Augusto Verduga, vocal electo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), pide que no le pongan “rótulos o etiquetas”, pero admite que el Gobierno de Rafael Correa dejó un legado histórico para el país. Sin embargo, aclara que actuará sin apegos políticos, sino atado a la Constitución y a la leyes. Comenta que tanto él como sus otros seis colegas han pedido una reunión con los consejeros salientes para conocer la situación del organismo, en especial la de los concursos de selección de autoridades; de ello depende si estos siguen adelante o sufren modificaciones.

El Consejo de Participación tiene tres misiones fundamentales, según la Constitución: elegir a las autoridades de control, luchar contra la corrupción y promover la participación ciudadana. En el primer tema, hay en marcha ya varios concursos, entre ellos el del contralor. ¿Qué propone usted hacer con ellos? ¿Seguirán su curso o deben volver a cero?

Una de las críticas que se le hicieron al anterior Consejo, de Hernán Ulloa y compañía, fue precisamente por haber reformado a medio camino el reglamento para la designación de contralor del Estado. Por eso, vamos a revisar ese reglamento. Para conocer y empaparnos del estado de estos procesos, vamos a pedir una reunión formal con el Consejo en funciones para tener una radiografía casa adentro. Esto lo haremos con los otros seis consejeros, para provocar una transición ordenada.

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Ahora, yo he sido enfático en sostener que el actual Consejo no cuenta con la legitimidad democrática, ya que, en rigor, en el 2019 el pueblo eligió siete consejeros principales y siete suplentes; las actuales autoridades, con excepción de Mónica Moreira, no están en esa lista, no fueron elegidas como suplentes, y no existe esa figura del suplente del suplente. Lo más sensato es que se espere a la posesión de los nuevos consejeros para poder llevar adelante estos procesos de designación.

Pero se supone que cada concurso sigue su marcha con el trabajo de comisiones ciudadanas; no es algo que dependa necesariamente de los consejeros en funciones. ¿Cómo detener eso?

Sí, en efecto, las comisiones ciudadanas llevan adelante el proceso, pero el pleno es el que lo finiquita, el que elige. También queremos reunirnos con las comisiones. Entiendo que, aunque quieran seguir con los concursos, no lo podrán hacer porque, por ejemplo, en el caso del contralor y el defensor público, hay una serie de acciones de garantías jurisdiccionales presentadas, que lo que hacen es entorpecer su trabajo. Por eso, también he hecho un llamado a la Corte Constitucional para que se pronuncie de una vez por todas sobre este abuso. El 14 de mayo nos posesionamos y nos vamos a encontrar con este gran poblema, y no podremos avanzar en la designación de las autoridades.

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La crítica principal al Consejo desde su génesis ha sido el manoseo de los concursos, que se acomodan a intereses de sectores políticos. ¿Cómo hacerlos más transparentes para que no haya estas dudas?

Tengo una propuesta mía, como candidato, que propondré al pleno: que la designación se divida en tres fases: una de méritos, otra de impugnación ciudadana y un sorteo público entre los más puntuados. Considero que ese sería un mecanismo eficaz y transparente para designar autoridades de control; con ello se evitaría, por ejemplo, ese famoso muñequeo o cabildeo, y ya no sería rentable para los partidos intervenir en estos procesos. Esta decisión debe tomarse en el pleno, pero sí quiero provocar ese debate.

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¿Qué propone hacer usted respecto a la lucha contra la corrupción, en la que ha habido pobres resultados?

Ese ha sido un gran déficit del Consejo: no haber asumido esta atribución con fuerza. Pero también en los últimos años algo que ha obstaculizado esa lucha anticorrupción es que al Consejo lo han vuelto esquelético en términos presupuestarios. La lucha contra la corrupción requiere, por ejemplo, tener una unidad o subcoordinación nacional de investigación, otra de patrocinio, otra de transparencia y otra de admisiones, que puedan llevar adelante estos procesos administrativos de forma robusta. ¿Pero qué pasa actualmente? En esas áreas la mayoría de los funcionarios son abogados, cuando realmente esas unidades deberían contar con profesionales con conocimiento en informática, ingenieros civiles, que den apoyo técnico, que eleven informes por indicios de corrupción. El problema es que no hay recursos. Pasa además que muchos de estos informes, cuando llegan al pleno del Consejo, ya es muy tarde, ya han prescrito algunos delitos, u otros organismos ya han hecho la investigación. Vamos a tener que buscar financiamiento para esto.

Este tema está atado a la participación ciudadana. Se han creado veedurías para acompañar la construcción de obras, la adjudicación de contratos y otros procesos, pero sus informes no han sido tomados en cuenta e incluso han sido descalificados. ¿Qué se puede hacer al respecto?

