Consejo de Participación Ciudadana en apuros por elección del superintendente de Compañías

El presidente de la República, Guillermo Lasso, se adelantó a escoger a sus tres candidatos a dirigir la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, pero el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no tiene aún el reglamento para designar a la nueva autoridad.

Lasso remitió la terna la tarde de este 6 de enero, dos días antes de que se cumpla el plazo de 30 días que establece el artículo 436 de la Ley de Compañías, al configurarse la ausencia definitiva de Víctor Anchundia como superintendente, al ser censurado y destituido por un juicio político que se sustanció en la Asamblea Nacional, el 8 de diciembre de 2021.

Pero el CPCCS no ha podido aprobar el reglamento para elegir a la nueva autoridad, pese a que en dos ocasiones se sometieron a debate dos propuestas, por lo que se advierte hasta de un posible incumplimiento de funciones.

El consejero Francisco Bravo pidió a la presidenta Sofía Almeida que convoque a la reinstalación de la plenaria del 5 de enero para aprobar la norma, que se suspendió “abruptamente”.

Allanan las empresas Decevale y Citadel por el delito de falsedad de información en el sistema de mercado de valores

“Considerando que la sesión se suspendió sin resolver sobre un tema importante, y que podría acarrear un posible incumplimiento de funciones al no cumplirse los plazos y términos establecidos en la ley”, Bravo pidió la reinstalación, sin que hasta el cierre de esta edición se haya convocado a esta.

Mientras se produce la ausencia del superintendente titular lo remplazará Dorys Alvarado Benites, quien era la intendenta nacional de Compañías, nombrada por Anchundia.

En tanto, quien resulte electo por el CPCCS, “durará en el desempeño de sus funciones el tiempo que faltare para completar el periodo para el cual fue designada la persona en cuyo reemplazo asume el cargo”; es decir, hasta el 2024.

La terna presidencial está encabezada por Marco López Narváez, exmiembro de la Junta de Regulación Monetaria en el gobierno de Lenín Moreno; María García Plaza, notaria de la Notaría 23 de Guayaquil; y Esteban Coello Muñoz, que presidió la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana de Cuenca.

El CPCCS está trabado en la elaboración de la normativa, debido a la división interna entre sus siete consejeros.

Mayoría del Consejo de Participación Ciudadana se resquebraja al perder el voto de Ibeth Estupiñán

La mayoría, con la que se han emprendido los concursos públicos de designación de autoridades, la hacen la presidenta Sofía Almeida, hija del político Pedro Almeida y sobrina del legislador del PSC Luis Almeida.

El vicepresidente David Rosero, cercano al movimiento Unidad Popular, y Javier Dávalos, exfuncionario en el gobierno de Rafael Correa.

Ibeth Estupiñán se ha mantenido en esa mayoría entre el 2020 y 2021, pero en la sesión del 5 de enero, en la que se pretendía aprobar el reglamento, apoyó a la minoría que denuncia irregularidades en el desarrollo de los concursos públicos.

Esa minoría está integrada por María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa y Francisco Bravo, quienes plantearon una propuesta legal alternativa, que contó con los cuatro votos, al tener el de Estupiñán.

Pero esa votación no se cerró, porque cuando debía votar Almeida, ella suspendió la sesión alegando que no se estaba transmitiendo en vivo por las plataformas sociales.

El escollo se centra en el artículo sobre la impugnación ciudadana.

Estupiñán planteó el pasado 29 de diciembre, en una primera sesión para tratar el tema, que se reforme el artículo 23 del proyecto para que en el caso de que dos integrantes de la terna fueran descalificadas como consecuencia de la impugnación, el pleno notificara al presidente de la República para que proponga una nueva terna.

La propuesta de Estupiñán no se aprobó, porque ella desapareció de la plenaria virtual y Almeida suspendió la votación.

Se convocó a la reinstalación el miércoles último, y desde la presidencia de Almeida se planteó una nueva propuesta que incluía los cambios de Estupiñán; Rivadeneira planteó, al contrario, que solo en el caso de que “todos” los integrantes de la terna fueran descalificados por impugnaciones, se solicitará una nueva terna.

Votaron a favor Estupiñán, Ulloa, Bravo y Rivadeneira. Rosero y Dávalos se abstuvieron y Almeida no votó porque suspendió la sesión.

Extraoficialmente se conoció que el recelo, incluso en la propia Presidencia de la República, es que ello alargue la designación de una nueva autoridad porque se impugnaría continuamente a sus candidatos y la Superintendencia continuaría bajo la administración de Alvarado, nombrada por Anchundia.

La Superintendencia de Compañías detectó anomalías en Decevale desde septiembre del año pasado

Ello, en el marco de las investigaciones que realiza la Fiscalía General por las irregularidades detectadas en las inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), que ha dejado un perjuicio por los $ 990 millones.

De este caso se desprendió el juicio político a Anchundia, que lo impulsó el legislador del PSC Luis Almeida, argumentando que el exsuperintendente no ejerció controles sobre las inversiones al Isspol.

Pero, de forma paralela, la Fiscalía realizó en junio pasado allanamientos en Quito, Guayaquil y Ambato, en empresas como Decevale y la casa de Valores Citadel, relacionados con el caso Isspol, en el que fueron detenidos para investigaciones varios de sus trabajadores, quienes tendrían relaciones familiares con actores políticos.

En Decevale, por ejemplo, se investiga la existencia de presuntas cuentas en custodios extranjeros y los mayores accionistas son las Bolsas de Valores de Guayaquil y Quito.

Entre los detenidos están Rodolfo K., quien fue presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil y de Decevale hasta octubre del 2020; Carlos C., exgerente general del Decevale hasta enero del 2021; y entre otros, Xavier N., gerente de la Casa de Valores Citadel. (I)