Los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) deliberan en lo interno si aceptan o desechan las dos impugnaciones ciudadanas planteadas en contra de dos postulantes nominados por el presidente de la República, Guillermo Lasso, a participar en la designación de la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado.

La tarde de este 13 de octubre se sustanciaron dos audiencias públicas para la presentación de pruebas de cargo y descargo en el trámite de dos impugnaciones ciudadanas en contra de Juan Izquierdo y Yolanda Salgado, primero y segunda de la terna que remitió el jefe de Estado para designar esta autoridad.

A Juan Izquierdo lo objetó Sohar Romero Crespo, un abogado en libre ejercicio, quien argumentó que el impugnado pese a ser funcionario de la Procuraduría habría defendido a una transnacional holandesa en el 2012 en un proceso judicial.

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Romero lo acusó de estar involucrado en presuntas irregularidades en la operación de dos yates para las islas Galápagos y que, pese a ser funcionario de la Dirección Regional 1 de la Procuraduría, intervino en el “secuestro” de los barcos por parte de una compañía transnacional.

Izquierdo se defendió y pidió que se deseche la impugnación, aunque reconoció que presenció una de las diligencias en este caso porque el abogado que representaba a la empresa involucrada era su familiar. “Acudí a presenciar (la audiencia)”, aclaró y que ello había sido un sábado y fuera del horario laboral.

En el caso de Yolanda Salgado Guerrón su impugnante es María Belén Delgado Barahona, pero fue su abogado quien la representó en la diligencia en el CPCCS.

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Ella lo acusa porque durante su cargo como coordinadora nacional jurídica del Ministerio de Gobierno en el año 2019 y durante el gobierno del exmandatario Lenín Moreno habría tenido conocimiento de la “entrega de aproximadamente $ 300.000 en gases lacrimógenos y proyectiles de la Policía ecuatoriana al Ministerio de Defensa de Bolivia, sin contraprestación alguna a la fecha”.

Salgado aseguró que ninguna de las alegaciones de la impugnante estaba sustentada con pruebas, por lo que también pidió que se deseche la objeción.

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Ejemplificó que las notas de prensa internacionales, sobre las cuales se basaba la acusación, ninguna mencionaba su nombre. “No logro entender cuáles son las responsabilidades sobre las que se me acusa”, increpó Salgado.

Argumentó también que ser funcionaria de la cartera de Gobierno no debe ser motivo de un cuestionamiento e insistió en que no hay pruebas que determinen una responsabilidad que la convierta en una postulante que no acredite probidad.

El abogado Fernando Castillo, que representó a Delgado, insistió en que la impugnada en sus funciones como coordinadora del Ministerio de Gobierno, en ese entonces, habría supuestamente participado en un proceso “poco transparente” y que ello implicaría una omisión en el manejo de recursos públicos.

Luego de esta etapa, una comisión técnica del Consejo se encargará de elaborar un informe que recomiende a los consejeros aceptar o archivar las impugnaciones, para lo que tendrá un término de tres días. El pleno decidirá si lo acoge o no.

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En el caso de que sean acogidas, los postulantes serán descalificados y no podrán continuar en el proceso; o de lo contrario, se archivarán.

El artículo 23 de esa normativa determina que si “todos” los integrantes de la terna son descalificados por efecto de las impugnaciones, se requerirá una nueva lista al presidente de la República.

En tanto que, en el caso de que las quejas sean archivadas, Izquierdo, Salgado y Juan Larrea Valencia, el último de la terna y quien no fue impugnado, deberán presentarse en una audiencia ante el pleno y exponer un plan de trabajo que implementarían para la Procuraduría si llegaran a ser electos.

Después de esto, el pleno del CPCCS resolverá a cuál de los tres candidatos elige, para lo que requerirá del voto de cuatro de siete consejeros o lo hará por unanimidad. (I)