Audiencia de caso Dhruv se suspende por enfermedad de la fiscal Diana Salazar

Tras diez meses de espera, el viernes 19 de mayo debía reinstalarse la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el denominado caso Dhruv, en la cual el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Rivera daría a conocer su decisión de llamar o no a juicio a los 18 acusados del delito de peculado; sin embargo, la resolución deberá esperar unos días.

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La diligencia se suspendió nuevamente debido a que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, enfermó y no pudo asistir. La funcionaria ingresó un escrito este mismo día, en el que incluyó un certificado médico que daba cuenta de su condición.

Salazar solicitó al juez Rivera que disponga una nueva fecha y hora, pedido que fue aceptado. El magistrado indicó a los asistentes que “lo más pronto posible” se dará a conocer cuándo será la reinstalación.

El magistrado explicó que en esta diligencia la Fiscalía cumple un rol fundamental, al ser el titular de la acción penal pública. Indicó que la Constitución señala que el delito de peculado se puede juzgar en ausencia de las personas procesadas, pero no de la Fiscalía. Por ello, no se puede instalar la audiencia.

La audiencia fue suspendida inicialmente el 30 de julio de 2022, para que el juez pueda analizar los elementos y determinar si los sospechosos -todos, parte de ellos o ninguno- deben ir a juicio.

En este caso la Fiscalía sostiene que se cometieron irregularidades en el proceso de compra de siete helicópteros Dhruv a la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de la India, ocurrido en 2008, durante el gobierno de Rafael Correa. El Estado fue representado por el Ministerio de Defensa, mientras que la empresa HAL fue representada en Ecuador por la firma Sumil C. A.

Según el Ministerio Público, la operación provocó un perjuicio al Estado por $ 66,4 millones.

En su momento, Diana Salazar expuso que los funcionarios públicos investigados infringieron el deber y la obligación de velar por la correcta administración pública. Los presuntos implicados arbitrariamente habrían beneficiado a la empresa HAL.

Entre los 18 procesados están los exministros de Defensa Javier Ponce y Wellington Sandoval; el representante legal de la HAL para Ecuador, Juan Cortez; y el excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Rodrigo Bohórquez.

A este caso se lo relaciona con la muerte del general de la FAE Jorge Gabela, ocurrida el 29 de diciembre de 2010. La familia de Gabela sostiene que fue asesinado por haber denunciado irregularidades en la adquisición de los helicópteros; sin embargo, la versión oficial es que el fallecimiento fue producto de un asalto a su vivienda.

La viuda del general, Patricia Ochoa, se pronunció el viernes, a través de redes sociales, instantes previos a la diligencia en la Corte Nacional de Justicia.

“Si dejan sin llamar a juicio a los implicados estamos ante una justicia que solo defiende a los corruptos. Hubo muertos y la justicia se convertirá en cómplice de este peculado y de las personas que perdieron la vida en estas aeronaves. Hoy es el día de demostrar de qué lado está la justicia, si está del lado de la verdad o del lado de corruptos”, publicó Ochoa antes de que la audiencia sea nuevamente suspendida. (I)