Comisión ciudadana está lista para iniciar con la elección de un nuevo defensor público, en reemplazo de Ángel Torres Machuca

Un año y un mes le tomó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conformar la comisión ciudadana que seleccionará al titular de la Defensoría Pública, que lleva con un funcionario encargado desde agosto del 2018.

En septiembre del 2021 se convocó a la ciudadanía a postularse para ser parte de esta comisión y después de un año y un mes se posesionó a sus diez miembros: cinco representantes de la ciudadanía y cinco de las funciones del Estado.

Esta comisión es la primera que logra integrar el pleno del Consejo de Participación Ciudadana en lo que han sido sus tres años de gestión.

La noche del 20 de octubre fueron posesionados los diez integrantes y este viernes cumplieron con su primera actividad, que fue nombrar al presidente y vicepresidenta.

Los nuevos comisionados son Diana Villacís Acosta, Willian Falconí Calderón, Víctor Vásconez Merelo, Gina Montalván Bravo y Jorge Hernán Poma, en representación de la ciudadanía.

Por las funciones del Estado están Jéssica Rojas Vallejo, de la Función Electoral; Jéssica Burbano Piedra, de la Judicial; María José Valverde Borja, de la Legislativa; Luis Mejía López, de Transparencia y Control Social; e Isabel Noboa Nowak, de la Ejecutiva.

En su primera sesión instalada este 21 de octubre se eligió a Willian Falconí como presidente y a Jéssica Rojas como vicepresidenta. Solo la comisionada Noboa se abstuvo de votar por Rojas.

Una vez que la comisión inició sus funciones, el Consejo de Participación Ciudadana deberá convocar oficialmente a los ciudadanos interesados a postularse para ser titular de la Defensoría Pública, quienes deberán cumplir los principales requisitos, como ser ecuatoriano y hallarse en goce de los derechos políticos; tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país; haber ejercido con probidad notoria la profesión, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo de diez años.

La convocatoria la elaborará la comisión ciudadana, que tiene once atribuciones, entre las que están revisar el cumplimiento de requisitos de quienes se candidaticen a ser defensor; resolver las solicitudes de recalificación de méritos y acción afirmativa, así como las impugnaciones ciudadanas que sean admitidas a trámite.

Deben remitir al pleno del Consejo de Participación Ciudadana el informe final del concurso de oposición y méritos, en el que constará el orden de puntuación de los candidatos.

Deben designar a su secretario; emitir los informes correspondientes en cada una de las etapas del concurso, así como el informe final de trabajo.

La normativa señala que los informes se realizarán de forma motivada e individual, por lo que está prohibido por “razones genéricas descalificar postulantes”.

“En todos los casos, los informes contendrán la justificación anunciando los hechos de cada caso concreto, la norma y la relevancia de la norma con los hechos anunciados”, declara el reglamento.

En la actualidad, la Defensoría Pública está presidida por Ángel Torres Machuca, quien fue escogido en agosto del 2018 como encargado para ese cargo por decisión del extinto Consejo de Participación Ciudadana de Transición, al declararse desierto el concurso que se efectuaba por falta de postulantes.

Durante la posesión de los miembros de la comisión ciudadana este 20 de octubre, los consejeros Ibeth Estupiñán y Hernán Ulloa resaltaron que con esta acción se iniciará el concurso de selección, pues sobre Torres existirían cuestionamientos a su probidad. (I)