El presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, José Cabascango, anunció la tarde de este miércoles 20 de octubre que el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, ha sido convocado por segunda ocasión para que comparezca dentro de la investigación política de los denominados Pandora Papers, en los que se señala al primer mandatario por una supuesta evasión de impuestos a través de cuentas en paraísos fiscales.

La segunda convocatoria, según Cabascango, es este viernes, a las 08:00, luego de que Lasso no asistió este miércoles; pero, a diferencia de la primera invitación, esta vez es “de manera obligatoria y bajo prevención de ley...”.

Tres juristas consultados por este Diario coincidieron en que la Comisión se estaría arrogando funciones al pretender que el presidente sea llevado a comparecer con la fuerza pública. Hacerlo de esta forma, dijeron, le compete a la Fiscalía dentro de una investigación penal.

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“Difícilmente va a poder una comisión legislativa, la que sea, disponer a la Policía que traiga con la fuerza pública al presidente a comparecer ante la Asamblea; más todavía si esta comisión se arroga una capacidad de fiscalización que no tiene”, sostiene Ramiro García, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador y presidente del Colegio de Abogados de Pichincha.

García asegura que la Comisión y sus legisladores se estarían arrogando funciones, razones por las cuales Lasso estaría eximido de comparecer. Con él coincide Jorge Alvear, ex vocal del Tribunal Constitucional y especialista en Sistemas Jurídicos de Protección de Derechos Humanos, quien manifiesta que a la Asamblea no le corresponde tratar el tema como una investigación penal.

¿Es legal que la Asamblea cite a familiares del Presidente?

“No le correspondería a la Función Legislativa hacer ese tipo de investigación de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico constitucional, sino a la Fiscalía General del Estado, se estarían arrogando funciones en esta Comisión y la arrogación de funciones es una infracción penada, y bien pudiese iniciarse una investigación contra los asambleístas que están usurpando esas competencias”, explica Alvear.

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Mientras que Vladimiro Álvarez, jurista y ex ministro de Gobierno, asegura que la Comisión está demostrando un afán de imposición de voluntades que da lugar a controversias. “Cuando el país lo que necesita son acuerdos que permitan solucionar las necesidades básicas e insatisfechas de la sociedad y no ponerse a discutir este tipo de posiciones y voluntades para ver quién puede salir adelante con sus criterios, de volver a la ley de la selva donde se hace lo que ordene el más fuerte...”.

Álvarez señala que si se actúa de acuerdo con el derecho, obviamente quien se arroga funciones debería ser sancionado. (I)

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