Consejo de Participación Ciudadana despeja vías legales para nombrar a Raúl González como superintendente de Bancos

En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se buscan los mecanismos jurídicos para que Raúl González Carrión asuma como titular de la Superintendencia de Bancos y así disolver la designación de Roberto Romero von Buchwald de las ternas que envió el presidente de la República, Guillermo Lasso, en el 2022.

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El tema está en discusión desde este 27 de febrero, cuando el pleno del Consejo de Participación Ciudadana ordenó al área jurídica elaborar un criterio que sirva de guía para tomar decisiones, en el contexto en el que la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas anuló una acción de protección que devolvió sus cargos a cuatro exconsejeros que fueron censurados y destituidos por la Asamblea Nacional, como son Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.

Extraoficialmente circuló ese informe jurídico que estaría en análisis de los siete consejeros y en él se recomienda tomar al menos tres alternativas: retomar la designación de Raúl González Carrión desde el 19 de julio del 2022, es decir, para que asista a presentar su plan de trabajo ante el pleno y voten ratificando su designación; o, al contrario, no aprueben su candidatura, lo que implicaría pedir una nueva terna.

Otro eje es declarar nulas todas las resoluciones tomadas por el anterior pleno del Consejo, desde el 18 de noviembre, cuando fueron censurados y destituidos los cuatro exconsejeros por el Parlamento, y con ello se resolvería sobre “el archivo del segundo proceso de designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos”. Es decir, archivar la designación de Roberto Romero von Buchwald que se decidió la madrugada del 3 de diciembre.

O también, ratificarse en la designación de Raúl González Carrión (pese a una sentencia de la Corte Provincial del Guayas que ratificó la nulidad de su elección) y, al contrario, exigir a las funciones del Estado que respeten la independencia del CPCCS para ejercer sus atribuciones de elegir autoridades.

Estas intenciones se amparan en un fallo de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas que declaró la nulidad de “todo lo actuado” por el exjuez de La Concordia Ángel Lindao en el trámite de una acción de protección que interpuso un ciudadano de nombre Manuel Párraga para que Ulloa, Rivadeneira, Bravo y Estupiñán vuelvan a sus cargos.

Los efectos de esa decisión fueron la anulación de todas las acciones dictadas por Lindao desde el 22 de noviembre, que comprendió otorgar las medidas cautelares y la acción de protección que anuló el juicio político que permitió a los cuatro exconsejeros asumir funciones y actuar.

La Asamblea Nacional informó al Consejo de Participación Ciudadana de este fallo, por lo que lo actuado por el exjuez Ángel Lindao “ha perdido valor legal y se ha retrotraído todo al momento anterior a la calificación de la demanda de acción de garantías jurisdiccionales, esto involucra a las medidas cautelares otorgadas por el juez, la sentencia de la acción de protección en el presente caso y todas las actuaciones y providencias que se hayan emanado en función del mismo”, recoge en un oficio enviado a la vocal Gina Aguilar, quien presidirá el CPCCS por los siguientes 74 días.

Con ello, la legislatura determina que el fallo de la Corte provincial deja en firme la resolución del 18 de noviembre del 2022, por lo que los cuatro exconsejeros fueron destituidos y censurados.

Entre el 23 de noviembre y el 2 de enero, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán estuvieron en funciones gracias a la acción de protección que dictó el exmagistrado.

Durante ese tiempo, agilizaron la elección de Roberto Romero von Buchwald, quien fue escogido la madrugada del 3 de diciembre del 2022, con cuatro votos afirmativos, pues Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos no participaron de ese pleno en rechazo a sus colegas de la mayoría.

Roberto Romero provenía de una segunda terna que envió el presidente Guillermo Lasso, pues una jueza de Samborondón, Guayas (Larissa Ibarra) -que también fue destituida por el Consejo de la Judicatura- anuló la designación de Raúl González.

La exmagistrada concluyó que se habían afectado los derechos de participación de una ciudadana de nombre Michelle Guerra de Andrés y ordenó al CPCCS que realice un nuevo proceso de designación con una nueva terna.

Esa orden se dio en medio del rechazo del Gobierno nacional a la candidatura y designación de González, aunque fue el mismo presidente Lasso que lo postuló. Entre el 15 y 20 de julio del 2022 trascendió que desde la Casa de Gobierno se le había pedido que desista de mantener su postulación, pero él se negó.

González era el segundo candidato de la terna que la integraban Rosa Guerrero y Doris Padilla. Fue el único que cumplió los requisitos y no fue impugnado.

En una primera sesión del Consejo, el 19 de julio, no hubo los votos necesarios para designarlo; al siguiente día la plenaria se reinstaló y fue designado con el voto de los tres exconsejeros de minoría Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos, y se sumó el voto de Francisco Bravo.

Horas después, Michelle Guerra de Andrés planteó una acción de protección que fue aceptada por la exmagistrada Larissa Ibarra e inició la nueva designación.

El CPCCS y Raúl González apelaron y, en segunda instancia, la Corte Provincial de Guayas ratificó la nulidad de esta selección.

La Asamblea Nacional posesionó a Raúl González en el cargo e intentó asumir sus funciones, pero para impedirlo se rodeó de policías a las instalaciones de la Superintendencia de Bancos por varios días.

En respuesta, con la nueva designación que hicieron los cuatro exconsejeros, la legislatura no posesionó a Roberto Romero von Buchwald como superintendente; y ahora estarían a la espera de que el CPCCS vuelva a nombrar a Raúl González y envíe la resolución respectiva para su posesión. (I)