El segundo debate del proyecto de ley para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación abre la posibilidad de que la Asamblea Nacional defina un tiempo máximo en que se permitirá el aborto.

La Comisión de Justicia de la legislatura espera este lunes 10 de enero, a las 09:30, abrir el debate y aprobar el informe para conocimiento del pleno. Existe un informe borrador que compila todas las observaciones presentadas en el pleno y por escrito en la comisión, pero sus textos podrían cambiar tras el debate en la mesa.

En los tres temas polémicos: temporalidad, objeción de conciencia y requisitos para el aborto por violación existe flexibilidad con relación a lo que se discutió en el primer debate. Además, la mesa recibió un sinnúmero de sugerencias sobre estos temas, que llevarán a dar un giro en la posición que asumirá la legislatura.

La Asamblea Nacional entró a discutir el proyecto de ley para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo por violación tras la sentencia emitida en abril del 2021 por parte de la Corte Constitucional donde resolvió que es inconstitucional el numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que únicamente permitía la interrupción del embarazo en caso de mujeres con discapacidad mental víctimas de violación.

En la sentencia, la CC dispuso a la Defensoría del Pueblo elaborar una propuesta de ley que garantice el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Ese es el documento que discute la legislatura.

El presidente de la comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, con su equipo técnico construyó el borrador que será debatido y espera su aprobación en la semana.

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Uno de los nudos críticos eran los requisitos que se tenían que observar para poder acceder al aborto. Según Jaramillo, en este tema se está proponiendo que si luego de proporcionar la información a la niña, adolescente, mujer y persona gestante víctima de violencia sexual, manifiesta su decisión de hacerlo, el personal de salud pondrá a su disposición el formulario único para la interrupción legal y voluntaria del embarazo.

El formulario no tendrá costo y en caso de que la persona que desee interrumpir el embarazo sea menor de 14 años, no se requerirá de ninguna solicitud.

Bajo ningún concepto se requerirá la denuncia, examen o declaración previa alguna a la persona que desee interrumpir su embarazo producto de violación.

Respecto a la objeción de conciencia , en el texto borrador, se determina que el personal de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia, pero deberá mantener su decisión en los ámbitos público y privado.

Igualmente, deberá derivar de buena fe a la niña, adolescente, mujer o persona gestante que desee interrumpir el embarazo por violación para que sea atendida por otro profesional en forma eficaz y oportuna, sin dilaciones.

Pero deberá llevar a cabo el procedimiento de interrupción del embarazo el profesional que se encuentre en zonas remotas, alejadas o de difícil acceso.

Está prohibido al personal de salud alegar objeción de conciencia de forma colectiva e institucional.

Temporalidad

Uno de los textos más polémicos de este proyecto de Ley es la temporalidad; es decir, hasta qué semana se permitirá el aborto en casos de violación. En este tema, la única posición de mayoría que existe dentro de la comisión legislativa es que se establezca un plazo máximo.

Tres temas críticos marcaron el primer debate del proyecto de ley de aborto por violación

En el informe borrador se dejan en blanco las semanas que serán aprobadas. Puntualmente el texto señala: “A efectos de garantizar el derecho a tomar una decisión libre y voluntaria de interrumpir el embarazo de las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes víctimas de violación, el plazo máximo para la intervención médica será de ...….. semanas de gestación”.

“Las semanas de gestación serán única y exclusivamente verificadas por el profesional de la salud luego de los exámenes correspondientes, y en caso de encontrarse dentro de las semanas autorizadas por esta ley, se procederá a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo por violación”.

El asambleísta Alejandro Jaramillo afirma que la mayoría de los miembros de la mesa legislativa sostiene que debe haber un plazo, y algunos proponen que sean 12, 14, 20 y hasta 24 semanas; que algunos médicos que comparecieron advirtieron que el plazo máximo sería hasta 24 semanas, porque en adelante ya no sería una interrupción sino un parto.

El legislador Ricardo Vanegas (Pachakutik), integrante de la comisión de Justicia, considera que el punto medular del debate se centra en el plazo que se permitirá la interrupción del embarazo, y la legislatura no puede alejarse de la sentencia donde señala que debe cumplirse con plazos y esos debe señalarlos la Asamblea.

Lo que se discute en la comisión es precisamente el tiempo en que se permitirá la interrupción del embarazo. Reiteró que él plantea que la interrupción debe permitirse antes del primer latido del corazón, esto es, la cuarta semana desde la concepción.

Pero también hay quienes sostienen que la interrupción del embarazo puede darse hasta las doce semanas, porque ese criterio prevalece en la mayoría de los países de América. Aunque dijo que existen legisladores y también organizaciones sociales que piden que esa interrupción se haga hasta la semana número 20. El segundo debate sobre este polémico tema aún está por empezar. (I)