La Asamblea Nacional tras siete horas de debates aprobó una resolución que condena los atentados y la violencia perpetrada por el crimen organizado, se solidariza con el pueblo ecuatoriano, respalda a las fuerzas de seguridad y convoca a poner en marcha acciones estatales integrales.

Fueron 53 intervenciones de los legisladores de todas las bancadas que expresaron sus observaciones a la política aplicada por el Gobierno frente al problema de inseguridad, reclamaron la falta de presupuestos para la Policía Nacional y además cuestionaron la disposición del presidente de la República, Guillermo Lasso, de que los ministros del frente de seguridad no acudan a las comisiones legislativas debido a que serán expuestos al hostigamiento de los asambleístas. En la resolución aprobada insisten en sus comparecencias.

Ministros del frente de seguridad no asistirán a llamados de las comisiones legislativas por orden de Guillermo Lasso

También se refirieron a la situación de las cárceles, la presencia del narcotráfico en el país y su vinculación con la política. Todos los legisladores llamaron a la unidad para hacer frente a la inseguridad y enfrentar al narcotráfico.

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La sesión se instaló a las 10:30 con una pausa de una hora y el debate se cerró a las 18:11, para dar paso a la lectura del texto de la resolución que presentó el presidente de la comisión de Soberanía y Seguridad Integral, Ramiro Narváez (ID).

El documento tomó como referencia que el país está sufriendo una ola de violencia extrema, generada por el narcotráfico, la delincuencia organizada y la delincuencia común, especialmente en las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.

Según reportes de la Policía Nacional entre el 21 de enero y el 10 de agosto de 2021, se reportaron 1.156 homicidios intencionales en el Ecuador, mientras que en el mismo período del 2022 la cifra aumentó a 2.509 asesinatos, por lo que se prevé que al finalizar el presente año la cifra superaría los 3.000 asesinatos por sicariato, sin contar que a más de este delito se ejecutan otros como extorsión, terrorismo, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, robos, asaltos, tentativas de asesinato y más infracciones penales.

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El asambleísta Guido Chiriboga, de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), habló que el narcoterrorismo amenaza a los 18 millones de ecuatorianos y que el Gobierno actuó con mano firme, pues sacó del mercado 300 toneladas de droga.

Que este no es el momento de la politiquería, divisiones y de ideologías, añadió el representante del Gobierno, sino de la unidad para ganarle la guerra al narcoterrorismo, y que la Asamblea Nacional está conminada a defender a los más altos intereses de los ciudadanos. O estamos con los ciudadanos o estamos con el narcoterrorismo, afirmó, tras aclarar que el Gobierno incrementó el presupuesto para seguridad en el 2023, de $ 3.179 millones a $ 3.365 millones.

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Sofía Sánchez del bloque Pachakutik recordó que desde el 2015 el Gobierno mexicano advirtió que el Chapo Guzmán operaba en Ecuador y no se dijo ni se hizo nada, y que hoy se ven los resultados de la presencia del narcotráfico que a muchos políticos financia sus campañas, y luego el costo es demasiado alto para el país.

El asambleísta nacional Fernando Villavicencio manifestó que no se puede hablar de narcotráfico fuera de la política; que el Ecuador no puede perder la memoria de cómo llegó el narcotráfico al Ecuador y citó el caso Angostura, como el inicio. Anunció una investigación profunda sobre este tema, y para ello dijo que se tomarán en cuenta los casos Huracán Verde, Resurgir, que involucran a varios exfuncionarios, incluido un exministro del Interior, dijo.

Quince legisladores investigarán las vinculaciones del narcotráfico con la política en el Ecuador

Villavicencio afirmó que a este Gobierno le falta levadura, que se demoró más de un año para actuar, en vez de pagar la deuda externa debe invertir en el área social.

También el legislador Ricardo Vanegas de Pachakutik afirmó que el Ecuador está en un estado de guerra con el narcotráfico y que el primer responsable es el presidente, Guillermo Lasso. Invitó a dejar discusiones y ponerse a trabajar.

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El correísta Ferdinan Álvarez (UNES) afirmó que la inseguridad en el país responde no solamente a la ausencia de un plan de seguridad por parte del Gobierno, sino que es un problema estructural como la corrupción y que eso depende mucho del Consejo de la Judicatura que tiene presos sin sentencias, donde además hay jueces que dejan en libertad a delincuentes involucrados con el narcotráfico. Planteó la recuperación del Ministerio de Justicia.

