

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En este tiempo, los jueces anticorrupción y crimen organizado también han mantenido reuniones con el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, y con el pleno del más alto órgano de justicia ordinaria del país.

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Según Saquicela, se ha dialogado y coordinado sobre ciertos aspectos en el orden jurídico. Partiendo de que el presidente de la CNJ tiene la atribución de absolver consultas, y que existen varios temas alrededor de lo jurídico —obscuridad en la norma de los jueces anticorrupción, etcétera—, existiría un conjunto de consultas que han propuesto los catorce jueces y que serán absueltas para unificar criterios jurídicos.

Son diversos temas, empezando desde la propia competencia de los jueces anticorrupción, qué delitos ellos deben conocer de acuerdo a la resolución del CJ. Si es el caso, dialogaremos con el presidente del CJ para que pueda modificarse o mejorarse la resolución. (...) Además, vamos a entrar en un proceso de diálogos con expertos nacionales e internacionales, sobre todo en los delitos que ellos conocen”, explicó Saquicela. (I)