Preocupados por la presunta falta de transparencia en el presente proceso electoral al nivel de Guayas y bajo sospechas de un posible fraude en estos comicios seccionales, siete organizaciones políticas han conformado el Frente por la Transparencia Electoral (FTE), con el que prevén distribuir a 10.000 delegados electorales para vigilar la jornada del 5 de febrero.

El FTE, que nació hace tres semanas aproximadamente, está integrado por Centro Democrático (lista 1); Partido Sociedad Patriótica (PSP, 3); Izquierda Democrática (ID, 12); Partido Socialista Ecuatoriano (PSE, 17); Movimiento Democracia Sí (20); Movimiento Verde, Ético, Revolucionario y Democrático (Mover, 35); y Renovación (61). La invitación para integrar el FTE fue extendida a más partidos, pero hasta el momento ningún otro se ha sumado.

Durante una rueda de prensa ofrecida este martes, 24 de enero, las organizaciones indicaron que el objetivo de este gremio es velar por que la voluntad ciudadana sea respetada en las urnas y evitar el fraude durante el conteo de los votos.

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En un manifiesto, firmado por los siete partidos y movimientos, mencionaron lo siguiente: “La falta de transparencia demostrada hasta el momento en el manejo del proceso electoral por parte de las autoridades que representan al Consejo Nacional Electoral (CNE), tanto como la Delegación Provincial y la Junta Electoral del Guayas recientemente reestructurada, no garantiza el respeto del voto en las urnas que la ciudadanía depositará en estas elecciones seccionales, el próximo 5 de febrero; debido a los cambios de última hora realizados en la Junta Provincial Electoral como lo ocurrido con un vocal principal y presidente de la Junta Provincial Electoral”.

El pasado 14 de enero, el abogado Giovanny Miguel Murillo Vargas informó de la renuncia a su cargo como presidente de la Junta Electoral del Guayas. Adujo “motivos de fuerza mayor”.

Las 10.000 personas —militantes, voluntarios y simpatizantes— serán distribuidas en toda la provincia del Guayas, en donde, según comentaron, estará un delegado por mesa. De ese número, más de 6.000 estarán en Guayaquil.

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“Nosotros estamos trabajando para tener delegados en las 5.800 juntas receptoras del voto el próximo 5 de febrero. Asimismo, tener los casi 400 coordinadores de recinto, los delegados a los centros de digitalización, y estaremos en todas las instancias establecidas en el manual de acreditación de delegaciones (...). No solamente en el tema informático, porque todos conocemos que el fraude empieza en las mesas; vamos a estar presentes con nuestros delegados en el conteo de voto por voto y garantizando que llenen bien las actas, para que luego sean escaneadas y luego tener las evidencias de los resultados de las elecciones”, dijo Eduardo Sánchez, director del control electoral y representante de Centro Democrático.

Con respecto a la coordinación entre las organizaciones políticas para realizar el control, Renán Borbúa, director en Guayas del PSP, aseguró que van a cubrir el 100 % de las mesas electorales y que no solo será en Guayaquil, sino en toda la provincia del Guayas.

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Además de Sánchez y Borbúa, en la rueda de prensa también participaron Carlos Sánchez, director territorial de Democracia Sí; Iván Tutillo, director provincial de Renovación; Octavio Villacreses como delegado del director provincial de Mover; Carlos Ayora, director en Guayas de ID; y Javier Sánchez, director provincial de PSE.

Ayora explicó en la cita que la huelga de hambre que realizó días atrás el candidato a la Prefectura del Guayas por ID, Richard Intriago, fue para advertir a la ciudadanía del posible fraude que se puede dar.

“No puede ser posible que a pocos días de las elecciones existan cambios en el CNE Guayas; eso llama mucho la atención...”, acotó.

El pasado 16 de enero, Intriago se declaró en huelga de hambre en los exteriores de la Delegación de Guayas del CNE, en rechazo a lo que consideró una “millonaria” campaña de Susana González, quien busca reelegirse en esa dignidad por la alianza Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG, listas 6-75), y por la falta de fiscalización. (I)

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