Los legisladores rechazaron la advertencia que hizo el Comité por la Institucionalidad Democrática a la Asamblea Nacional de una potencial violación al dictamen constitucional si no aprueba el sistema bicameral, como parte de las reformas parciales a la Constitución que se tramitan en segundo debate.

El pleno del Parlamento abrió, el jueves pasado, el trámite en segunda instancia de las tres propuestas de reforma planteadas por el Comité y que tienen relación con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS); la bicameralidad como nueva estructura en la Función Legislativa; y, la autonomía de la Fiscalía General del Estado.

Antes de la lectura del informe elaborado por la Comisión de Enmiendas, la Asamblea recibió en comisión general a los integrantes del Comité proponentes de las reformas para que expongan su contenido, pero aprovecharon el espacio para cuestionar el informe.

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Comité por la Institucionalidad Democrática advierte a la Asamblea Nacional sobre trámite de reformas constitucionales

Pablo Dávila, el coordinador del grupo, en medio del debate, lanzó una advertencia a los legisladores y habló de una violación de procedimiento y de una potencial violación al dictamen constitucional si no se acoge el planteamiento de reestructurar la Asamblea a través de la implementación del sistema bicameral.

Lo que debe hacer la Asamblea Nacional es tramitar y aprobar las tres reformas constitucionales, dijo Dávila, quien cuestionó que en el informe de la Comisión de Enmiendas se haya mutilado el tema de la bicameralidad con argumentos poco convincentes y sin sustento técnico.

Lo que puede hacer la Asamblea es mejorar la propuesta y no negarla, anotó Dávila, quien alertó de una eventual vulneración de principios si el pleno de la Asamblea Nacional decide no discutir la bicameralidad, pues en esencia no estarían defendiendo la democracia directa sino impidiendo que el pueblo se pronuncie sobre el tema planteado, insistió.

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Reacción legislativa

Tres legisladores que pertenecen a distintos sectores políticos respondieron a Dávila, aclarando que la Asamblea Nacional, en la propuesta de reforma constitucional, no puede convertirse en un simple tramitador o pasa papel, pues la Constitución faculta a la Función Legislativa a tramitar, debatir, aprobar o negar una propuesta de reforma sea constitucional o de una ley secundaria.

No es acertado decir que la Asamblea no tiene otra opción sino la aprobación de las reformas, afirmó Héctor Muñoz (antes de SUMA), miembro de la Comisión de Enmiendas, pues dijo que el procedimiento es claro, la Corte Constitucional emite un dictamen de procedibilidad y es la Asamblea que en dos debates aprueba o no; de lo contrario, no tendría ninguna lógica que la Función Legislativa sea parte del procedimiento si no tiene la competencia de aprobar o negar.

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Si no existen los 70 votos necesarios para cada una de las reformas planteadas por el Comité, simplemente no podrían ir a referéndum. La misma Corte Constitucional determinó que frente a una propuesta de reforma parcial a la Constitución, la Asamblea Nacional debe votar artículo por artículo. “La Asamblea no puede ser simplemente un pasa papel; estoy de acuerdo con la legitimidad que tiene la propuesta de reforma con 300.000 firmas, pero en el Parlamento nos guste o no está la mayor representatividad de los ecuatorianos”, subrayó.

En lo que Muñoz coincide con el Comité es en que la Comisión de Enmiendas no tenía competencia para eliminar uno de los tres elementos de la reforma parcial como es la bicameralidad, pues eso debió pasar al pleno para que este decida.

La presidenta de la Comisión de Enmiendas, Elizabeth Cabezas (antes de AP), refutó la postura del Comité, porque la Corte Constitucional lo que hace es admitir el trámite de procedimiento y es en la Asamblea donde se discute, aprueba o niega.

Aclaró que el informe presentado por la Comisión es un punto de partida para el debate y además no es vinculante, por lo tanto, todos los temas planteados por el Comité van a ser debatidos y votados en el pleno. Lo que sí vamos a hacer, añadió, es votar artículo por artículo como lo determinó la misma CC, y no en paquete.

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Cabezas manifestó que la representatividad que tiene la Asamblea Nacional es de los 17 millones de ecuatorianos, que es tan válida o más que la representación que puede tener el Comité con las 300.000 firmas que recogieron para la propuesta de reforma; por lo tanto, en nombre de esa representación la Asamblea tiene la potestad de debatir, corregir, aprobar o negar.

Henry Cucalón, del PSC, coincide con el legislador Muñoz en el rol que debe cumplir la Asamblea Nacional respecto del trámite de las reformas e incluso en advertir el error que cometió la Comisión de Enmiendas de excluir del informe el tema de la bicameralidad; no solo porque es un tema de carácter constitucional, sino porque es una iniciativa ciudadana.

Cucalón llamó a revisar el artículo 442 de la Constitución, donde no se establece que la Asamblea Nacional necesariamente tiene que aprobar una propuesta de reforma parcial a la Constitucional, pues este es un trámite compartido y una votación. “La Asamblea no está de adorno ni tampoco es un ventanillero o mero tramitador, y eso no significa desobedecer al dictamen de la Corte Constitucional”, refutó.

Aclaró que está a favor de muchos de los temas, no de todos. Por ejemplo, dijo que en la propuesta de Pablo Dávila y de Darwin Seraquive, ambos exmiembros del CPCCS transitorio, no solo se habla de la bicameralidad, sino de hacer enjuiciamiento político a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia y de la Corte Constitucional, lo cual a su criterio es una aberración y un retroceso histórico.

Para corregir el error de la Comisión de Enmiendas, añadió Cucalón, se puede operar vía resolución en el pleno de la Asamblea para incluir al debate todos los temas planteados como reforma, pero asimismo se debe dejar claro que cada artículo será votado y debe contar con la mayoría absoluta para ser aprobado. (I)