A más de dos meses de que la audiencia de apelación de la sentencia de primera instancia en el caso Singue no se dio por problemas médicos de la abogada del exvicepresidente Jorge Glas, para este 15 de febrero la diligencia se vuelve a convocar en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Se espera que se la instale a partir de las 09:00.

Glas, los exministro y exviceministro de Hidrocarburos Wilson Pástor y Carlos Pareja Yannuzzelli, respectivamente, y cuatro personas más, todos sentenciados como coautores y cómplices, interpusieron el recurso de apelación a la sentencia emitida el 25 de enero de 2021, por un peculado que habría existido en la concesión del campo petrolero Singue.

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Los jueces de la Corte Nacional Luis Rivera (ponente), Felipe Córdova y Daniella Camacho son los encargados de resolver los recursos de apelación presentados por los siete condenados y además la apelación que planteó la Procuraduría General del Estado, como acusadora particular y víctima.

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Con un voto de mayoría a Glas, Pástor, Pareja Yannuzzelli y César Guerra, gerente del consorcio al que se le entregó la operación del campo Singue, se los sentenció como coautores a ocho años de cárcel. Para la Fiscalía, todos ellos, como máximas autoridades en el sector petrolero, dispusieron arbitrariamente de recursos del Estado.

Mientras que los exfuncionarios públicos de rango medio Aníbal Cazar, Gustavo Donoso y José Burgos recibieron una condena de cuatro años de prisión como cómplices. Según la acusación, las acciones de Cazar, Donoso y Burgos coadyuvaron a la comisión del delito de peculado que fue juzgado.

La Fiscalía demostró en este caso que el delito de peculado se cometió al adjudicar el contrato de exploración y explotación del campo marginal Singue, entregado al consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda. y a la firma Gente Oil Development LLC (DGC). En este caso también se dijo desde Fiscalía que se cometieron irregularidades, incumpliendo requisitos legales.

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El perjuicio al Estado, a decir de la Fiscalía, se habría producido al fijar un precio de $ 33,5 por barril, cifra que no tomó en cuenta el 100 % de las reservas probadas de hidrocarburo para este campo petrolero.

La defensa de Cazar, Burgos y el empresario Guerra, Paúl Ocaña, espera que en esta audiencia se ratifique el estado de inocencia no solo de sus clientes, sino de todos los sentenciados por peculado. El abogado tiene claro que si no existe materialidad, si no existe el delito, no existe perjuicio y todos deberían ser sobreseídos. “Este proceso ha sido usado mediáticamente y con tinte político y es por eso que tenemos entre los sentenciados a mandos altos y mandos medios”.

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Ocaña, al igual que otras defensas de procesados en este caso, sostiene que en este caso la Fiscalía no ha podido demostrar la materialidad del delito de peculado y no existe ningún perjuicio económico para el Estado, sino más bien un beneficio que sobrepasaría los $ 120 millones, según lo dicho por una perito durante la audiencia de juzgamiento.

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Miguel Revelo, abogado de Carlos Pareja Yannuzzelli, concuerda con Ocaña en que todos los condenados como culpables deberían ser declarados inocentes en esta segunda instancia al no haberse comprobado el delito que se persigue.

“En el caso Singue nunca se probó la existencia de peculado y sin embargo se condenó a Carlos Pareja Yannuzzelli por cuestiones políticas y no por prueba técnica jurídica. Si el Tribunal de Apelación desecha la pretensión planteada lo que se está haciendo es echar tierra sobre una negociación que con una investigación imparcial a todas luces se podrá determinar el cometimiento de otros delitos que no son peculado. El país no llegará a conocer el verdadero perjuicio al Estado del denominado caso Singue y se dejará en la impunidad a los verdaderos responsables”, explicó Revelo.

Los siete condenados apelan la sentencia que mantiene un voto de mayoría de los jueces nacionales José Layedra y Xavier de la Cadena. Ellos resaltaron el hecho de que los sentenciados contaban con información privilegiada. En este caso llegaron a audiencia de juzgamiento quince personas, pero solo siete fueron encontradas culpables.

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El entonces juez de la CNJ Iván León fue el presidente del Tribunal de Juzgamiento del caso Singue y quien emitió un voto salvado, señalando que no se ha comprobado la existencia del delito de peculado. León, a diferencia de Layedra y De la Cadena, resolvió ratificar el estado de inocencia de los quince procesados.

Justamente este voto salvado del juez León es el que tomarán varias de las defensas para respaldar su argumento de que en este caso no se ha demostrado que existe el delito de peculado. (I)