En sesión ordinaria realizada este miércoles 30 de junio, la Corte Constitucional (CC) dictaminó que el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Naciones de otros Estados (Ciadi) no requiere de aprobación legislativa antes de su ratificación.

En ese sentido, en el dictamen 5-21-TI/21 se expone que el Ciadi “no se encuentra incurso en los supuestos contenidos en el artículo 419 de la Constitución de la República”.

El artículo en mención se refiere a los casos en los que se requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional para la ratificación o denuncia de los tratados internacionales.

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La CC señaló que este es un convenio marco en el que se establece la posibilidad para que el Estado acuda al arbitraje internacional o procesos de conciliación internacional. Sin embargo, para que pueda concretarse esta posibilidad de acudir a cortes internacionales deben existir convenios arbitrales específicos.

En caso de que el Estado ecuatoriano suscriba tratados en materia de protección de inversiones con posterioridad, cada uno de ellos debe ser objeto de pronunciamiento de la Corte Constitucional, antes de determinar si corresponde su aprobación legislativa y su posterior ratificación, aclara la entidad.

El dictamen fue aprobado con seis votos a favor de los jueces Karla Andrade Quevedo, Carmen Corral Ponce, Alí Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez, Daniela Salazar Marín y Hernán Salgado Pesantes. Hubo dos votos salvados de los jueces Ávila Santamaría y Enrique Herrería Bonnet. Y un voto en contra del juez Agustín Grijalva Jiménez.

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Los jueces Herrería y Ávila expresaron que el dictamen de mayoría no realiza una interpretación acorde con la integralidad del texto constitucional. Ellos consideran que el Ciadi sí requería la aprobación previa de la Asamblea Nacional, pues el artículo 419 numeral 7 debió ser analizado de forma concordante con el artículo 422, con el fin de preservar la unidad de la Constitución.

El artículo 422 dispone que no se podrán celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.

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El pasado 21 de junio, la embajadora de Ecuador en EE. UU., Ivonne Baki, firmó el convenio tras once años desde que Ecuador se retiró, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa en 2009. De esta manera, el país se convierte en el número 164 en adherirse al acuerdo.