Cuestionó que se invite a la unidad cuando en el país no existe desarrollo social y paz, y emplazó a la Comisión de Fiscalización a investigar al actual Gobierno.

Tras su intervención se cerró el debate a las 18:11, aunque estaban anotados para intervenir 40 asambleístas.

Texto de la resolución

La Asamblea Nacional con 120 votos aprobó un proyecto de resolución elaborado por el asambleísta Ramiro Narváez, que preside la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral. Contiene 17 artículos en los que plantea respaldos, establece plazos para informes e insiste en comparecencias de los funciones del área se seguridad del Gobierno.

Artículo 1.- Solidarizarse con el pueblo ecuatoriano en general; y, en particular, con las familias de las ciudadanas, los ciudadanos, servidoras y servidores de las entidades de seguridad que han sido víctimas de la violencia que azota al Ecuador y que ha minado la convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos de todas y todos los ecuatorianos.

Artículo 2.- Condenar la violencia perpetrada por el crimen organizado y los atentados terroristas, que deben ser entendidos por la institucionalidad y el pueblo ecuatoriano como una declaratoria de guerra contra el Estado en su conjunto, amenazando su supervivencia misma, la soberanía, el Estado de derecho y el régimen democrático, por lo que es deber histórico de todas las funciones del Estado coadyuvar en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.

Artículo 3.- Respaldar las acciones realizadas por el Gobierno nacional orientadas a retomar el control de los centros de privación de libertad desde donde se ha venido gestando la violencia contra el pueblo ecuatoriano, sin dejar de cuestionar la desidia, la falta de estrategia, de inversión y de acciones concretas y eficaces para enfrentar la crítica situación de inseguridad que enfrenta el país.

Artículo 4. Ratificar a las entidades de seguridad como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria el apoyo de la primera función del Estado para que, conforme a los principios del uso legítimo de la fuerza, cumplan con su deber legal de salvaguardar la vida, la integridad, los bienes y el pleno ejercicio de los derechos de las y los ciudadanos; y, solicitar al Gobierno nacional la asignación de recursos presupuestarios necesarios para cumplir con su deber de forma ágil, oportuna, efectiva y eficaz.

Artículo 5.- Exhortar a las funciones Ejecutivas y Judicial que, en el marco de la independencia de funciones del Estado y de conformidad con sus competencias, activen los mecanismos institucionales para la investigación y sanción de los responsables de los actos terroristas de los últimos días.

Artículo 6.- Solicitar que en un plazo máximo de 10 días las entidades convocadas por el presidente de la Asamblea Nacional a la Mesa de Seguridad presenten la identificación de necesidades de reforma legislativa para su incorporación en la Ley Orgánica que regula varios cuerpos legales para el Fortalecimiento Institucional y la Seguridad Integral en trámite en la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral.

Artículo 7.- Declarar como prioridad estatal y convocar a todas las funciones del Estado a una gran cruzada por la depuración, la reestructuración y fortalecimiento institucional de las principales entidades vinculadas a la seguridad como son la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria y la Función Judicial, conforme a la convocatoria y resolución aprobada por la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral; y, disponer que, con este objetivo, se sumen a un trabajo conjunto, la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado; y, la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. Las tres comisiones de la Asamblea Nacional señaladas presentarán al pleno de la Asamblea Nacional en el plazo de 60 días una propuesta para este proceso, incorporando a los actores institucionales involucrados, a la academia y a la ciudadanía; la propuesta buscará promover la mayor confianza ciudadana en estas entidades y combatir la impunidad.

Artículo 8.- Respaldar el pronunciamiento y las acciones planteadas por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral en comunicado público de fecha 3 de noviembre de 2022 que se adjunta a la presente resolución, en el que se propone al Gobierno nacional 28 acciones concretas en los ámbitos de control territorial; depuración, reestructuración y fortalecimiento institucional; política criminal; e intervención en las causas estructurales de la violencia y la criminalidad, incluyendo la inversión para promover el desarrollo de la ruralidad y la agricultura familiar campesina.

