Con 70 legisladores presentes en la sala, la Asamblea Nacional a las 14:40 instaló la sesión 813 para tramitar el juicio político en contra de cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), con base en una resolución legislativa aprobada el 15 de noviembre, no se presentaron informes de mayoría ni de posiciones.

Con ello, el pleno del Parlamento dejó de lado el proceso de sustanciación que llevó adelante la Comisión de Fiscalización y consagró las acusaciones presentadas por los legisladores: Mireya Pazmiño y Ángel Maita. La Ley prevé que un proceso de juicio político debe ser sustanciado por la comisión respectiva y presentarse los informes correspondientes.

Consejo de Participación Ciudadana: un organismo ‘clave’ por su atribución de elegir a las autoridades de control más importantes del país

Este juicio político se sustentó en la resolución aprobada con 84 votos donde se dispone enjuiciar políticamente a los consejeros: Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y Hernán Ulloa, al haberse encontrado méritos suficientes conforme a la solicitud y pruebas presentadas y practicadas en el juicio político interpuesto por los asambleístas Ángel Maita y Mireya Pazmiño, de la bancada de Pachakutik.

Para dar a inicio al proceso, el secretario general, Álvaro Salazar, dio lectura a la resolución aprobada con 84 votos, y certificó la notificación realizada a los cuatro consejeros que serán interpelados.

Correístas y socialcristianos llevan a juicio político a los cuatro consejeros de mayoría del CPCCS en medio de polémicas

La interpelación empezó a las 14:56, con la intervención de la asambleísta Mireya Pazmiño, quien un día antes fue separada del bloque Pachakutik por haber direccionado el juicio político a los cuatro consejeros y no a los siete.

Empezó su intervención señalando que este juicio ha tenido algunos obstáculos e intentos de acciones judiciales y de protección para impedir la interpelación, que incluso es víctima de violencia política. Que no negociará, como cierto asambleísta “está haciendo”, afirmó, aunque no dio nombres.

Pazmiño demoró 30 minutos para exponer las acusaciones, pues concluyó su intervención a las 15:24, e inmediatamente se dio paso al legislador Ángel Maita, quien hizo su intervención de manera telemática.

Las acusaciones se enfocaron en cambios formulados por los cuatro consejeros al reglamento para el concurso de méritos y oposición para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, cuando ya estaba en marcha el concurso. Pazmiño señaló que el primer cambio al reglamento se realizó el 18 de julio de 2021, con el cual se inició el proceso, y que luego hubo un segundo cambio al reglamento el 9 de marzo de 2022, que fue aprobado por los consejeros Estupiñán, Rivadeneira, Bravo y Ulloa.

Que el 9 de marzo, el CPCCS emitió la reforma al reglamento mediante una codificación del concurso de méritos y oposición, estando en marcha el concurso, lo cual dijo es una extralimitación que a más de configurar un incumplimiento de funciones, afectó también el derecho a la participación, a la seguridad jurídica y al debido proceso.

Ángel Maita participó de manera telemática y apuntaló la intervención de su coidearia Pazmiño, pero se refirió a un supuesto incumplimiento de funciones cuando se llevó adelante el concurso para designación del superintendente de Ordenamiento Territorial para lo cual expuso en el pleno un audio de una conversación telefónica entre la consejera Ibeth Estupiñán y la postulante, Gianella Jácome.

Maita, al concluir su intervención a las 16:03, mocionó la censura y destitución de los cuatro consejeros acusados por incumplimiento de funciones constitucionales y legales. Que fiscaliza en favor de los más pobres de la patria y no a favor de Guillermo Lasso, evasor de impuestos.

Tras esa intervención, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, dispuso que se llame a la consejera Ibeth Estupiñán para que haga uso del derecho a la defensa por tres horas.

Ella empezó señalando que el juicio político en su contra es ilegal e inconstitucional, que hay un uso arbitrario del poder, con lo cual la Asamblea Nacional está obrando más allá de lo que la ley permite, que en este proceso prevalece la intención de tomar el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Que el Parlamento inició un juicio político con plazos precluidos para presentar los informes.

Acciones de protección

Tres acciones de protección se presentaron para evitar que se instale la sesión y continúe el proceso de juicio político en contra de los cuatro consejeros del CPCCS.

La primera la presentó la consejera, María Fernanda Rivadeneira, en el cantón Portoviejo, pero esta no prosperó pues terminó retirando la acción.

La segunda fue solicitada por el asambleísta Washington Varela (BAN), para dejar sin efecto la convocatoria a la sesión 813, hecha por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, para dar trámite al juicio político en contra de cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Inadmiten acción de protección que pretendía bloquear juicio político en contra de cuatro consejeros del CPCCS

Pero esa acción de protección fue inadmitida por un juez de primera instancia por falta de competencia del juez, tomando en cuenta que el acto u omisión se produjo en el cantón Quito y no Rumiñahui, jurisdicción donde presentó la acción de protección el asambleísta Varela.

La tercera acción la volvió a presentar el legislador Varela, a las 13:15, en el cantón Quito, y tras el sorteo el trámite recayó en el Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, conformado por los jueces Stalin Palacios Ortiz, Ignacio Carrasco Cruz y Adrian Bonilla Morales.

El accionante determinó que la Asamblea Nacional cometió actos violatorios de derechos en el trámite del juicio político en contra de los siete del CPCCS, pues ese proceso se encuentra precluido por el vencimiento de etapas, lo cual atenta contra derechos fundamentales como el debido proceso y la seguridad jurídica. Además, se registró un trato desigual y discriminatorio en contra de los cuatro consejeros: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. Destaca que la Comisión de Fiscalización resolvió unificar dos solicitudes de interpelación al Consejo.

Varela señaló que presentó la acción de protección para anular todo lo actuado en el marco del juicio político y evitar que se presenten acciones de repetición a futuro en contra de la Asamblea Nacional.

Hasta las 16:00 no había ninguna acción judicial de parte del tribunal penal. (I)