Desde la convocatoria a elecciones, el pasado 21 de agosto, hasta este 20 de diciembre, se han detectado 14.045 “evidencias” (artículos promocionales) de campaña electoral anticipada, según el monitoreo que han realizado las delegaciones provinciales electorales del país. En un informe del Consejo Nacional Electoral (CNE), se calcula que estas evidencias están valoradas en 1′335.565,29.

La campaña electoral de los comicios seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) del 2023 se inicia oficialmente el 3 de enero y termina el 2 de febrero.

Durante ese mes, los candidatos y sus agrupaciones políticas están autorizados a hacer proselitismo político con fondos privados, y a pautar en los medios de comunicación con recursos estatales. Las elecciones están previstas para el 5 de febrero del 2023.

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En el reporte del CNE no se señala qué aspirante o partidos están incumpliendo la norma. Lo que sí se desglosa son las provincias en las que más se han hallado estas “evidencias”.

En Manabí se han hallado 3.557, que equivalen $ 86.791,77; le siguen Guayas, con 2.990, que equivalen a $ 302.530,12; El Oro, con 2.240, valoradas en $ 127,351,33; Santa Elena, con 1.308, valoradas en $ 64.015,50; y Chimborazo, con 865, que equivalen a $ 7.385,80.

El Código de la Democracia señala que estos gastos se imputarán del límite establecido.

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Hasta el momento no se conoce la lista de definitiva de candidatos para las 5.660 dignidades: alcaldes, prefectos, concejales urbanos y rurales, y miembros de juntas parroquiales rurales, y vocales del CPCCS. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) anunció el pasado 23 de diciembre que ya había terminado de revisar las impugnaciones y exhortó al CNE a proseguir con las fases correspondientes. (I)