La comisión ciudadana para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) evitó responder al llamado a avanzar en el concurso público, que hicieron los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Durante una sesión de esta comisión convocada para este viernes, 16 de diciembre de 2022, el comisionado Diego Lucero, delegado de la Asamblea Nacional, mocionó incorporar en el orden del día un texto de respuesta al Consejo de Participación Ciudadana, pero no fue respaldado por sus colegas.

Esto sucedió debido a que el martes anterior, en una plenaria del Consejo de Participación Ciudadana, se discutió la inactividad en la comisión ciudadana que, después de casi cuarenta días en funciones, no ha aprobado el texto de convocatoria a la ciudadanía a postularse para la renovación de dos vocales principales y dos suplentes del Consejo Nacional Electoral, que tiene pendiente su primera renovación parcial desde noviembre del 2021.

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“Hago un llamado a que la comisión ciudadana trabaje, porque no conocemos qué resultados tiene en este mes y no ha elaborado ni ha aprobado la convocatoria al concurso. Cuidado y aquí haya un retraso con un interés político partidista”, expresó ese día la consejera Ibeth Estupiñán y el presidente Hernán Ulloa la respaldó.

“Hay que hacerles un llamado de atención, porque esto le está costando al país, esto le está costando al Ecuador y también tiene un costo político al Consejo de Participación Ciudadana, porque la ciudadanía no entiende que nuestra labor culminó con la posesión de las comisiones ciudadanas y son las comisiones las que tienen que llevar el concurso de designación de estas autoridades. Esto no entiende la ciudadanía, por lo que cualquier atraso en la designación, una novedad que ocurra, les echan la culpa a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y no podemos asumir esta responsabilidad teniendo tres concursos que ha iniciado al mismo tiempo y no haya convocatoria”, reclamó Ulloa.

Ello porque los comisionados se posesionaron en simultáneo con aquellos que elegirán a los titulares de la Contraloría General del Estado y de la Defensoría Pública, en cuyo caso, las dos están en la fase de revisión de requisitos de admisibilidad de los candidatos a ocupar esas dignidades.

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“La ciudadanía debe entender el costo político que ha tenido para nosotros, los consejeros, avanzar con estos procedimientos, esto ha tenido un costo para nosotros y no puede desperdiciarse ni un solo segundo de nuestro tiempo ni el de los ecuatorianos en darle dilaciones a los procesos de designación de autoridades. (…) La comisión ciudadana hasta la presente fecha no ha avanzado ni con la convocatoria para la designación”, añadió Ulloa.

Sin embargo, este viernes, quien preside la comisión para la renovación del CNE, Roberto Bhrunis, desestimó el planteamiento de emitir una respuesta para evitar aclarar lo que se “dice en la prensa”.

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“Conozco cómo actúan en estos casos quienes estén interesados en que exista un proceso de polémica entre nosotros y el pleno. No quiero ser partícipe de este juego. Hay otros intereses que están detrás de querer que caigamos en lo que ellos buscan. Estar en contradicción, estar aclarando, volviendo a aclarar, si faltó una j, por qué faltó. Lo típico de todo proceso que trata de ser enturbiado y no podrá ser enturbiado porque nosotros venimos de un concurso transparente”, justificó Bhrunis, excandidato a asambleísta y exjuez de la Corte Constitucional (CC) que funcionó en el gobierno de Rafael Correa.

A su criterio, ellos están con su “conciencia tranquila y limpia” y aseguró que están actuando dentro de los plazos legales; además, que recién el Consejo les asignó cuatro miembros del equipo técnico de apoyo, cuando son ocho para el trabajo de la revisión de los expedientes de postulación.

“No quisiera como comisión que nos pongamos en entredicho con el pleno del Consejo, por eso no he atendido entrevistas a la prensa, porque no es oportuno ponernos a esclarecer qué estamos haciendo o qué no. Debemos seguir nuestra línea y seguir trabajando, todos sabemos en dónde están las debilidades y no es en nosotros”, añadió.

Lo secundó la comisionada Andrea Romo, delegada de la Presidencia de la República, que indicó que una consejera del CPCCS (no dijo su nombre) solicitó un informe de actividades; pero, “a los únicos a los que la comisión le debe informes, es al pleno. Entonces, al no haber sido una solicitud del pleno…”.

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El comisionado Diego Lucero insistió en que haya un pronunciamiento para aclarar las actividades de la comisión. “De ninguna manera es mi intención entrar en polémica, pero si ellos han hecho un pronunciamiento, mal haríamos en quedarnos callados. Es necesario dejar constancia”, recalcó.

Su moción se sometió a votación, pero no tuvo el apoyo de sus compañeros.

La sesión avanzó y continuó con el debate de un punto en el que se han concentrado en anteriores reuniones, como es el modelo de los formularios de postulación y hoja de vida para quienes aspiren a participar en el concurso público de elección de los consejeros electorales.

La próxima semana los comisionados seguirán debatiendo sobre este tema, además de la posibilidad de conocer un proyecto de texto de convocatoria para la postulación al proceso de elección, que deberá ser aprobado por el pleno del CPCCS.

A propósito de los pocos avances en las etapas de este mecanismo de selección de autoridades del Estado, Hernán Ulloa alertó el pasado martes, que el organismo tomará las decisiones pertinentes si es que no se avanza conforme a la ley y de “forma dinámica”. (I)