Ángel Chela, abogado que ofrece gestionar seguridad jurídica para los veedores

En su adolescencia, a los 17 años, Ángel Chela Llumiguano recuerda que fue elegido presidente de la comunidad de Paltabamba, parroquia Veintimilla de Guaranda (Bolívar), que carecía de servicios básicos.

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“A veces no teníamos agua potable, luz eléctrica ni vialidad. Ante esas necesidades surgió mi deseo de ayudar a mi comunidad”, dice este abogado de 51 años. Y asegura que durante su gestión: “Gestionamos mejoras de la red de agua, que venía desde las montañas a nuestra comunidad y el lastrado de las calles”.

En 2010, como presidente del Comité de Desarrollo Integral de la parroquia Veintimilla, que agrupa a 20 comunidades, comenta que consiguió “la carpeta asfáltica y el fortalecimiento cultural”.

Su trabajo con las comunidades viene del ‘proceso organizativo como parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y las organizaciones sociales’, refiere este hombre de nacionalidad quichua, que fue secretario de la Coordinadora Andina del Migrante Ecuador, titular de la Coordinadora Andina de Derechos Humanos (Cadhu) y desde este año es coordinador de la Asociación Nacional de Abogados Indígenas del Ecuador (Asonaie).

Su único cargo público ha sido el de analista jurídico de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, entre agosto del 2021 y octubre del 2022. En ese lapso, Chela asegura que registraron directivas de las comunidades y fortalecieron la justicia indígena: “Guiamos y asesorando en cómo tienen que hacer las actas, sus actuaciones, que no tienen que ir contra la violación de los derechos humanos de los procesados”.

Chela, quien registra un patrimonio de $ 1.100 ante Contraloría, ha sido observador en procesos electorales y veedor en varios procesos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), institución a la que aspira a llegar como uno de sus vocales por Pueblos y Nacionalidades.

“Tengo vocación de servicio y la experiencia de trabajar con organizaciones sociales”, dice este abogado, quien en 2021 reportó $ 0 en impuesto a la renta y en 2019 no tributó. “No se ha generado nada”.

En su plan de trabajo, Chela propone fortalecer la secretaría de lucha contra la corrupción con “hombres y mujeres probos que no tengan rabo de paja” y que sean de la sociedad civil, de las universidades, de colegios profesionales y organizaciones, como la Conaie, Fenocin, entre otras. Y que esa área, añade, revise las actuaciones de fiscales y jueces en casos de actos de corrupción.

También, ofrece dar ‘seguridad jurídica’ a los veedores ciudadanos para que fiscalicen la gestión pública a través de acuerdos con la Fiscalía para que les brinden protección, y transparentar la gestión estatal en las rendiciones de cuentas: “Que no sean a sus empleados ni amigos, sino frente a la comunidad y previo a informes técnicos de los veedores y observatorios, que ellos confirmen si se han cumplido con los proyectos, con el presupuesto asignado y determinar si hay obras mal hechas”.

Para ello, se requiere que “la ciudadanía se empodere para conformar estas veedurías y sean partícipes de la toma de decisiones”. (I)