Consejeros del CPCCS destituidos activarán acción de protección para echar abajo resolución de la Asamblea Nacional

Los cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCSS), que fueron destituidos de su cargo por la Asamblea Nacional fueron notificados, este 21 de noviembre, y con ello activarán una acción de protección con medidas cautelares para dejar sin efecto la resolución legislativa del 18 de noviembre pasado.

Los destituidos Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo actuarán en conjunto y este lunes trabajaron en el documento y pruebas que servirán para presentar la acción judicial.

Los cuatro consejeros censurados y destituidos del CPCCS impulsarán un frente común para impugnar decisión legislativa

Los consejeros parten del hecho de que se violaron varios derechos constitucionales como el debido proceso, el legítimo derecho a la defensa, la ausencia de informes para que el proceso de juicio se lleve adelante en el pleno de la Asamblea Nacional.

La consejera destituida María Fernanda Rivadeneira afirmó que el propio secretario general de la Asamblea Nacional certificó que no se habían presentado los informes correspondientes al pleno para dar inicio al juicio político; por lo tanto, nadie puede ser juzgado sin el debido proceso, anotó.

Rivadeneira señaló que agotarán todas las instancias nacionales para defender su derecho y acudirán a instancias internacionales, de ser necesario, porque el proceso de juicio político es nulo de nulidad absoluta.

Ibeth Estupiñán también dijo que la ciudadanía está indignada por la actuación de la Asamblea Nacional porque es un acto ilegal y un atentado a la democracia del país, con el único propósito de tomar el control en la designación de las autoridades cuyos procesos de selección y convocatoria continúan.

En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, reiteró que se siguió el debido proceso y la aplicación estricta del último inciso del artículo 142 de la ley orgánica de la Función Legislativa en que se establece que podía darse el juicio y que, en efecto, se sustanció; por lo tanto, no existe ninguna violación al procedimiento.

Saquicela aclaró que la Comisión de Fiscalización tenía hasta el día 8 de noviembre para presentar el informe sobre el juicio al pleno del Parlamento, pero no se presentó, y que el 9 y 10 de noviembre tenía, la mesa de fiscalización, para presentar un informe de posiciones y tampoco hubo. Y que el 9 de noviembre bajo una reconsideración planteada por el sector del Gobierno a la votación del informe realizada el día 8 de noviembre en la comisión de Fiscalización, pasó la resolución, pero esta estaba fuera de plazo.

Insistió en que se aplicó el artículo 142 de la ley de la Función Legislativa y para ello se adjuntó un link con toda la información de la sustanciación total del proceso. Con eso se notificó a los legisladores y los cuatro consejeros, por lo tanto, los fundamentos de los exconsejeros no tienen razón de ser y se ha contestado en ese sentido a la justicia.

Afirmó que no puede haber intromisión de la justicia en otro poder del Estado y menos en la función Legislativa. “Cada quien tenemos nuestro ámbito y en ese se tiene que resolver, respetemos la constitucionalidad y la democracia, afirmó.

La destituida consejera Rivadeneira, reunida con los tres interpelados, hizo un llamado a los jueces para que no hagan caso de lo que señala el presidente del Parlamento, que los veredictos de los jueces deben ser autónomos, imparciales y apegados a la ley. “No teman a los pronunciamientos del presidente, Virgilio Saquicela, que bien puede caer en una intromisión de las funciones cuando dice que los jueces no deberían fallar en contra de la Asamblea”.

Hernán Ulloa, también destituido y que ejercía la presidencia en el CPCCS, comentó que la acción de protección será presentada este martes y que el sustento principal es el irrespeto al debido proceso, en el que están en juego las garantías de derechos de las personas procesadas.

En este proceso de interpelación realizado el 18 de noviembre pasado no hubo informe de parte de la Comisión de Fiscalización ante el pleno, por lo tanto, cualquier juez medianamente independiente debería aceptar las medidas cautelares y la acción de protección porque hay una violación flagrante a la ley.

Indicó que es falso lo que señala el presidente de la Asamblea Nacional de que el artículo 142 permitía la interpelación, cuando el texto se refiere a acciones de fiscalización a nivel de comisiones y no al control político, que tiene la atribución exclusiva de la Comisión de Fiscalización. (I)