La propagación de la variante ómicron del coronavirus obligó a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) a postergar su jornada de protestas indefinidas en contra del gobierno de Guillermo Lasso. Pero nuevas acciones se preparan, como fomentar un proyecto político desde la sociedad civil y, además, exigen que no se restrinjan los derechos de aquellos ciudadanos que han decidido no vacunarse contra el COVID-19.

Estas son parte de un conjunto de nueve resoluciones que se tomaron el pasado martes en Quito, durante el consejo ampliado que reunió a dirigentes y bases de la Conaie, que agrupó a las filiales de la Ecuarunari y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae). No participó el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa (Conaice), Javier Aguavil, quien no consta como suscriptor de esta declaración oficial.

Conaie no resolvió fijar una fecha para la protesta nacional, pero estará en movilización permanente

El movimiento indígena, si bien postergó su marcha de protesta, mantendrá movilizaciones en los territorios para continuar los debates sobre la coyuntura política y nacional. El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, afirmó, en una entrevista con el medio digital de la organización la noche del miércoles, que estas medidas responden a la falta de respuestas del presidente Guillermo Lasso a las seis demandas expuestas durante el encuentro que mantuvieron en noviembre pasado en el Palacio de Gobierno.

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Entre estas, que se reduzcan los precios de los combustibles a $ 1,50 el galón del diésel y $ 2,10 el galón de gasolina extra.

Entre otras resoluciones, está el de llamar a una “unidad pragmática” para construir un proyecto político que enfrente a las políticas neoliberales del Gobierno nacional, que integre a las organizaciones sociales sindicales, de maestros, estudiantes, campesinos, entre otros.

Se planteó la creación de una “plataforma de lucha nacional” para hacerle frente a la explotación petrolera y minera que estaría contribuyendo al cambio climático.

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Trámite de amnistías empieza en la Asamblea: Criminalización de la protesta y persecución política alegan peticionarios

En lo político, exigen a la Asamblea Nacional y en especial al movimiento político Pachakutik (brazo electoral de la Conaie) que dé paso a la solicitud de 370 amnistías a dirigentes y miembros del movimiento indígena, procesados por su presunta participación en las violentas protestas de octubre del 2019.

Pese a que el movimiento indígena reconoce los efectos de la pandemia, exigió al régimen que no aplique la coerción, el uso de la fuerza y la restricción de derechos para aquellos que decidieron no vacunarse contra el virus.

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Leonidas Iza indicó que la Conaie respeta la decisión voluntaria de quienes se vacunaron, pero exhortan a las autoridades sanitarias que no se implementen medidas de coerción para quienes de forma consiente no se vacunan.

Frente Unitario de Trabajadores postergó la jornada de protesta convocada para el 19 de enero

“Exhortamos a no ejercer la coerción contra la población que ha decidido no vacunarse. El Estado debe garantizar información sobre la salud pública y no coerción. Llamamos a fortalecer el uso adecuado y complementario de nuestra medicina ancestral”, señaló Iza.

A estas resoluciones se integró la de rechazar a los medios de comunicación, a quienes acusó de ser aliados del Gobierno, porque vienen “instaurando como enemigo interno” al movimiento indígena, y en ese sentido, rechazó que se insinúe que en lo interno, las estructuras de las regionales estén divididas. “Hay una unidad indisoluble en las bases”, aseguró el dirigente. (I)