La normativa interna que regula a estos organismos es engorrosa. En el reglamento se establece, por ejemplo, que los veedores ya acreditados por el CPCCS elevan un informe a la Secretaría de Transparencia, lo cual amerita otro informe de acompañamiento, que pasa a la Coordinación Jurídica para que emita otro informe jurídico, luego va a la Secretaría del Consejo y luego al pleno. No hay un plazo que obligue a los consejeros a conocer el documento de la veeduría; pueden pasar años para que se trate. Por eso, es necesario reformar ese reglamento. Con eso, los informes tendrían más fuerza vinculante.

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¿Cómo incentivar la participación ciudadana? La ley establece una serie de espacios, como asambleas o la silla vacía, pero no se cumplen. ¿Ustedes pueden exigir que se concreten?

El Consejo tiene la facultad de fiscalizar el cumplimineto de los presupuestos participativos y la silla vacía. Y diría también que el CPCCS debe impulsar la creación de consejos barriales o asambleas locales ciudadanas que decidan el futuro de las ciudades, que tengan diálogo permanente con los Gobiernos locales y trabajen articuladamente; sería bueno suscribir convenios interinstitucionales con los GAD. Vamos a trabajar en eso, porque hay que empoderar a la ciudadanía en estos mecanismos de fiscalización.

Aparte, en la campaña fui enfático en hablar de fiscalizar el cumplimiento de las ofertas electorales. La gente está agotada de tantas promesas incumplidas, empezando por el presidente Guillermo Lasso, que no ha cumplido ni de forma marginal con su plan de trabajo. Queremos promover la conformación de un observatorio ciudadano que esté permanentemente fiscalizando el cumplimiento de los planes de trabajo de las autoridades de elección popular. Nunca se ha echado mano de esa herramienta. Podemos incluso convocar a audiencias públicas de las autoridades.

¿De qué forma se puede evitar que ese observatorio tenga algún sesgo político, es decir, que los integrantes sean afines a algún grupo político que quiera molestar a la autoridad opositora?

El instructivo de los observatorios señala que sus integrantes no pueden ser miembros de un partido político. Ahora, cuando se presenta un informe de observación, debe tener datos duros, objetivos. La argumentación debe estar sustentada “dato mata relato”. El CPCCS debe ser también objetivo en esa verificación y llamar al mandatario a dar cuentas.

Usted es el consejero más votado. Legalmente, eso no lo convierte de inmediato en presidente del CPCCS, pero ¿quiere serlo?

Yo lo que quiero es ser útil y cumplirles a mis mandantes. No tengo ninguna ambición de estar en el poder por el poder. Esto lo va a decidir el cuerpo colegiado.

En el nuevo Consejo hay tres integrantes que fueron promovidos por el expresidente Rafael Correa, entre ellos usted; dos que son afines al socialcristianismo y otros independientes. ¿Cómo se podría articular una mayoría para que no surjan los conflictos internos del anterior CPCCS?

Hace unos días nos hemos reunido de forma presencial seis consejeros, y uno de forma telemática. Y, más allá de los rótulos o etiquetas que nos han puesto: que tres son correístas, que otros son socialcristianos o independientes, sin fundamentación, me parece que es un signo de madurez política que en esa reunión convenimos en cuestiones fundamentales para el trabajo del Consejo; por ejemplo, que las sesiones del pleno no sean solo en Quito, sino itinerantes en provincias; que hay que fortalecer las delegaciones provinciales; que hay que reformar reglamentos internos... Me entusiasma que podamos llegar a consensos y que podamos gestionar los disensos de forma pacífica.

¿Usted es correísta?

Defíname primero correísta para responderle.

Un correísta es aquel que milita en el movimiento Revolución Ciudadana, creado por Correa; o que simpatiza con su proyecto político, su discurso, sus opiniones, su forma de hacer política...

Yo no soy adherente al movimiento de Correa ni a ninguno. Bajo esa lógica, no soy correísta. Bajo la otra lógica, puedo estar de acuerdo con algunas cosas, pero no con todo. Usted va a encontrar coincidencias con él, porque soy un hombre de izquierda. Yo sí reconozco un legado histórico de reivindicación de los derechos de los más humildes en el proceso que fue llamado “revolución ciudadana”. Ahora bien, cuando he tenido que hacer críticas a esa fuerza política en cuestiones que no he compartido, las he hecho. Póngale el rótulo que quiera.

¿Hay forma de que, desde el Consejo de Participación, se propicie el regreso de Correa?

Eso no le compete al Consejo, sino a la justicia penal del Ecuador. (I)