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Asamblea Nacional aprueba resolución que ratifica la destitución y censura de los cuatro consejeros del CPCCS

Los votos para la aprobación de la resolución provinieron de UNES, PSC, ID y parte de los legisladores del movimiento Pachakutik.

Este 9 de diciembre, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución con 89 votos que ratifica la destitución y censura de cuatro consejeros del CPCCS. Cortesía.

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Dos días después de que el juez de La Concordia Ángel Lindao declaró nulo el juicio político en contra de cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la Asamblea Nacional aprobó una resolución que ratifica la destitución de los funcionarios.

El pasado miércoles 7 de diciembre, el juez de La Concordia otorgó una acción de protección a favor de los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, porque en el proceso de juicio político a los consejeros se violó el derecho al debido proceso en vista de que el plazo para presentar el informe a conocimiento del pleno del Parlamento precluyó.

Asamblea Nacional aún espera notificación del juez de La Concordia que declaró nulo el juicio político a cuatro consejeros del CPCCS

El juez dictó medidas de reparación como el pago de los haberes que dejaron de percibir los cuatro consejeros y además la colocación de una placa en el Palacio Legislativo alusiva de que ningún poder del Estado está por encima del poder constitucional.

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Resolución

La resolución sobre la ratificación de la censura y destitución de los cuatro consejeros del CPCCS la presentó el asambleísta socialcristiano Esteban Torres y recibió el apoyo de 89 votos.

El documento también rechaza cualquier tipo de interferencia e intimidación por parte de cualquier función del Estado u otra acción que pretenda menoscabar la atribución de fiscalización y control político de la Asamblea.

En el documento se dispone al presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, que coordine con las áreas técnicas y la asesoría jurídica acciones en vías administrativas y judiciales, con el fin de hacer respetar las decisiones del Parlamento.

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La legislatura, en la resolución, se adelanta y exige a la Fiscalía General del Estado que observe la normativa referente a que los asambleístas no son civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea Nacional, por lo tanto, “cualquier tipo de acciones que se pretenda tomar en este sentido carecerá de eficacia jurídica”. Pide a este organismo judicial que investigue los actos de usurpación y simulación de funciones públicas, que desde el 18 de noviembre de 2022 están realizando los exconsejeros.

Los 89 votos también rechazan la sentencia de acción de protección emitida por el juez Ángel Lindao, de la Unidad Judicial Multicompetente, por la “infundada, ilegítima y gravemente atentatoria al Estado constitucional de derechos y justicia”. (I)

Redacción
Redacción

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