El concurso para elegir al titular de la Defensoría Pública, que lleva a cabo una comisión ciudadana de selección, se desarrolla en medio de irregularidades que preocupan en la Asamblea Nacional, mientras que el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no se ha pronunciado.

Para este martes 28 de marzo a las 09:00, la comisión ciudadana de selección, que se encarga de desarrollar el concurso público, convocó a los quince postulantes que aspiran a ser defensor público a rendir el examen escrito que lo elaboró un grupo de siete catedráticos.

El llamado a dar esta prueba se hizo con 72 horas de anticipación, pese a que el reglamento para elegir a esta autoridad determina en su artículo 39 que la convocatoria “deberá efectuarse al término de 15 días contados a partir de iniciada la etapa de calificación de méritos”.

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De acuerdo con los registros oficiales, la calificación de méritos se realizó el 11 y 12 de enero del 2023.

El examen escrito al que se someterán los postulantes consta de 60 preguntas que elaboraron siete catedráticos, cuya selección se dio por un sorteo público sin la presencia de la notaria que debía dar fe de ese acto.

El 14 de diciembre del 2021, el CPCCS sorteó a la notaria María del Pilar Flores Flores para que dé fe de todas las actividades del concurso público.

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Pero el 23 de enero de 2023, la comisión ciudadana resolvió hacer un sorteo paralelo y eligió a una notaria distinta: Rocío García Costales.

Su decisión se dio pese a que el artículo 6 del reglamento le otorga al CPCCS la facultad de seleccionar por sorteo de la nómina de notarios a aquel que dará fe pública de las actividades.

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Luego, el 23 de marzo, el equipo de catedráticos se instaló en uno de los pisos del Consejo de Participación Ciudadana para elaborar el banco de preguntas y los casos prácticos al que se someterán los concursantes. Los asistió la notaria electa por el CPCCS, María del Pilar Flores, quien acudió a reclamar que ella había sido la designada para vigilar el proceso.

Los catedráticos tenían cinco días para cumplir con su tarea que debía realizarse bajo absoluta reserva; y este sábado, la comisión ciudadana sesionó para conocer la renuncia del catedrático Edwin Aceldo y posesionó a otra docente, Esther Silvestre.

Ese mismo día, el presidente de la comisión ciudadana, William Falconí, comunicó a la presidenta del Consejo, Gina Aguilar, que convocó a rendir el examen escrito este martes, 28 de marzo, en uno de los salones del Consejo de la Judicatura (CJ).

Su decisión tuvo críticas desde el interior de la comisión. La mañana de este lunes, los comisionados sesionaron para aprobar actas y conocer que se había convocado a los postulantes a rendir el examen.

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Ahí, la comisionada Jéssica Rojas, delegada de la Función Electoral, pidió que se certifique cuál había sido el trabajo de la catedrática Esther Silvestre, quien se posesionó el sábado. Además, que William Falconí convocó el mismo sábado a rendir la prueba, sin que los comisionados hayan conocido de ello y, al contrario, se enteraron por redes sociales, increpó Rojas.

Irritado, el presidente de la comisión, William Falconí, le espetó que ese punto no estaba en el orden del día y clausuró de inmediato la plenaria.

Se escuchó a la comisionada Rojas responderle: “¡Porque no le conviene!”.

En paralelo, asambleístas del bloque de Pachakutik (PK) pidieron información al Consejo de Participación Ciudadana respecto del concurso de selección, al enterarse que tres de los miembros de la comisión ciudadana actuaban pese a tener impedimento para ejercer cargo público, según los registros del Ministerio del Trabajo.

En un documento suscrito el 23 de marzo último, los legisladores Efrén Calapucha, Consuelo Vega, Guadalupe Llori, Joel Abad, Celestino Chumpi, Patricia Calderón, José Chimbo pidieron a los siete vocales del CPCCS que están en funciones que les informen qué acciones tomaron, pues es “su responsabilidad precautelar la transparencia de los concursos de selección de autoridades”.

Los comisionados en representación de la ciudadanía y que aparecían con impedimento para ejercer cargo público eran el presidente, William Falconí, Diana Villacís Acosta y Jorge Tipán Poma.

Los tres reportaban, en enero pasado, deudas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), según los certificados que tienen una duración de 24 horas.

No obstante, a la fecha actual, según el portal del Ministerio del Trabajo, ninguno de los comisionados presentaba impedimento.

Los legisladores dieron un plazo de diez días para que los siete consejeros informen las acciones que se tomaron sobre el proceso de selección de esta autoridad. (I)