La preocupación aumentó en los diferentes partidos políticos del país luego del asesinato a tiros de Julio César Farachio Drouet, aspirante a la Alcaldía de Salinas por la alianza 2-3-35, ocurrido la tarde del sábado 21 de enero mientras realizaba una actividad proselitista. Su muerte se suma a otras dos ocurridas en los últimos meses: la del periodista y candidato de Revolución Ciudadana a concejal por Manta Gerardo Delgado, y la de Alba Bermeo, candidata de Unidad Popular, lista 2, a concejal rural de la parroquia Molleturo, en Cuenca.

Además de las muertes, desde antes que la campaña electoral para los comicios seccionales empezara oficialmente, y hasta el momento, han ocurrido al menos quince ataques a candidatos o personas cercanas a ellos, en medio de la idea cada vez más generalizada de que en la política del país han penetrado el narcotráfico y el crimen organizado.

Ante esta situación, la mayoría de partidos ha optado por disminuir recorridos y seguridad privada, pese a la falta de recursos; apoyarse en sus militantes en el momento de los recorridos; muy pocos han decidido pedir resguardo a la Policía Nacional, conscientes de que esta debe enfocarse en los ciudadanos.

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Luis Chancay, coordinador provincial de Unidad Popular (UP), lista 2, partido que respaldaba la candidatura de Farachio y Bermeo, explica que tras el incidente van a solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) que brinde las garantías y la seguridad para los candidatos de su movimiento, ya que son dos muertes las que registran.

“Los acontecimientos en Salinas son la continuación de una serie de actos, en especial con nuestra organización política”, afirma y cuenta que, hace quince días, su candidato a la Alcaldía de Simón Bolívar, Richard Firmat, fue víctima de un atentado.

Como una iniciativa propia, el 25 de enero, junto con el coordinador nacional de UP, Alonso López, presentarán un protocolo de seguridad al CNE para evitar también cualquier tipo violencia el día de las elecciones por los resultados electorales, que consideran pueden llegar a ser fraudulentos.

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Renán Borbúa, director en Guayas del Partido Sociedad Patriótica (PSP), lista 3, dice que el asesinato de Farachio los ha conmocionado y ante ello han pedido a sus candidatos y a la militancia tomar las medidas necesarias para evitar que se vuelva a repetir algo así, y que están buscando quién lo va a reemplazar.

Borbúa dice que hay “muchísima preocupación” en cuanto a la seguridad, por lo que como partido están insistiendo en el permiso de porte armas al Gobierno nacional; además están solicitando a nivel de las instituciones de seguridad, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, que refuercen y se coordine la seguridad física de los candidatos.

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Denuncia también que candidatos del PSP están atemorizados en ciertos cantones, entre ellos Naranjito, Naranjal, Balzar y Simón Bolívar, por amenazas y pedidos para no realizar campaña.

Para Javier Orti, presidente nacional de Avanza, lista 8, la falta de recursos hizo que la seguridad quede como una responsabilidad de cada uno de los candidatos, aunque dice que sí tomaron medidas luego del atentado que sufrió Javier Pincay, candidato a la Alcaldía de Portoviejo, en diciembre pasado.

“Hicimos todo lo posible para coordinar acciones con el Ministerio de Gobierno, con el ECU911 y las autoridades locales a fin de que se puedan coordinar acciones de resguardo policial, sobre todo en los recorridos”, explica y dice que las autoridades les pidieron enviar con tiempo las agendas de los candidatos, para de esta manera organizarse y acompañarlos.

Orti insta a las autoridades electorales a considerar el tema de seguridad para los próximos comicios con medidas preventivas y presupuesto, para que no vuelva a pasar este tipo de atentados contra los aspirantes.

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Julio César Farachio Drouet recorrió varios lugares de Anconcito el sábado 21 de enero, día en que fue asesinado. Foto: Tomada de redes sociales

Carlos Ayora, director provincial en Guayas de Izquierda Democrática, lista 12, comenta que han tomado mayores precauciones y nuevas medidas en los últimos días, luego de que en el Distrito 2 del cantón Guayaquil fueran víctimas de extorsión, conocida actualmente como “vacunas”.

“Íbamos a realizar unas actividades en el Distrito 2, pero salieron por ahí unos señores pidiendo unas vacunas e impidiéndonos el trabajo, por lo cual nos retiramos para evitarnos problemas”, dice. Ahora, para ciertos recorridos están saliendo con resguardo policial, o han tenido que replantear la campaña en los pocos días que quedan para hacerlo por internet en el caso de esta zona.

El presidente de Sociedad Unidad Más Acción (SUMA), lista 23, Guillermo Celi, indicó que es lamentable la escalada de violencia que vive el país. Comenta que en ciertas provincias, como Manabí, existieron reuniones con miembros de la Policía Nacional para socializar la protección y seguridad que brindan a los candidatos en caso de solicitarla.

Cuenta que en este tiempo no han experimentado ningún tipo de ataque y que han podido recorrer el país con normalidad, aunque siempre vigilantes. Dice que sus candidatos, como Pedro Pablo Duart en Guayaquil y Pedro José Freile en Quito, no han tenido más resguardo que el de sus militantes.

Simpatizantes de Cynthia Viteri, aspirante a la Alcaldía de Guayaquil por las listas 6-75, en los exteriores del Teatro Centro de Arte. Foto Peter Tavra Franco

Enrique Menoscal, director de Centro Democrático, lista 1, refiere que hasta el momento no han optado por pedir ningún resguardo a la Policía, ya que están conscientes de que en estos momentos deben velar por la ciudadanía.

Explica que las acciones que han tomado para evitar cualquier incidente son no realizar recorridos pasadas las 18:00 y tener a cuatro personas como seguridad en cada uno de los eventos que realizan. A su vez, lamenta la desigualdad respecto a otros candidatos que son autoridades electas en estos momentos y que utilizan contingente y bienes públicos para precautelar su seguridad.

En el caso del Partido Social Cristiano (PSC), lista 6, su presidente, Alfredo Serrano, explica que cada candidato para las seccionales, desde el anuncio de su candidatura, ha tomado las medidas de seguridad que crea apropiadas y se encarga de coordinarlas directamente.

En tanto, desde el CNE, la presidenta Diana Atamaint ha condenado enérgicamente los actos violentos que han atentado contra la vida e integridad de candidatos que participan en los comicios, y ha expresado su solidaridad con las familias y las organizaciones políticas a las que pertenecen las víctimas.

“Nuestro trabajo eficiente, comprometido con la democracia del país, lamentablemente está siendo empañado por algunos acontecimientos que han cobrado vidas de candidatos y otros que han sido agredidos por la delincuencia organizada”, ha dicho Atamaint.

En las próximas elecciones seccionales del 5 de febrero, más de trece millones de ecuatorianos deben acudir a las urnas a elegir a 23 prefectos y viceprefectos, 221 alcaldes, 868 concejales urbanos y 437 rurales, 4.084 miembros de las juntas parroquiales rurales, así como a los 7 vocales del CPCCS para el periodo 2023-2027 y a decidir sobre las ocho preguntas del referéndum que impulsa el Ejecutivo. (I)