El proyecto de ley urgente de Transformación Digital y Audiovisual, no solo pretende promover la inversión e innovación; sino también la designación de todos los notarios en el país al incluir dos disposiciones transitorias en un proyecto calificado como económico urgente.

La Asamblea Nacional conducida por Virgilio Saquicela está convocada para este sábado 17 de diciembre de 2022, para aprobar en segundo y definitivo debate el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo que propone la simplificación de trámites, procesos y trabas regulatorias, y regula el fomento de la transformación digital en el sector público y privado.

El proyecto original del Ejecutivo contemplaba 41 artículos y dos disposiciones, al término de dos debates el número de textos creció a 88 y catorce disposiciones entre generales, transitorias y final.

Y es precisamente en las disposiciones transitorias novena y décima donde se establece el plazo de seis meses para que el Consejo de la Judicatura designe a los nuevos notarios en el país, seleccionados por medio de un concurso público de merecimientos y oposición.

Y dispone además que el Ministerio de Economía y Finanzas, en el plazo de 30 días, contados a partir de la vigencia de la ley asigne los fondos que requiera el Consejo de la Judicatura para ejecutar el concurso público de méritos y oposición para designar a todas las notarias y todos los notarios del Ecuador.

De acuerdo al histórico del trámite fue el delegado de Pachakutik ante la Comisión de Desarrollo Económico, Cristian Yucailla, quien planteó introducir estos textos, pues dijo que es necesario aplicar reformas al sistema notarial para que éste se digitalicen, pero dijo que “falta la designación de los notarios”.

Las legisladoras Natalie Arias (CREO) y Wilma Andrade (ID), cuestionaron la presentación de la moción del legislador Yucailla, respecto a la renovación de los Notarios que no tiene relación con el objetivo principal del proyecto económico urgente. “Que tiene que ver la renovación de Notarios con la renovación digital”, observó Andrade.

Existe un aproximado de 550 notarías en todo el territorio nacional, y los actuales no han sido elegidos por concurso, sino prorrogados en sus funciones, lo cual vulnera la Constitución en varios puntos, es el razonamiento expuesto por Pachakutik.

Para justificar la unidad de materia, la bancada de Pachakutik, expuso que las Notarias deben entrar a la digitalización e innovación tecnológica, pero que en el momento que se tiene Notarios encargados desde hace mucho tiempo, es muy costoso educarlos en los nuevos medios tecnológicos que deberán utilizar para el cumplimiento de funciones.

Por lo tanto, si se convoca a un nuevo concurso, los aspirantes pueden ser evaluados en el manejo de estas nuevas tecnologías y por lo tanto, ahorrar una cantidad sustancial al Estado y al mismo tiempo cumplir con un mandato constitucional.

Sesión y observaciones

La sesión plenaria 831, modalidad presencial, para tramitar el proyecto urgente está convocada para las 09:00, y el plazo para el trámite de este proyecto remitido como urgente vence el próximo 23 de diciembre, pero el Parlamento quiere hacerlo antes, porque tiene programada la vacancia legislativa a partir del lunes 19 de diciembre.

Con la aprobación del informe que se conocerá en el pleno, surgieron algunas observaciones de sectores relacionados a la temática de la tecnología, innovación, audiovisual, sector energético y migración.

En el texto de segundo debate se excluye de los beneficios tributarios al sector energético, lo cual provocó reacciones a nivel de ese sector tomando en cuenta que la electricidad es el alimento de la transformación digital y la gestión de datos.

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Los asambleístas que representan a Pachakutik y a UNES en la mesa legislativa, plantearon la eliminación del artículo relacionado a las exoneraciones a los proyectos de energías renovables y gas natural porque consideran que contraría el principio de unidad de materia al no tener relación alguna con la transformación digital.

El vicepresidente de la Cámara de Innovación y Tecnología del Ecuador, José Luis Barzallo, también advirtió que el texto para segundo debate contiene algunos cambios que podrían ser perjudiciales para el desarrollo tecnológico en el país; por lo que esperan ser recibidos en comisión general para que el pleno escuche sus preocupaciones.

Comentó que las reformas que se proponen dejan de manera liberalizada y superficial el manejo de la identidad digital y ese es un riesgo gravísimo para el usuario, el consumidor y no se diga para la banca y el comercio.

El impacto que se generaría en esto, explicó Barzallo, es que si una persona puede firmar un pagaré con una firma electrónica en que las partes se ponen de acuerdo y no existe un tercero que valide esa identidad, esto se podría prestar para demoras en el comercio, porque no hay un sistema centralizado de verificación y validación de la firma electrónica, por otro lado, hay riesgos en la falta de seguridad. Y si la banca advierte esos riesgos, lo que hará es retroceder y pedirá a sus clientes que la verificación de su firma sea presencial; por lo tanto, la ley como está concebida no es un facilitador, afirmó el experto.

La ley para segundo debate como está redactada elimina mecanismos de seguridad tecnológica, y por otro lado, añade procesos burocráticos en el campo tecnológico para que las instituciones públicas, de manera individual, empiecen a desarrollar sus propios mecanismos de verificación y validación de firma electrónica.

La organización 1800migrante, también advierte que la ley que tramita la Asamblea no incluye beneficios para los migrantes.

William Murillo, director ejecutivo de la ONG, advirtió que la ley sería discriminatoria e inconstitucional, pues este sector propuso un sistema de reconocimiento de documentos desde el exterior que encaja con el ambiente digital que pretende instaurar la ley. Este grupo de migrantes considera que la digitalización no puede ser solo en Ecuador, sino que debe ser global.

Si la Asamblea Nacional aprueba este proyecto pasará a conocimiento del Ejecutivo quien tendrá un plazo de 30 días para pronunciarse ya sea sancionando y ordenando su publicación en el Registro Oficial o vetando parcial o totalmente. (I)