La Asamblea Nacional no pudo destituir a tres vocales del Consejo de la Judicatura a través de un juicio político que se fraguó en la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES), apoyado por el bloque del Partido Social Cristiano (PSC), un sector de la Izquierda Democrática, Pachakutik y algunos independientes, que no lograron reunir los 92 votos que necesitaban.

Los votos de la bancada de Pachakutik y un sector de la Izquierda Democrática fueron clave para bloquear las intenciones del correísmo y socialcristianismo, que se reflejaron en la moción que presentó la interpelante, Viviana Veloz (UNES), para que se destituya y censure a los tres vocales de la Judicatura y además se censure a la expresidenta del organismo María del Carmen Maldonado, por incumplimiento de funciones en el proceso de evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia.

Los 87 votos para la censura y destitución vinieron de UNES (47), PSC (15), ID (9), Pachakutik (6), independientes (9) y el voto de Mariano Curicama que pertenece a la Bancada Acuerdo Nacional.

En cambio, por la abstención de pronunciaron 49 asambleístas: 19 de Pachakutik, 6 de ID, 23 de BAN y 1 independiente. También se registró la ausencia del legislador Hugo Cruz (BAN).

La sesión se cerró de manera inmediata y quedó abierto un posible pedido de reconsideración de la votación registrada tras la moción de destitución y censura de los funcionarios acusados de la Judicatura.

El juicio político planteado en contra de los vocales Fausto Murillo (presidente), Ruth Barreno y Juan José Morillo, y de la expresidenta de la Judicatura María del Carmen Maldonado, ocupó dos días de sesiones plenarias que incluyó la exposición de pruebas de cargo y de descargo de los acusados y acusadores, réplica y contrarréplica, debate y votación.

Los interpelantes Viviana Veloz (UNES) y Luis Almeida (PSC) ratificaron en el pleno que el proceso de evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional estuvo manchado de inconstitucionalidades y violación de autonomía de la Función Legislativa, Para sostener esa tesis apelaron a la sentencia de la Corte Constitucional.

En cambio, los acusados sostuvieron que la evaluación de jueces y conjueces estuvo enmarcada en lo legal y que no se violó la autonomía como afirmó la interpelante.

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El debate del juicio político tuvo dos características: la primera desempolvó los hechos suscitados en la justicia una década atrás y la segunda dividió a los bloques de la Izquierda Democrática y Pachakutik, y desarticuló los acuerdos políticos entre UNES, PSC y el sector de rebeldes de Pachakutik, que semanas atrás se juntaron para destituir a Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional.

El PSC y UNES apelaron al bloque Pachakutik en búsqueda de apoyo. Pero esta vez ese sector político se mostró parcialmente articulado, porque previamente se juntaron los autodenominados rebeldes con la bancada que lidera Salvador Quishpe y Sofía Sánchez. Aunque desde este sector al momento de la votación seis se pronunciaron por la destitución de los funcionarios de la Judicatura.

Entre los 49 votos que se abstuvieron en la moción de destitución de los funcionarios de la Judicatura están los cinco asambleístas que una semana atrás recibieron el retiro de la denuncia de parte del presidente de la República, Guillermo Lasso, por el supuesto delito de concusión.

Debate

En el segundo día de sesiones, la Asamblea Nacional centró su esfuerzo en el debate de posiciones de las bancadas, donde los socialcristianos y correístas ratificaron las razones por las cuales ellos votarán por la censura de los vocales del Consejo de la Judicatura.

La Izquierda Democrática se mostró dividida: siete asambleístas, liderados por los legisladores Wilma Andrade y Marlon Cadena, anticiparon que votarán por la censura de los vocales de la Judicatura; en cambio, del mismo sector, el legislador Alejandro Jaramillo anunció que se acogerán a los lineamientos establecidos por el Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) y se abstendrán durante la votación de la moción presentada por los correístas.

En Pachakutik, una parte de los asambleístas rebeldes se unió con los legisladores orgánicos, quienes anticiparon que no harán el juego a las pretensiones de UNES de controlar la justicia.

Salvador Quishpe, coordinador de la bancada de Pachakutik, reiteró que la intención del juicio político no es mejorar la justicia y menos darle mayor importancia a la justicia indígena y comunitaria, sino simplemente controlar la justicia para luego aplicar el artículo 658 del COIP y tratar de revisar las sentencias ejecutoriadas; y que Pachakutik no se prestará para eso.

Del lado del grupo de los rebeldes de Pachakutik, Mario Ruiz también anticipó que no darán sus votos y que si “por eso se enojan o mandan videítos para presionar los votos, encontrarán a un Pachakutik bien parado y rebelde”.

La subcoordinadora de bloque, Sofía Sánchez, acentuó que Pachakutik en este juicio político no recibe órdenes ni de Bélgica ni de Guayaquil ni de Cotopaxi.

Juicio

El juicio político lo presentó la legisladora Viviana Veloz (UNES), por siete causales relacionadas con incumplimiento de funciones en el proceso de evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional por parte de la Judicatura.

En la primera parte de la sesión 797, que se reinstaló pasadas las 10:00, se ordenó la lectura de las pruebas de descargo que presentó la expresidenta de la Judicatura María del Carmen Maldonado, también acusada en este proceso, pues ella no acudió a la sesión y pidió que se diera lectura a sus respuestas.

Luego la legisladora Viviana Veloz (UNES), en la réplica, ratificó que la intención del juicio político no es tomar el control de la justicia, e insistió en las irregularidades en el proceso de evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, porque no se observaron los procedimientos constitucionales, pues se vulneró el principio de seguridad jurídica y la independencia judicial.

El interpelante Luis Almeida (PSC) manifestó que el Ecuador hoy tendrá que pagar $ 11 millones y que el demandado es el Consejo de la Judicatura.

Se refirió a la vocal Ruth Barreno, aseguró que ella firmó como encargada de un proyecto que vale $ 14 millones, denominado Plataforma electrónica segura notarial, donde encargó la gerencia de un proyecto.

Desde el lado de los acusados, solo la vocal Ruth Barreno hizo uso de la contrarréplica a la que tienen derecho según la normativa. Y lo hizo para retar al asambleísta interpelante, Luis Almeida, para que presente una denuncia ante la Fiscalía General del Estado si considera que ha cometido algún delito.

Que no a pretexto de la inmunidad parlamentaria puede causar daño al buen nombre y a la honra de cualquier ciudadano, y desmintió que haya una oferta de notarías a consecuencia de este juicio político, porque de momento se encuentran por realizar una evaluación de los estándares de las notarías conforme existe una reforma de la ley orgánica.

Al comenzar el debate, el legislador Ronal González (UNES) se enfrentó al asambleísta Fernando Villavicencio (CN-PSE), a quien tildó de “denunciólogo”, frente a lo cual Villavicencio interrumpió la exposición del correísta, a quien llamó “narco”.

Esteban Torres, del PSC, llamó la atención de que en este juicio político a la Judicatura los asambleístas no tomen en cuenta los audios para juzgar el carácter, la probidad y la actuación de los funcionarios sometidos a control político. Que este es el momento de poner a prueba la actuación de los “pésimos funcionarios entregados a otro poder del Estado y concentrados, y evitar que esta función trabaje”.(I)