Alegando una calamidad doméstica, David Rosero, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) suspendió la sesión permanente que se instaló este miércoles, después de una disputa que mantuvieron sus siete consejeros en el marco de la designación de autoridades de control.

Por la mayoría de los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, este 26 de enero se instaló una sesión ordinaria permanente n° 003, en la que se tratarían temas como la revisión de los reglamentos para designar a las autoridades de seis instituciones del Estado, entre ellas, la Contraloría General del Estado y la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Esa decisión se tomó una vez que, con esos mismos votos, se logró impedir que la presidenta Sofía Almeida direccione dicha sesión, aplicando la figura de la apelación.

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Rosero se quedó a cargo de la presidencia y suspendió a eso de las 13:00 esta plenaria y la convocó para las 15:30.

Sin embargo, minutos antes de la reinstalación, se remitió un memorando a los consejeros en el que comunica que por una calamidad doméstica este encuentro se realizará de manera virtual este jueves 27 de enero a las 11:00.

Sobre esta plenaria aún no se aprueba el orden del día, por lo que los cuatro consejeros, que ahora inclinan la balanza para la toma de decisiones, proponen que se debatan reformas al reglamento para la realización de los plenos y de esa forma, quitarle los “plenos poderes” a quien esté en la presidencia del Consejo.

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A la par de esto, incluso se conoció que Ulloa ingresó una moción para remover de su cargo al secretario general del CPCCS, Carlos Chiriboga, porque ha tenido actuaciones que han perjudicado a los consejeros, incluso impidiéndoles votar en acciones que han sido de interés de la presidenta Almeida.

Otros puntos para el debate son el conformar una comisión técnica con delegados de los siete consejeros para que revisen los reglamentos aprobados por la anterior mayoría (Almeida, David Rosero, Javier Dávalos e Ibeth Estupiñán) para designar a los titulares de la Contraloría, de la Defensoría Pública, de los miembros de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), de los delegados del Comité de Desarrollo Fronterizo, de los integrantes de los Consejos Nacionales de Igualdad (CNI), del titular de la Defensoría del Pueblo, así como de la renovación de dos consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Ibeth Estupiñán, la consejera que se juega entre dos minorías en el Consejo de Participación Ciudadana

La construcción de esta nueva mayoría aprobó en una sesión extraordinaria del 25 de enero, el presupuesto para el organismo, correspondiente al 2022 que asciende a $ 7′117.896, pero con sus observaciones.

Almeida les reclamaba que le digan cuáles son esas “observaciones” porque el presupuesto que asigna el Ministerio de Economía y Finanzas no se puede modificar.

Sin embargo, los cuatro lo aprobaron con esas observaciones, al igual que el Plan Anual de Contratación y el Plan Operativo Anual, que Almeida no pudo aprobar por la falta de votos desde el 14 de enero pasado.

Ulloa, Rivadeneira, Estupiñán y Bravo cuestionaron que las contrataciones que se están haciendo para organizar los concursos de designación de autoridades no estaban claras respecto a los valores que se pretenden asignar, por ejemplo, para arrendar inmuebles para que las comisiones ciudadanas de selección puedan operar. (I)

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