Conforme a lo establecido en la Constitución, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, envió el 23 de julio el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Comunicación al presidente de la República, Guillermo Lasso, para su respectiva revisión. El Ejecutivo tiene 30 días para pronunciarse.

El proyecto de reformas, aprobado con 75 votos, ha causado un profundo rechazo en los gremios de medios de comunicación y periodistas del país, que exigen a Lasso vetarlo totalmente.

Tras su aprobación, el Gobierno rechazó de manera enfática el texto, el cual provino de un informe de minoría, y lo calificó como “una ley de comunicación mordaza”.

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Según el Ejecutivo, esa norma “intenta nuevamente restringir el derecho a la libertad de expresión y proporcionar mecanismos de persecución”.

Además se anticipó que, una vez que el documento llegue oficialmente a manos del Ejecutivo, Lasso “evaluará las acciones pertinentes para precautelar la democracia”.

Entre los puntos de las reformas más cuestionados, según la oenegé Fundamedios, están los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 30, 31, 33, y 34, que atribuyen competencias de protección de derechos a la Defensoría del Pueblo, así como el ejercicio de acciones constitucionales que le asistan.

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El artículo 35 establece que se conformarán defensores de audiencias, quienes serán parte de la Defensoría del Pueblo y que tendrán por atribuciones realizar acuerdos de conciliación, así como recibir, conocer y estudiar consultas, reclamos y denuncias de la audiencia para procesarlos, entre otras funciones.

Otros cambios que preocupan son el del artículo 2, que elimina la opinión como parte del contenido comunicacional, y los de los artículos 9 y 11 del proyecto, que establecen sanciones civiles “o de otra índole” a la libertad de expresión y que estarían yendo en contra de estándares internacionales.

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Al igual que lo que se establece en el artículo 10, que amplía la censura previa a privados, lo cual puede afectar el principio de independencia editorial; y el artículo 43, que elimina de los medios comunitarios a las universidades y escuelas politécnicas. (I)