Aunque la solicitud de juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, acusado de un presunto delito de peculado en la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP), aún no llega a la Comisión de Fiscalización y Control Político, ya se advierten de vacíos de procedimiento y contradicciones en la acusación.

Las alertas las formularon los asambleístas Fernando Villavicencio y Ana Belén Cordero, presidente y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, en su orden.

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Ellos advierten que no hay claridad en la norma, primero, porque en la mesa está en curso un juicio político al exministro del Interior Patricio Carrillo y a dos secretarios, de Seguridad y de Derechos Humanos, y en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se señala que si dentro del proceso de sustanciación de un juicio político el Consejo de Administración Legislativa (CAL) remitiera una nueva solicitud de juicio político, su plazo para avocar conocimiento correrá a partir de la finalización del proceso en curso dentro de la Comisión.

Pero en la misma ley, en los artículo 89 y 90, sobre el juicio político al presidente de la República, se dispone que con el informe de admisibilidad de la Corte Constitucional, el titular de la Asamblea Nacional remitirá al presidente de la Comisión de Fiscalización la solicitud de enjuiciamiento a fin de que avoque conocimiento de inmediato.

Fernando Villavicencio advirtió que en el caso de los juicios a los ministros de Estado prohíbe sustanciar dos juicios a la vez. Y “nosotros no podemos suspender un juicio político en contra de un ministro que está en marcha, porque eso significaría vulnerar el debido proceso”, agregó.

Aunque dijo que van a intentar archivar el juicio en contra de Carrillo y los dos secretarios, de Seguridad y Derechos Humanos, y que si llega el juicio al presidente de la República, avocarán conocimiento de inmediato. Pero si no llega hasta mañana viernes 31 de marzo, se avocará conocimiento del otro juicio político en contra del ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, y si en ese transcurso llega el juicio al primer mandatario, se tendrá que hacer una consulta al pleno e implicaría demorar en el procesamiento del juicio al presidente Guillermo Lasso.

“Yo no voy a saltarme ni a vulnerar lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, yo seré absolutamente implacable”, advirtió el asambleísta nacional.

Otro caso

Otro aspecto que no está claro en la ley se refiere al informe motivado recomendando o no el juicio político que debe presentar la Comisión de Fiscalización al presidente de la Asamblea Nacional, pues la norma en su artículo 91 no señala el camino cuando no existe un informe de mayoría, ya que no se permite la presentación de informes de posiciones, como se hace en el caso de juicios a ministros de Estado.

El legislador Fernando Villavicencio explicó que la Comisión está obligada a presentar un informe motivado recomendando o no el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. Lo que resta saber es cuántos votos habrá en la mesa para ese informe; porque ese mismo artículo no dice nada si habrá informe de posiciones en caso de que no haya un informe de mayoría.

“De presentarse ese vacío, tocará solicitar al pleno de la Asamblea Nacional que resuelva ese vacío”, reiteró Villavicencio; aunque también habló de que se puede aplicar el último inciso del artículo 142 de la misma ley orgánica, donde habla de que si las comisiones no alcanzan una votación requerida en el trámite de proyectos y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo, estos pasarán a conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional para la correspondiente resolución.

La vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Cordero (BAN), advirtió que el informe sobre el juicio político al primer mandatario para que pase al pleno tiene que aprobarse en la mesa; “pero si no hay votos hay un vacío, y cuando hay vacíos legales se han hecho las consultas pertinentes a las áreas legales, puede ser al área jurídica de la Asamblea o la Procuraduría del Estado, pero la ley no dice qué es lo que sucede si un informe no es aprobado en la Comisión de Fiscalización, cuando se trata de un juicio político al presidente de la República”, afirmó.

Contradicción de acusación

Villavicencio comentó que la solicitud de juicio político llegará a la Comisión de Fiscalización tras una serie de acciones de poda y la última poda que hace la Corte Constitucional es importante, porque revisa las pruebas presentadas por los solicitantes del juicio político y tumba las dos acusaciones por el presunto delito de concusión y solo deja la acusación de un supuesto delito de peculado.

Pero, recordó el legislador, el peculado es un delito de resultados y se confirma con informes y sentencias, y por lo tanto, advirtió que no existe un informe con responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado.

Anunció que pedirá todas las pruebas de oficio necesarias para llevar adelante un juicio político sustanciado y serio, y “aquí no van a venir con audios que aparecen en redes sociales, pues voy a pedir a la Fiscalía General del Estado que certifique si el audio publicado en el medio digital La Posta ha sido periciado por la Fiscalía, de lo contrario, no se podría aceptar como prueba”.

Respecto a la acusación de peculado derivada del caso Flopec EC, Villavicencio comentó que ese caso fue investigado por periodistas, y que en la acusación presentada en contra del primer mandatario existen contradicciones.

Por ello, dijo que este 30 de marzo pidió a la Contraloría del Estado que inicie un examen especial integral sobre los contratos para la transportación de crudo.

Que en el proceso de juicio político incorporará los dos informes presentados por la asambleísta Mireya Pazmiño, quien es una de las acusadoras en el juicio al presidente Guillermo Lasso.

El primer informe de la Comisión de Régimen Económico, aprobado por cinco asambleístas con los votos del PSC, UNES y Mireya Pazmiño, contradice radicalmente a la acusación de juicio político, porque en el juicio motivado por Pazmiño y otros se acusa al presidente Guillermo Lasso, a Hernán Luque y a Oswaldo Rosero, exgerente de Flopec EP, de haber mantenido los contratos con Amazonas Tankers, contratos llamados Time Chárter; pero quien recomienda sostener esos contratos es la asambleísta Mireya Pazmiño en los dos informes, en el de la Comisión de Régimen Económico y en el informe personal que remite a la Comisión de Fiscalización.

Además, sostuvo Villavicencio, en ese informe acusa al almirante Jhonny Estupiñán de haber suspendido el contrato con Amazonas Tankers y haber conducido el cometimiento de un gravísimo perjuicio económico al Estado, cuando en la acusación del juicio político al primer mandatario están señalando que una de las pruebas es que el almirante Jhonny Estupiñán informó al presidente Guillermo Lasso que ese contrato era lesivo y que debía suspenderse. “Todo esto es una contradicción abierta, lo que se llama conflicto de interés”. (I)