La Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto que propone derogar la reforma tributaria contemplada en la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19, vigente desde el 29 de noviembre de 2021 como decreto-ley a falta de pronunciamiento del Legislativo.

El legislador ponente, John Vinueza (IND), empezó cuestionando la ley en vigencia, pues dijo que contradice lo que señala el artículo 136 de la Constitución, que obliga a que un proyecto debe contener una sola materia; y además recordó la forma en que entró en vigencia, por ministerio de la ley, pues algunos legisladores abandonaron la sala y otros se abstuvieron en la votación por el archivo.

“Siempre nos preguntamos, y algunos estamos convencidos, otros, no, de que hubo un diálogo tras bastidores para que el proyecto pasara por lo que se conoce: el ministerio de la ley”, destacó en su exposición el representante de Chimborazo.

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Que, tras ocho meses de vigencia de esta ley, se debe evaluar si hubo desarrollo económico del país. Entonces, preguntó: “¿Hubo inversión en la producción? ¿Hubo inversión en tecnología, inversión en infraestructura productiva, inversión en salud, educación, ambiente y en seguridad?”. A todas esas interrogantes respondió: “No”. A su criterio, lo único que se cumplió es con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la parte tributaria.

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La segunda pregunta que formuló a la sala fue si la vigencia de esta ley generó sostenibilidad fiscal, y el mismo legislador señaló que, si no se gasta ni se invierte, es evidente que se puede tener sostenibilidad fiscal.

¿Hay inversión extranjera?, fue la tercera interrogante, y fue el momento para que el asambleísta Vinueza recordara al pleno que el presidente de la República, Guillermo Lasso, en diciembre de 2021 anunció que esta ley atraería inversiones y más trabajo. Entonces, dijo que cuando se dan todas estas interrogantes es cuando aparecen estas iniciativas legislativas que buscan derogar la ley.

Advirtió que queda en el ambiente la duda de si la Asamblea Nacional puede derogar integralmente esta ley, tomando en cuenta que es potestad exclusiva del presidente de la República la de modificar impuestos. Pero que también hay un artículo, el 140 de la Constitución, que señala que la Asamblea podrá modificar o derogar leyes. Entonces, persiste la inquietud de si es o no constitucional la derogatoria total de la ley o si debería ser derogada por partes.

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Vinueza comentó que la mesa legislativa que analizó el proyecto derogatorio planteado por legisladores de Pachakutik y Unión por la Esperanza (UNES) concluyó que la ley “no ha sido útil como herramienta de desarrollo económico ni tampoco ha generado esa estabilidad fiscal”.

Lo único que queda claro, añadió, es que en esta ley se maneja mucho dinero de por medio: en la parte tributaria, $ 10.000 millones; pero en la no tributaria, que habla de hidrocarburos, telecomunicaciones, de Galápagos y otros, están en juego más de $ 100.000 millones.

Debate

En el primer debate participaron 17 asambleístas. La legisladora Viviana Veloz (UNES), proponente del proyecto, explicó las cinco razones por las cuales debe derogarse la ley; aunque el grupo político al que pertenece la asambleísta, cuando se planteó la moción de archivo del proyecto urgente, en noviembre de 2021, se abstuvo.

La primera razón para derogar, dijo, es para no cargar de impuestos a la clase media; además, para proteger los recursos no renovables, como el petróleo; incorporar a los microempresarios y emprendedores a la economía formal; mantener la progresividad de los impuestos: quien más tiene, más paga; y, quinta razón, incentivar la economía del país.

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La asambleísta Patricia Sánchez, del ala rebelde de Pachakutik y también proponente de la derogatoria, dijo que no se debe olvidar que en la noche del 26 de noviembre de 2021 hubo 81 legisladores que se abstuvieron de votar por su archivo y, por esa razón, esta ley pasó por ministerio de la ley.

Explicó que Pachakutik plantea la derogatoria porque la ley enviada por el Ejecutivo golpea directamente a los trabajadores, a los profesionales independientes, a ciudadanos en relación de dependencia, al sector microempresarial y a un gran porcentaje de la clase media del país.

Que es una ley que no solo afecta a los ingresos de las familias ecuatorianas, sino que también afecta a su capacidad de consumo. Que es una ley que pretende el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, pero a partir de meterle la mano al bolsillo a los ecuatorianos sin generar inversión, producción ni empleo.

Lucía Placencia, de la Izquierda Democrática, aseguró que la vigencia de esta ley impactó negativamente en el desarrollo del país, afectando directamente a la clase media de las familias ecuatorianas. Que lo que ha dejado esta ley es el incremento del impuesto a la renta como consecuencia de la modificación de los gastos deducibles personales en una de las crisis económicas más graves de los últimos tiempos.

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La reforma tributaria provoca una migración disparada hacia otros países, ya que entre enero y junio de 2022 hay un total de 10.527 ecuatorianos detenidos en las fronteras entre Estados Unidos y México, anotó.

Desde el oficialismo, Briana Villao (BAN) aclaró al pleno que la Asamblea Nacional no puede aprobar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, pues dijo que la Constitución es muy clara: solo el presidente de la República tiene esa facultad, como lo disponen los artículos 135 y 301.

Sostuvo que se debe recordar al país quiénes fueron los 81 asambleístas que el 26 de noviembre de 2021 se abstuvieron de votar por el archivo, y que hoy “quieren lavarse la cara con intenciones políticas electorales. La historia los recordará”.

Con la intervención de la legisladora Johanna Moreira, de la Izquierda Democrática, se cerró el primer debate. Ella cuestionó que hay bloques que se echan culpas por la vigencia de la ley, cuando en noviembre de 2021 tuvieron la oportunidad de archivar el proyecto y cumplir con sus discursos.

Que hoy cuestionan que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) nunca tuvo que calificar la ley urgente del Ejecutivo de reforma tributaria, cuando quienes nunca tuvieron que haber permitido que pasara por ministerio de la ley fueron otros, replicó.

El proyecto de ley regresó a la Comisión de Desarrollo Económico para la elaboración del informe para segundo y definitivo debate. (I)