A pocos días de que se fijara para este martes 1 de junio la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de concusión en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) contra la exasambleísta Karina Arteaga; su esposo, Jhon Arturo Álava; y Jenny Muñoz, colaboradora del despacho de la entonces asambleísta, este lunes la diligencia se difirió para el próximo 5 de julio a las 14:30.
El nuevo juez penal a cargo del caso, Walter Macías, de la CNJ, accedió al diferimiento solicitado por la exasambleísta Arteaga, quien alegó que recién el 28 de mayo pasado tomó su caso un nuevo abogado. El juez asegura que se da paso al pedido para que no se alegue vulneración de las garantías del debido proceso o indefensión.
Los tres son acusados del delito de concusión, debido al supuesto cobro de “diezmos” a varios colaboradores en la Asamblea Nacional. Inicialmente a cargo del caso estaba el juez nacional David Jacho, pero debido a la renovación parcial que se dio en el interior de la Corte Nacional, en este momento la causa está en manos del juez Macías.
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A inicios de enero pasado se dieron las vinculaciones de Álava y Muñoz al caso en el que Artega era la única procesada desde el 25 de septiembre de 2020. Sobre esta última pesaba la orden de arresto domiciliario y uso de grillete electrónico con vigilancia policial permanente; mientras que a Álava y Muñoz se les ordenó la presentación periódica cada quince días y la prohibición de salir del país.
La teoría de Fiscalía señala que en este caso Arteaga habría exigido aportaciones indebidas a sus colaboradores en el Legislativo a través de terceros. Aparentemente existirían indicios de que ella, en 2018, dijo a su personal que podía conseguir un empleo pero con un aporte de su remuneración mensual, y existirían depósitos hechos en la cuenta de Álava por aproximadamente $ 31.000.
El fiscal subrogante Wilson Toainga en la audiencia de vinculación explicó que existen elementos que indicarían que Álava y Muñoz habrían recibido transferencias realizadas por el personal del despacho de Arteaga, quien era asambleísta por Manabí.
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El 21 de mayo de 2019, Verónica Pinargote, excolaboradora de Karina Arteaga, acudió a la Fiscalía a denunciar que Arteaga le exigió aportes mensuales que sumaron un total de $ 2.861 a cambio de mantenerla en su puesto de trabajo como asesora. Según Pinargote, el dinero exigido habría sido “depositado mensualmente en una cuenta bancaria a nombre del cónyuge de la entonces asambleísta, para cubrir una cuota por la adquisición de un vehículo y otros gastos personales”. (I)