El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) podría ratificar la designación de Raúl González Carrión como titular de la Superintendencia de Bancos, pese a la existencia de un fallo de la Corte Provincial de Justicia del Guayas que anuló este proceso realizado en julio del 2022.

En las últimas horas trascendió un informe jurídico que propondría a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana “ratificar” la designación de Raúl González Carrión como autoridad de la Superintendencia de Bancos y como efecto de ello, archivar la terna que envió el presidente de la República, Guillermo Lasso, con la cual se eligió a Roberto Romero von Buchwald en ese cargo el 3 de diciembre del 2022.

Este criterio, que aún no es conocido en el pleno, se solicitó el 10 de marzo último, cuando el bloque de mayoría del CPCCS, integrado por los consejeros Gina Aguilar, Olindo Nastacuaz, Graciela Mora y Teddy Tama, anuló decenas de resoluciones aprobadas por cuatro ahora exconsejeros, entre ellas la que resolvía la elección de Roberto Romero como superintendente.

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Se ampararon en que la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas declaró nula una acción de protección que benefició a Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo para volver a sus cargos tras haber sido censurados y destituidos en un juicio político que sustanció la Asamblea Nacional el 18 de noviembre del 2022.

Aunque la misma Corte emitió un auto de aclaración y ampliación en el que señala que declaró nulo lo actuado por el exjuez de La Concordia Ángel Lindao en la acción de protección; pero no las resoluciones que emitieron los cuatro exconsejeros que estuvieron en funciones gracias a ese recurso jurisdiccional.

En todo caso, los cuatro consejeros al anular 61 resoluciones ordenaron que en cinco días se presente un criterio jurídico sobre las sentencias dentro de acciones de garantías jurisdiccionales que tengan efectos en los procesos de designación de autoridades y representantes ciudadanos ante los organismos del Estado. Entre ellos, la designación de la autoridad de la Superintendencia de Bancos.

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Sobre este proceso que se realizó por una terna enviada por la Función Ejecutiva hay fallos de primera y segunda instancia en la que se ratificó una acción de protección, mediante la cual se declaró nula la elección de Raúl González como autoridad de la Superintendencia, de una terna que la integraron también Rosa Guerrero y Doris Padilla.

Al contrario, se ordenó el envío de una nueva terna por parte del jefe de Estado, del que surgió la elección de Roberto Romero.

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El informe elaborado por el coordinador jurídico del CPCCS, Julián Varas Flores, excandidato a concejal de Guayaquil en los comicios del 2019 por el extinto movimiento Concertación y exejecutivo en Seguros Sucre, concluye que la jueza de primera instancia Larissa Ibarra anuló el proceso desde el 19 de julio de 2022 y ella “no dispuso que se nulite la primera terna y que tampoco que se archive”.

Además, que “no se declaró, ni tampoco se motivó la descalificación del ciudadano Raúl Agustín González Carrión para posteriormente ordenar que se pida nueva terna al presidente de la República”.

Es así que, para Varas, ni el CPCCS ni los jueces tienen competencia para “dar de baja” o “declarar nula dicha posesión”, pues González fue posesionado en una sesión virtual en la Asamblea Nacional.

Según el abogado, el artículo 131 de la Constitución establece que solo la Asamblea puede censurar y destituir a la autoridad de la Superintendencia de Bancos con un juicio político.

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Agrega que “precluyó” el proceso para designar, pues el mismo CPCCS notificó al Parlamento para la posesión de González.

Entonces, Varas recomienda al pleno del Consejo ratificarlo y archivar la terna que envió Lasso para la elección de Romero.

Con ese criterio se analiza que la sentencia que anuló la elección de González es “inejecutable”, pues de por medio está el cumplimiento de un reglamento, el que dispone que solo se podía pedir una nueva terna cuando se haya descalificado a todos los postulantes y “eso no ocurrió”.

Ello es porque de la primera terna, que la conformaron Rosa Guerrero, Raúl González y Doris Padilla, solo él superó la fase de admisibilidad e impugnación ciudadana. Las dos candidatas fueron descalificadas por incumplimiento de requisitos para ocupar el cargo.

Sin embargo, en horas del 19 de julio, cuando González se alistaba a exponer su plan de trabajo, desde el Gobierno se le había solicitado que decline de su postulación, pero él se negó.

Fue designado con los votos de los exconsejeros Sofía Almeida, David Rosero, Javier Dávalos y Francisco Bravo. Pero entonces, la ciudadana Michelle Guerra de Andrés interpuso una acción de protección que anuló la designación y su decisión se ratificó en la Corte Provincial del Guayas.

Con ese fallo, el mismo González acudió hasta la Corte Constitucional e interpuso un recurso de acción extraordinaria de protección en contra de lo actuado por la Corte provincial.

Por el momento, en el CPCCS aún no se ha convocado a una plenaria para conocer este informe jurídico. (I)