El presidente de la República, Guillermo Lasso, será llevado a juicio político por supuestos delitos contra la seguridad del Estado y omisión en delitos contra la administración pública, luego que 104 asambleístas aprobaron un resolución que recomienda la interpelación tras una investigación política a nivel legislativo.

La Asamblea Nacional, este 4 de marzo, cerró un debate de 54 días que se originó por una filtración de audio sobre supuestos negocios de Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, Guillermo Lasso, en las empresas públicas, y que terminó recomendando un juicio político, en el que se habla de posibles vinculaciones con el narcotráfico.

Asamblea Nacional abre el telón para debatir y resolver sobre informe que recomienda enjuiciar políticamente al presidente, Guillermo Lasso

Tras siete horas de sesión, la Asamblea Nacional aprobó el texto de resolución planteado por la presidenta de la Comisión ocasional por la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción, Viviana Veloz (UNES), donde se incluyeron algunas modificaciones y dio paso a un pedido de su aliado político el Partido Social Cristiano, que pidió precisar que Guillermo Lasso será llevado a juicio político “en el grado de comisión por omisión, al tenor de lo que prescriben los artículos 23,28, 42 y 422 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Texto de resolución

El texto de la resolución fue aprobado por 104 votos a favor, cuyos votos corresponden a las bancadas Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC), movimiento Pachakutik (PK), Izquierda Democrática (ID) y algunos independientes (IND).

En contra se pronunciaron 18 legisladores que representan al oficialismo representado en la Bancada Acuerdo Nacional (BAN); también hubo tres abstenciones de los legisladores Mariano Curicama (BAN), Marcos Molina (ID) y Fernando Villavicencio (CN-PSE).

El texto resolutivo que se votó es el siguiente:

Artículo 1.- Aprobar el Informe del Gran Padrino: Delitos contra la Administración Pública y la Seguridad del Estado, elaborado y aprobado por la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha Contra la Corrupción; en el Caso Denominado “El Gran Padrino” con los siguientes cambios:

Reemplazar la recomendación número 3 por el siguiente texto: “3. Enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, en el grado de comisión por omisión, al tenor de lo que prescriben los artículos 23, 28, 42 y 422 del Código Orgánico Integral Penal, pues conductas analizadas se adecuan al cometimiento de los delitos establecidos en el artículo 129 numeral 2 de la Constitución.”

Eliminar los tres últimos párrafos de la página 141 y toda la página 142 -resaltados con rojo- previo al capítulo denominado “León de Troya: ¿El informe perdido?”.

Artículo 2.- Notificar con el contenido del informe y de la presente resolución a la Presidencia de la República, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, Consejo Nacional Electoral y al Consejo de la Judicatura.

Dada y suscrita en la ciudad de Quito a los cuatro días del mes de marzo del año 2023.

Debate

El debate sobre el informe presentado por la comisión ocasional por la verdad, justicia y lucha contra la corrupción respecto al caso denominado ‘el gran padrino’, tuvo algunos matices: denuncias de omisiones, acusaciones, aclaraciones y advertencias.

El bloque de UNES pegaron carteles en sus curules “LassoAjuicio”, mientras que la bancada BAN colocó letreros, también sobre sus curules que decían “informe de mentiras”.

La presidenta de la comisión ocasional, Viviana Veloz (UNES), defendió el informe aprobado en la mesa con seis votos e insistió el Gobierno de Guillermo Lasso, permitió que la mafia albanesa permee la maquinaria institucional, que las cifras desnudan la “incompetencia presidencial y sus terribles efectos en la población; como decir que los ecuatorianos hemos sido traicionados por el presidente de la República cuando oculta grave información que pone en riesgo a la sociedad y paz de los ecuatorianos”.

Cuando el primer mandatario prefiere cubrir los vínculos de su cuñado, Danilo Carrera, a la banca, a los usureros y al narcotráfico y no proteger los sagrados intereses de los ecuatorianos. Así como también ordena desaparecer la investigación que atacaba a la mafia albanesa.

El asambleísta nacional, Fernando Villavicencio, reclamó que en el informe que presentó la comisión ocasional se haya excluido los vínculos del narcotráfico y la mafia albanesa con sectores políticos y autoridades recién electas y que tiene relación con el movimiento UNES y también de CREO. Que no solo es la mafia albanesa, sino los carteles mexicanos.

Que la historia del narcotráfico no son solo los albaneses y los turnos, sino que su historia es de larga data, y que sangre se comenzó a contaminar desde que las FARC, de Colombia, que protege a los narcos financió la campaña de un movimiento político.

El legislador Luis Almeida del PSC aseguró que habrá juicio político al primer mandatario y dijo que presentará las pruebas sobre quienes se beneficiaron del negocio de los bonos de la deuda externa y que pedirá la comparecencia del presidente, Guillermo Lasso, para que rinda su versión.

Ricardo Vanegas del bloque Pachakutik habló que el informe en debate tiene algunas trampas, y aseguró que los miembros de la comisión ocultaron la información que presentó el Superintendente de Compañías, en calidad de reservada, y que se refiere a políticos ecuatorianos que están vinculados con los albaneses.

Aseguró la información proporcionada determina que hay presencia de los albaneses en las provincias de Guayas, Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi, y que incluso presentó los nombres de las empresas que aparecen en el informe de ‘el gran padrino’, pero que la comisión ocasional enmudeció sobre los vínculos con los políticos de UNES, PSC, ID y Sociedad Patriótica.

Pedro Zapata (PSC), aclaró a Vanegas de que era información reservada, y para desclasificar esa información se debe seguir un trámite; por eso mismo, no dieron los nombres. “Si hay nombres que se expongan al pueblo ecuatoriano, hay que hablar con la verdad y si hay asambleístas y ciudadanos que están inmersos en estas practicas ilegales del narcotráfico que se acuda a la fiscalía a denunciar”.

La asambleísta, Patricia Sánchez (PK), advirtió que se pretende vender la idea de que quienes patrocinan el informe UNES, PSC y parte de la ID, tienen como verdadera intención la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, pero que eso no es así; “este juicio político es un tongo, que esconde acuerdos bajo la mesa que se viene dando desde antes por estos mismos partidos políticos.

El legislador Ronny Aleaga (UNES), aclaró que dentro de sus comparecencias en esta investigación fue claro, pero que él puede probar que en los reportes de ingresos quincenales de la primera vuelta electoral de 2021 están los aportes de Danilo Carrera Druet, por $250 mil en la campaña de Guillermo Lasso.

El coordinador de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores, señaló que con una publicación falsa en redes sociales se pretende señalar al presidente de la República, Guillermo Lasso, y tomó un papel lo estrujó y lo lanzó en dirección de la asambleísta, Mireya Pazmiño.

Insistió que no hay pruebas ni tampoco causales, que esto no es más que una fábula que buscaron construir, donde les va a quedar la moraleja de que no pueden volver a usar a la Asamblea Nacional y mucho menos engañar al pueblo ecuatoriano.

La representante de la Izquierda Democrática, Johana Moreira, reclamó al presidente de la legislatura porque se ha pedido días enteros en el Parlamento hablando de diez a quince minutos hablando del día del bizcocho, y que en este debate sobre ‘el gran padrino’ se limita a cinco minutos.

Afirmó que el informe presentado al pleno no desarticula la red de corrupción porque no les conviene, porque así como se cayeron algunas páginas del informe sobre financiamiento de Leonardo Cortázar a la campaña presidencial de 2021 del correísmo, también se cayeron las páginas donde se habla del financiamiento de la mafia albanesa al Gobierno o a la campaña de CREO. (I)