Asamblea Nacional inicia trámite de amnistía a favor de Paola Pabón y otros por los hechos de octubre del 2019

Las solicitudes de amnistía a favor de Paola Pabón, prefecta de Pichincha, Virgilio Hernández, parlamentario andino, y, Christian González Narváez, iniciaron su trámite en la Asamblea Nacional una vez que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) verificó el cumplimiento de los requisitos y calificó la pertinencia de la solicitud.

También se calificaron, este 23 de septiembre, los pedidos de amnistía en favor de Jenny Rodríguez Zambrano, Yofre Poma Herrera, exasambleísta de Sucumbíos, Víctor Hugo Burbano Cadena, Steven Torres Aranda, César Pachacama Guaynalla, Gonzalo Villamil Gualinga y Carlos Chacha Iza.

El pedido de amnistía lo planteó el Comité de Familiares de las Víctimas de Octubre Marco Oto, tomando como referencia los hechos registrados en octubre del 2019 y los procesos penales abiertos por rebelión en contra de los solicitantes del perdón.

Conaie pide a la Asamblea Nacional amnistía para 260 dirigentes defensores de la naturaleza y procesados por las protestas de octubre del 2019

La Asamblea Nacional, según la normativa, puede expedir una resolución declarando amnistía por delitos políticos o conexos con los políticos, y necesita al menos 91 votos a favor para su aprobación.

La comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la interculturalidad será la encargada de procesar los pedidos de amnistía. Esta comisión la integran José Cabascango, Edgar Quezada, Mario Ruiz Jácome y Sofía Sánchez (Pachakutik); Victoria Desintonio, Paola Cabezas y Fernanda Astudillo (UNES); Gruber Zambrano (antes de PSC); y, Virgilio Saquicela (BAN).

Calificadas las solicitudes este 23 de septiembre, el secretario de la Asamblea Nacional tiene hasta el 25 de septiembre como plazo para remitir a la Comisión de Garantías la solicitud junto con toda la documentación relacionada, debidamente organizada. Tendrá que adjuntar la resolución en la que conste la fecha de inicio del tratamiento de estas causas.

La Comisión de Garantías, presidida por José Cabascango, en el plazo de treinta días contados desde que avocó conocimiento de la petición de amnistía por el CAL, analizará la solicitud y con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes, aprobará y remitirá a la presidenta de la Asamblea Nacional el informe recomendando, de manera motivada, la procedencia o no de la amnistía. La comisión podrá solicitar una prórroga de veinte días para la remisión del informe.

María Hernández Enríquez suscribe la petición de amnistía a nombre del Comité de Familiares de las Víctimas de Octubre, y hace una descripción de las jornadas de protesta que se registraron entre el 2 y 13 de octubre de 2019, y afirma que estas fueron provocadas por la decisión del gobierno de turno de liberalizar el precio de los combustibles y llevar adelante el paquete de reformas estructurales acordado con la carta de intención suscrita por el gobierno de Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional, el 12 de marzo de 2019.

Que el movimiento indígena liderado por la Conaie reaccionó a la decisión y el gobierno de entonces declaró el estado de excepción, militarizó el país y respondió con violencia. Como parte de esta “desproporcionada” reacción gubernamental, hubo 11 personas fallecidas, cientos de personas heridas y más de un millar de detenidos.

Hernández asegura que el Gobierno inició una infundada acusación judicial contra los dirigentes de la Conaie y contra centenas de manifestantes acusándolos de haber incendiado el edificio de la Contraloría.

Que en las movilizaciones se produjeron más de 1.300 arrestos, según la información de la Defensoría del Pueblo, la mayor parte de ellos fueron arbitrarios, ilegales, con uso excesivo de la fuerza y algunos con clara determinación y dedicatoria política, como lo sucedido el 7 de octubre en la provincia de Sucumbíos, quienes a través de un procedimiento extraordinario fueron sentenciados por paralización de servicios públicos.

En cambio, en la madrugada del 14 de octubre de 2019, se hicieron allanamientos de los domicilios de Paola Pabón, Christian González, Pablo del Hierro y Virgilio Hernández.

Según la solicitante de la amnistía, es evidente que los procesos por rebelión abiertos contra Pabón, González y Hernández, dirigentes de la revolución ciudadana, no tienen sustento jurídico, sino que constituyen un caso más de lo que se denomina judicialización de la política. Por ese motivo, solicita la amnistía en aras de la paz, la conciliación nacional y la justicia, y además pide que se proceda favorablemente al resarcimiento de todas las personas perseguidas por ejercer los derechos constitucionales de libertad de expresión y de resistencia. (I)