Artículo 9.- Exigir que, conforme a las recomendaciones de la Comisión de Soberanía Integración y Seguridad Integral para el control territorial, el Gobierno nacional realice acciones inmediatas para retomar el control de los centros de privación de libertad desde donde se articulan muchas de las acciones que fomentan la violencia contra el pueblo ecuatoriano, atender el hacinamiento en las cárceles y levantar una estrategia para reubicar en distintos pabellones a personas de alta peligrosidad; y, que la Secretaría de Derechos Humanos, en el plazo de 10 días, remita para conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional un informe relativo al estado de avance del censo penitenciario y la implementación de la política pública de rehabilitación rocial.

Artículo 10.- Exhortar al Gobierno nacional para que, a través de los canales diplomáticos correspondientes, requiera de los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos la colaboración a través de asistencia técnica especializada que contribuya a la solución de los problemas de inseguridad que afronta el país.

Artículo 11.- Condenar la pretendida rebaja presupuestaria en el área de seguridad y justicia evidenciada en la proforma presupuestaria 2023 y exigir al Gobierno nacional la inmediata priorización para la ejecución presupuestaria en estos ámbitos, verificando los presupuestos estatales asignados al sector en el año 2022 y solicitar que en el plazo máximo de 15 días desde la aprobación de la presente Resolución, el Gobierno presente el desglose de la inversión presupuestaria asignada a cada institución articulada al sistema de seguridad y de justicia para enfrentar la crisis de seguridad durante su periodo de gobierno, dicha información será remitida a la Unidad Técnica de Control de la Ejecución Presupuestaria del Estado de la Asamblea Nacional, para que esta elabore el análisis e informe correspondiente en el marco de sus competencias que será enviado al pleno de la Asamblea Nacional para su análisis y debate.

Artículo 12.- Requerir que en el plazo máximo de 30 días, desde la aprobación de la presente Resolución, el Gobierno nacional presente la estrategia, incluyendo el presupuesto, que se adoptará a corto, mediano y largo plazo para enfrentar la crisis de violencia que atraviesa el país.

Artículo 13.- Solicitar al Gobierno nacional un informe con los planes ejecutados y los resultados obtenidos tras las declaratorias de estados de excepción, incluyendo un detalle de los recursos económicos asignados para atender las declaratorias.

Artículo 14.- Disponer a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral que, en el marco de la “Resolución para que el presidente de la Asamblea disponga la comparecencia ante el pleno de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional al Tcnl. Juan Zapata, ministro del Interior; Dr. Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado; comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas; María Daniela Saltos, directora general del ECU911; y los gobernadores de cada una de las provincias del país para que informen sobre la delicada situación de inseguridad que atraviesa el Ecuador y cuáles son las acciones a emprender para combatir la misma”, aprobada por el pleno de la Asamblea Nacional, el 11 de octubre de 2022, se incorpore un informe de los últimos acontecimientos y atentados, convocando a todas las autoridades que se requiera con este propósito. La Comisión entregará un informe consolidado en el plazo de 30 días a partir de esta Resolución.

Artículo 15.- Rechazar la inasistencia del secretario de Seguridad Pública y del Estado, del ministro de Gobierno, del ministro del Interior, del comandante general de Policía, de la directora (e) del ECU911 y de las y los gobernadores provinciales, lo que evidencia la inacción gubernamental; y, recordar a los ministros de Estado y a los gobernadores su deber de comparecer a la Asamblea Nacional y sus comisiones especializadas cuando así les sea requerido y entregar la información solicitada, conforme lo determina la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuyo incumplimiento, en el caso de ministros y secretarios de Estado, configura causal de enjuiciamiento político.

Artículo 16.- Ratificar el respaldo de la Asamblea Nacional al trabajo que viene realizando la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral en el compromiso de priorizar en todo momento el tratamiento de los proyectos de ley en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado y el narcoterrorismo, para lo cual se dispone a la Presidencia de la Asamblea asignar el personal adicional necesario para acelerar el tratamiento de los proyectos de ley que tramita la Comisión.

Artículo 17.- Disponer al abogado Álvaro Salazar, secretario general de la Asamblea Nacional, remitir la presente Resolución a todas las funciones del Estado.

Dado en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a los siete días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. (I)