Los 90 días de instrucción fiscal dentro del caso Sinohydro para el expresidente Lenín Moreno y su esposa, Rocío González, no solo empiezan con la orden de presentarse periódicamente cada 15 días en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), sino también deberán enfrentar la prohibición de enajenar bienes, muebles, inmuebles, vehículos, acciones, participaciones, títulos, valores y fideicomisos que posean a nivel nacional y la retención e inmovilización de cuentas de ahorros, corrientes, pólizas e inversiones que mantengan en el sistema financiero local.

Casi tres horas le tomó al conjuez nacional Luis Adrián Rojas fundamentar, el domingo último, las medidas cautelares de carácter real y personal que dispuso para Moreno, González y otras 35 personas aparentemente involucradas en un cohecho ocurrido en la contratación de la empresa china Sinohydro para el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.

La fiscal general, Diana Salazar, explicó durante la formulación de cargos que hay elementos suficientes para suponer que los 37 procesados recibieron por diferentes vías más de $ 76 millones entregados por la empresa Sinohydro como sobornos para conseguir el contrato para la construcción del proyecto Coca Codo.

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Salazar describió que para ello se habían adecuado comportamientos que iban desde el cambio de objetos sociales de empresas para aparentar contrataciones con Sinohydro, se crearon cuentas offshore en paraísos fiscales como Panamá desde la que se repartieron mediante transferencias cobro de cheques, ... los millones entregados a modo de coimas o dádivas.

La prohibición de enajenar bienes para Moreno y González alcanzaría para cada uno hasta los $ 440.000. Esto lo definió Rojas a partir de lo dicho por la Fiscalía respecto a que ambos recibieron del total de coimas $ 220.000 a través de la adquisición de un departamento en Alicante, España, y lujosos muebles que les fueron dejados en su departamento en Ginebra, Suiza.

Ese mismo criterio fue usado para definir el monto máximo de la prohibición de enajenar bienes: Irina Moreno González, hija del expresidente ($ 20.000), Guillermo Moreno Garcés ($ 700.000) y Edwin Moreno Garcés (hasta $ 20.000), Conto Patiño ($ 40.000), Xavier Macías ($ 1,3 millones), Juan Carlos Patiño ($ 200.000), Rocío Guerrero (de $ 10.000 hasta $ 20.000 ), Luciano Cepeda (hasta $ 110.000), María Vaquero (hasta $ 620.000), Francisco Castello (hasta $ 2′120.000), Carlos Almeida (hasta $ 5,2 millones), Rocío Delgado (hasta $ 7,5 millones), Pablo Avilés ($ 200.000), Pablo Satizabal (hasta $ 800.000) y Cai Runguo (entre $ 40.000 hasta $ 200.000), Wu Yu (hasta de $ 2 millones), Henry Galarza (hasta $ 110.000), Jacqueline Viteri ($ 40.000) y Martha González ($ 3 millones).

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También para Patricia Patiño ($ 1,8 millones), Manuel Patiño ($ 1′924.000), Victoria María Patiño ($ 12 millones), Manuel Durini (hasta $ 380.000), Mauricio Pérez de Anda (hasta $ 400.000), Francisco Chiriboga Catani (hasta $ 380.000), Antonio Simbaña (hasta $ 1 millón) y Juan Simbaña ($ 500.000), Mercedes Cruz (hasta $ 300.000), Eduardo Carmigniani (hasta $ 500.000), Francisco Espinoza (hasta $ 800.000) y Mónica Ortega (hasta $ 620.000).

Para los ciudadanos chinos Yang Huijun ($ 80.800), Liu Aiseheng ($ 2′120.000), y Song Dongsheng (hasta $ 2′120.000).

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En el tema de la prohibición de enajenar bienes, muebles, ... que posean los procesados a su nombre a nivel nacional se ordena se oficie a la Dirección Nacional de Registros Públicos (Dinarpad) y a los Registros de la Propiedad y Mercantil a nivel nacional, a la Agencia Nacional de Tránsito y a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

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Además, de la disposición de retención e inmovilización de cuentas de ahorros, corrientes, pólizas e inversiones que mantengan los imputados en el sistema financiero nacional se excluyó únicamente aquellas cuentas en las que los catorce procesados adultos mayores reciben sus pensiones jubilares.

Para efectos que se cumpla esta disposición se oficiará con el carácter de urgente a las superintendencias de Bancos y Economía Popular y Solidaria.

El conjuez Rojas autorizó el pedido hecho por la Fiscalía para que se emitan las asistencias penales internacionales necesarias para buscar que en Suiza, España, China, Estados Unidos, Panamá, Paraguay y Belice se prohíba la enajenación de bienes muebles, inmuebles, vehículos, acciones, participaciones, títulos y valores, fideicomisos que mantengan los procesados en esos países y además para retener e inmovilizar las cuentas de ahorros, corrientes, pólizas de acumulación, inversiones que mantengan los procesados a sus nombres en seis bancos de Panamá, dos bancos de Suiza, un banco de España y seis bancos de Estados Unidos y un banco de China. (I)

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