Más de 300 pedidos de amnistía presentados por organizaciones sociales siguen a la espera de que la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad empiece a conocerlos y presente un informe para aprobación del pleno de la Asamblea Nacional.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) y la Unión Nacional de Educación (UNE), entre otras organizaciones, solicitaron el trámite de amnistías a favor de varios dirigentes acusados de cometer delitos contra la seguridad y los bienes públicos durante las manifestaciones de octubre de 2019.

Según la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a la Asamblea Nacional le corresponde otorgar amnistías por delitos políticos y conexos, así como indultos por razones humanitarias, cuyo efecto es la extinción del ejercicio de la acción penal, la pena y sus efectos jurídicos.

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Durante la primera etapa de este periodo legislativo, ingresaron al Parlamento ecuatoriano 339 solicitudes de amnistías, de las cuales 16 no fueron admitidas a trámite debido a que no cumplen con los requisitos y 14 peticiones están en trámite de calificación en el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

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En cuanto a los indultos, se presentaron trece solicitudes, de las cuales doce no fueron admitidas a trámite por incumplimiento de requisitos y una solicitud sigue su curso de calificación en el Consejo de Administración Legislativa.

La Federación de Comunas de la provincia de Santa Elena, a través de Leonel del Pozo Yagual, presentó siete pedidos de amnistía; la ciudadana María de los Hernández Enríquez tiene once solicitudes; Santos Loja Largo, ocho pedidos; Leonidas Iza, presidente de la Conaie, espera el trámite de 67 amnistías; Marlon Santi, coordinador del movimiento Pachakutik, entregó 169 solicitudes de amnistía; en tanto que Carlos Sucuzhañay, presidente de la Ecuarunari, presentó 48 pedidos; Isabel Vargas, dirigente de la UNE, tiene presentadas siete solicitudes de amnistía, mientras que el exlegislador Xavier Cajilema y Charles Palacios esperan que la Asamblea tramite cuatro pedidos de amnistía.

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El Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador también solicitó la amnistía para el dirigente Jorge Calderón Casco, quien está acusado de paralización de servicio público durante las manifestaciones de octubre de 2019.

Las solicitudes de amnistías ingresadas a la Asamblea Nacional de manera general están relacionadas con personas procesadas por acciones presuntamente ilícitas cometidas en un contexto de defensa y ejercicio de los derechos colectivos, derechos de la naturaleza, derechos humanos y derecho a la resistencia, tomando como referencia la participación en las movilizaciones nacionales ocurridas en el 2019.

Los legisladores Mario Ruiz y Sofía Sánchez (Pachakutik), integrantes de la Comisión de Garantías Constitucionales, coincidieron en señalar que esos pedidos aún no se conocen en la comisión, aunque Ruiz reveló que algunos procesos están avanzados, como la elaboración de las fichas técnicas, pero que oficialmente la mesa no está informada de los procesos.

Sánchez dijo que tras el receso legislativo, en enero de 2022, la comisión legislativa deberá avocar conocimiento y de ahí tendrá 30 días para resolver y presentar un informe al pleno. (I)