La exigencia de una denuncia previa constituye una camisa de fuerza para que el Comité de Ética pueda actuar ante eventuales comportamientos y acciones reñidas con la moral, ética y prohibiciones de los asambleístas, contempladas en la Constitución y la Ley de la Función Legislativa.

El artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que el Comité de Ética no podrá actuar de oficio, que está facultado a sustanciar las denuncias sancionadas con destitución.

En los dos meses de instalada la actual Asamblea Nacional no hay denuncias presentadas en contra de legisladores; aunque en las ocho semanas de actividades legislativas se han registrado hechos que motivaron a los propios asambleístas a levantar alertas, sobre la conducta de sus colegas, pero no llegaron a formalizar denuncias.

Desde la misma Asamblea advirtieron de una supuesta inconducta que habría cometido la legisladora Ana Belén Cordero (CREO), por declaraciones mantenidas por el sector de gobierno con asambleístas de otras tiendas políticas antes de la instalación del actual periodo legislativo para integrar la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), dando lugar a los camisetazos.

Este caso fue denunciado por la bancada socialcristiana, por ello presentó un proyecto de resolución para que el pleno solicite una investigación a Ana Belén Cordero, pero no obtuvo los votos; pero tampoco el PSC hasta el momento formaliza la denuncia ante el Comité de Ética.

También hubo el caso del legislador de Chimborazo Mariano Curicama (BAN), quien el 7 de julio pasado fue sentenciado a dos meses de prisión por el delito de concusión (cobro de diezmos), cuando se desempeñó como prefecto de su provincia. Al momento, en la Asamblea no hay una denuncia ante el Comité de Ética.

El tercer caso se trata de la representante de Napo por el movimiento Pachakutik, Rosa Cerda Cerda, quien emitió declaraciones en una convención de su organización política en Napo, donde pronunció la polémica frase: “Si roben, roben bien. Justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros”.

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Lo expresado por Cerda causó alarma nacional y asombro entre los legisladores, pero ningún sector legislativo presentó una denuncia ante el Comité de Ética.

En la última semana, el legislador Luis Almeida (PSC) denunció en sus redes sociales la existencia de contratos del asambleísta nacional de Pachakutik, Ricardo Vanegas Cortázar, con Petroecuador a través de empresas de seguridad donde asegura que es accionista mayoritario. Al momento, Almeida Morán no formaliza ninguna denuncia ante el Comité de Ética, sobre este caso; pero afirma que los documentos están en la Comisión de Fiscalización.

Voluntad para el trámite

Dalton Bacigalupo, de la Izquierda Democrática y miembro del Comité de Ética de la Asamblea, comentó que en el organismo encargado de juzgar la conducta de los asambleístas existe la voluntad de tramitar cualquier iniciativa, pero lo que está pasando es que desde los bloques se enuncian posiciones, pero no se concretan con la presentación de las denuncias.

Que el Comité tiene la capacidad de juzgar a los asambleístas cuando ellos han incurrido en incumplimiento de prohibiciones que están establecidas en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa como gestionar cargos públicos, recibir diezmos de sus colaboradores, tener contratos con el Estado o recibir remuneraciones del sector público paralelas a las que tiene como legislador. Pero para iniciar una investigación debe haber una denuncia.

“No se puede actuar de oficio, estamos limitados por norma legal”, afirmó Bacigalupo, al explicar que en el caso del asambleísta Mariano Curicama, el proceso aún está en la Función Judicial, pues la sentencia de dos meses de prisión es de primera instancia y es apelable; consecuentemente no está en firme. “Y no podemos interferir en la actuación de la Función Judicial, y se tiene que respetar el principio constitucional de la inocencia”, añadió.

En cambio, lo realizado por Ana Belén Cordero cae dentro de un comentario político que no es causal de investigación, anotó Bacigalupo.

Jorge Abedrabbo (PSC), quien planteó la moción para que el pleno ordene investigar a la asambleísta Ana Belén Cordero, no obtuvo el respaldo en votos, pero tampoco formuló una petición ante el Comité de Ética.

Lo que se reflejó en esa votación, dijo, es que muchos no quieren ser investigados, y no descarta presentar una denuncia ante el Comité de Ética, pues a su criterio la gente está cansada de que se repartan hospitales, de asambleístas huidos, presos y que cobraban diezmos.

Rosa Cerda recibiría una ‘sanción leve’ si el CAL acoge un pedido

La suspensión sin remuneración por ocho días sería la máxima sanción que podría recibir la asambleísta de Pachakutik Rosa Cerda, si el Consejo de Administración Legislativa (CAL) acoge el exhorto del Comité de Ética, para que analice la conducta de la legisladora que habría cometido una falta administrativa.

Esa falta estaría relacionada con los deberes éticos de la actividad parlamentaria como es actuar con probidad y coadyuvar a elevar el prestigio de la institución, y desempeñarse frente al público, sea en la Asamblea o fuera de ella, con una conducta correcta, digna y decorosa y evitar actuaciones que pueden afectar la integridad de la Función Legislativa.

La suspensión por ocho días significa que Rosa Cerda dejaría de percibir $ 1.328. Esa sería una sanción diminuta frente al daño que hizo a la Función Legislativa, advirtió Dalton Bacigalupo, pero eso establece la Ley.

El Comité exhortó al CAL para que analice la conducta de la legisladora, quien no estaría incursa en las prohibiciones contempladas en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Pero en el caso de la asambleísta de Pachakutik Rosa Cerda, según el legislador Bacigalupo, que en su discurso hizo apología del robo, es una falta administrativa y por ello el Comité con base en el numeral 3 del artículo 165, que se refiere a sus atribuciones, explícitamente señala que puede “proponer o pronunciarse respecto a iniciativas que busquen fomentar la ética y transparencia dentro de la Asamblea Nacional”. Y el único órgano administrativo que tiene la legislatura es el CAL, acentuó Bacigalupo.

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El representante de la ID consideró que el caso de la legisladora Cerda cae en una falta leve que se refiere a inobservar las disposiciones institucionales de respeto a los símbolos y normas de comportamiento, que lesionan a la imagen institucional. Ha violado los deberes éticos del asambleísta, porque ha realizado declaraciones que comprometen la imagen y prestigio de la Función Legislativa, pues está haciendo apología de la corrupción y del roben bien.

Atribuciones del Comité de Ética

• Iniciar, previa denuncia y de conformidad con esta Ley, el proceso de investigación en contra de cualquier asambleísta que haya incurrido en infracciones señaladas en el artículo 127 de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
• Emitir un informe motivado, que pasará a conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional para su respectiva resolución y ejecución.
• Proponer o pronunciarse respecto a iniciativas que busquen fomentar la ética y transparencia dentro de la Asamblea Nacional. (I)