La declaratoria de “manifiesta negligencia” del juez de La Concordia (Santo Domingo de los Tsáchilas) Ángel Lindao se dio en julio del año pasado. Pero el expediente disciplinario llegó al pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) recién a fines de diciembre, comentó el nuevo presidente de ese organismo, Álvaro Román, en una entrevista con Sonorama.

El pasado 25 de enero, Román asumió ese despacho por encargo de la Corte Constitucional (CC), que en una sentencia destituyó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por no designar al vocal del CJ que representa a la Corte Nacional de Justicia, y también ordenó la salida de Fausto Murillo, que venía presidiendo el órgano de administración de justicia.

El pleno del CJ, presidido por Román, resolvió al día siguiente destituir a Lindao por haber incurrido en una infracción gravísima de manifiesta negligencia cuando concedió una acción de protección a favor del fallecido narcotraficante Leonardo Norero, alias el Patrón.

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En junio de 2022, el juez ordenó a Inmobiliar devolver una vivienda incautada a Norero mientras guardaba prisión preventiva por dos investigaciones por delincuencia organizada y tráfico de armas.

Román señaló que la dirección provincial de la Judicatura en Santo Domingo de los Tsáchilas podía plantear en su informe dos opciones para la situación de Lindao: sugerir la inocencia o sugerir una sanción. Pero planteó que se archive el sumario administrativo, lo cual no existe en la legislación.

“El expediente subió al pleno a fines de diciembre, y en el informe de la Subdirección de Control Disciplinario se sugiere la destitución de Lindao, porque la ‘manifiesta negligencia’ ya estaba calificada previamente por un juez en julio del año pasado. Pero tenía que tramitarse el sumario administrativo, abrir el expediente..., algo que no debería tomar mucho tiempo”.

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Román dijo que este tema pudo haber sido demorado por la dirección provincial y que, en cambio, en el pleno del CJ se tramitó con celeridad.

El funcionario manifestó su preocupación por el represamiento de estos casos de irregularidades de jueces. Comentó que, en las pocas reuniones que ha tenido en el pleno, se ha dado cuenta de que el organismo está recibiendo expedientes a punto de prescribir.

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“Esto es prevenir la corrupción que está pasando en las provincias; es ahí donde se demoran los expedientes. Y los jueces se tardan 95 o 100 días para declarar el error inexcusable”, señaló. (I)