Con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en acefalía, la comisión ciudadana que desarrolla el concurso público para la elección del titular de la Defensoría Pública suspendió sus actividades, mientras se resuelven recursos de acción de protección planteados por los concursantes en la justicia ordinaria.

El concurso público para la designación del titular de la Defensoría Pública se lleva a cabo con catorce concursantes admitidos, por lo que la comisión ciudadana se alistaba a concluir la etapa de calificación de méritos.

A su vez, estaba preparando la logística para que los catorce aspirantes rindan el examen oral y escrito de conocimientos, según lo determina el reglamento para la selección de esta autoridad.

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No obstante, el presidente de la comisión ciudadana, William Falconí, informó a los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana que se suspenderán esas actividades, en tanto la justicia ordinaria resuelve los recursos constitucionales.

Suspendió dos convocatorias a sesiones para conocer los recursos de revisión al informe de calificación de méritos y la preparación del examen escrito y oral.

Esto sucede en medio de la acefalía que enfrenta el pleno del Consejo de Participación Ciudadana, luego que los siete -ahora exconsejeros- fueron destituidos por incumplir un fallo de la Corte Constitucional (CC) al no designar al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) de la terna que envió la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

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En la actual coyuntura, solo hay dos vocales en funciones, que eran suplentes y se principalizaron: Gina Aguilar y Olindo Nastacuaz, pero que tampoco pueden actuar, pues requieren de al menos cuatro consejeros para sesionar y la Asamblea Nacional no resuelve cuándo posesionará a nuevas autoridades del listado de candidatos más votados en los comicios del 2019.

De todas formas, según la plataforma tecnológica de la Función Judicial se han presentado unos tres recursos de acción de protección en contra de la comisión ciudadana, al sentir afectados sus derechos de participación durante la fase de admisibilidad en la que se revisó el cumplimiento de requisitos legales y de no estar incursos en inhabilidades.

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Una de las acciones de protección es de Wendy Sánchez, representante de la Asociación Agrícola Unión y Progreso, para exigir que se admita la participación de Héctor Toledo Valencia.

La acción la tramitó la jueza de la Unidad Judicial Penal de Quevedo (Los Ríos), Jenny Freire Arias, quien llamó la atención a los recurrentes por el “abuso del derecho” en la utilización de las garantías jurisdiccionales.

De acuerdo con el proceso, Héctor Toledo no había presentado los certificados del Ministerio del Trabajo, de la Contraloría General del Estado y del Servicio de Contratación Pública, que acrediten que no tiene inhabilidades para participar.

Sin embargo, a criterio de esta Asociación, la comisión ciudadana era la obligada a haber obtenido los certificados “en aplicación del principio de eficacia”, pues su omisión “afecta el derecho de participación de un profesional que sería un excelente defensor público” y también, porque “se le priva al país de contar con un gran profesional en ese espacio de trascendencia nacional”.

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La magistrada no admitió la acción de protección y concluyó que en el concurso público “no se han vulnerado los derechos constitucionales, la seguridad jurídica, el debido proceso y participación, así como ningún otro derecho establecido en la Constitución que pueda ser amparado mediante garantías jurisdiccionales”.

Dispuso a los miembros de la comisión ciudadana u otra autoridad externa, judicial o jurisdiccional, que “se abstengan de realizar cualquier acto ulterior para paralizar o suspender el normal desarrollo de este concurso”.

Finalmente, en su sentencia del 20 de enero de 2023, la jueza Freire determinó que su decisión debe ser un precedente para este y otros concursos para evitar “el abuso del derecho de postulantes que pretendan utilizar una garantía jurisdiccional para participar en concursos sin cumplir las normas y requisitos obligatorios establecidos en la norma pertinente de cada concurso, en función de garantizar la seguridad jurídica y el derecho a la igualdad con todas las personas que postulen”.

Otras acciones que están en trámite las plantearon concursantes inadmitidos como Salomón Montecé Giler, en Santo Domingo de los Tsáchilas, y Freddy Garzón Jarrín, en Chimborazo.

Una cuarta acción de protección la planteó Ricardo Silvera Chóez, a quien se le adjudicó un contrato para que se encargue de la logística en la realización de este concurso público en el 2021, aunque en ese entonces el proceso ni empezaba.

La contratación se realizó durante la presidencia de la exconsejera y expresidenta Sofía Almeida por $ 63.160, más el impuesto al valor agregado (IVA).

Consejo de Participación Ciudadana apura contrataciones, pero los concursos de elección de autoridades no progresan

No obstante, el CPCCS, en la gestión del exconsejero y expresidente Hernán Ulloa, resolvió terminar unilateralmente el contrato, debido a la presunción de irregularidades en el uso del anticipo del pago por algo más de $ 44.000.

La institución solicitó que se ejecuten las garantías para recuperar el monto anticipado, pero hasta la actualidad no lo ha logrado.

Alrededor de esta contratación se presentaron denuncias ciudadanas por la sospecha de un delito de concusión, en el que estarían involucrados exfuncionarios del CPCCS y otra servidora que está en funciones.

Dicho contrato lo administró Manuel Balda, (hermano del activista político Fernando Balda), quien fue designado como subcoordinador de Gestión Administrativa del Consejo en la administración de Sofía Almeida.

En ese proceso se desembolsó el 70 % del anticipo al contratista ($ 44.000), pese a que la comisión ciudadana no estaba conformada, ni empezaba el concurso público para elegir al defensor público.

En todo caso, la audiencia pública para tratar esta acción de protección planteada por Ricardo Silvera se convocó para el 1 de febrero, a las 10:00, en el Complejo Judicial Norte en Guayaquil y estaría presidida por la jueza Lilia Acosta Pérez, de la Unidad Judicial Civil. (I)