Caso Las Torres: Fiscalía afirma que en investigación ‘descubrió’ que se planeaba enviar dineros al ‘sistema bancario suizo’

Con la descripción del elemento de convicción número 47 por parte de la fiscal general, Diana Salazar, es como arrancó, la mañana de este viernes 10 de diciembre, el cuarto día consecutivo de la audiencia preparatoria de juicio por el delito de delincuencia organizada dentro del caso conocido como Las Torres.

Poco más de cinco horas de audiencia completaron la tercera jornada de audiencia dada el jueves último contra trece personas acusadas de ser autores de una delincuencia organizada que se habría dado entre el 2017 y 2020 a partir de instancias como la Contraloría General de Estado (CGE), la empresa pública Petroecuador y la secretaría de la Presidencia de la República del gobierno de Lenín Moreno.

Juez de la Corte Nacional declara válido todo lo actuado en el caso Las Torres; Fiscalía mantiene 289 elementos de convicción contra los procesados

La fiscal Salazar anunció que mantenía 289 elementos de convicción, entre generales y particulares, para fundamentar su dictamen acusatorio.

Según la Fiscalía, los elementos recabados durante la instrucción fiscal establecen que en la planificación y ejecución para “obtener beneficio económico de manera directa e indirecta” los integrantes de este “grupo delictivo” cometieron varios delitos que afectan la eficiencia de la administración pública y la economía del país.

También se dijo como parte de la acusación que se identificó que en el Ecuador se planificaron las actividades fraudulentas para la obtención de recursos económicos y que estos se empezaron a ejecutar en Estados Unidos, donde se mantuvieron varias reuniones para coordinar las gestiones relacionadas con el ilícito analizado.

Para cristalizar los objetivos de la organización, mencionó Salazar, se habrían entregado números de cuentas y montos a adjudicar a varias personas naturales y jurídicas.

“La investigación de la Fiscalía descubrió que se planeaba enviar dinero al sistema financiero suizo, trascendiendo el delito a otras fronteras. Se determinó, a través de las comunicaciones de este grupo delictivo, que se utilizó tecnología segura y jerga criminal con el fin de pasar desapercibidos en Ecuador”, se definió en un comunicado de la Fiscalía.

Salazar en el inicio de su dictamen acusatorio, en la parte en la que relató los hechos sucedidos e investigados, señaló que entre los miembros de esta organización se proporcionaron coordenadas y números de cuenta bancarios para acreditar dineros y coordinar la recepción de los pagos que se habían acordado.

“Para el efecto se proporcionó a José Luis De la Paz (accionista de la empresa Nolimit) los números de cuenta, los nombres de bancos, los titulares de las mismas, etcétera, contando con la asesoría financiera vía telefónica de Álvaro de Guzmán, quien explicó el mecanismo para ser transferidos los montos correspondientes a Esteban Celi y Pablo Celi y Raúl De la Torre al sistema bancario suizo. Allá era donde iban a obtener las transferencias”, refirió la fiscal general.

Diana Salazar sostiene que entre 2017 y 2020, en Quito, se formó un grupo organizado, a través de un acuerdo entre funcionarios públicos de nivel directivo afines a Petroecuador, la CGE y secretaría de la Presidencia de la República, que, valiéndose de sus relaciones de amistad, confianza y parentesco, planificaron obtener beneficios económicos.

En estas tres instancias, a decir de la teoría del caso de Fiscalía, operó un grupo estructurado que cobraba sobornos a empresas contratistas a cambio de liberar pagos o desvanecer glosas.

Por delincuencia organizada son investigados el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban Celi, el exgerente de Petroecuador Pablo Flores, el exgerente de Refinación de Petroecuador Mauricio Orellana, el empresario Álvaro de Guzmán, Silvia López, de Ángelo Rodríguez, Adolfo Agusto Briones, hermano del exsecretario de Presidencia José Agusto Briones, Natalia Cárdenas, Roy Calero y Martha Barrezueta.

Fiscalía arranca el tercer día de audiencia en caso Las Torres con la presentación del séptimo elemento de convicción, de 289 que mantiene

Diana Salazar ha explicado que el 20 % de una factura que adeudaba Petroecuador a la empresa Nolimit C.A., por $ 20,3 millones, era el beneficio que pretendía obtener la “organización delictiva” en la que habrían ejercido el liderazgo el exgerente Flores, el excontralor Celi y el fallecido exsecretario José Agusto Briones, sobre quien se encuentra extinguida la acción penal.

La diligencia preparatoria de juicio en el caso Las Torres, la cual se instaló la mañana del lunes último, es dirigida por el juez de la Corte Nacional Felipe Córdova. (I)