Dentro de seis días empezará la campaña electoral para la promoción de los candidatos a los Gobiernos locales y también para las siete vocalías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo que resentirá la ausencia de cinco de sus actuales miembros, quienes buscan la reelección en sus cargos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó para este 5 de febrero del 2023 a los comicios seccionales, en los que también se elegirá a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y se votará por el referéndum de ocho preguntas de enmienda a la Constitución.

El listado oficial refleja la calificación de 45 candidatos, quienes competirán por llegar a los siete puestos del CPCCS, de los que cinco buscan la reelección: David Rosero, Javier Dávalos, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo.

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Solo los consejeros Hernán Ulloa y Sofía Almeida no postularon a la reelección. Su periodo concluiría cuando se posesione a los nuevos vocales electos.

Como parte del proceso electoral, desde este 3 de enero y hasta el próximo 2 de febrero se abre un periodo de 31 días de campaña para la promoción de las candidaturas.

En el caso de los cinco consejeros en funciones, el artículo 93 del Código de la Democracia establece en su segundo inciso que aquellos que “opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral”.

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En ese contexto, Bravo, Estupiñán y Rivadeneira solicitaron al presidente del Consejo, Hernán Ulloa, que autorice sus licencias sin remuneración del 3 de enero al 5 de febrero del 2023. De su lado, los vocales Rosero y Dávalos se encontraban en uso de vacaciones, que concluirían en esta semana; pero, hasta el momento, no se ha confirmado su solicitud de licencia, según se conoció en el CPCCS.

Debido a estas ausencias que se reflejarán en el funcionamiento del pleno del CPCCS, Hernán Ulloa adelantó días atrás en declaraciones a periodistas que solicitará a la Asamblea Nacional que posesione a los consejeros suplentes para dar continuidad al trabajo institucional, como la designación de autoridades de control.

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Extraoficialmente se informó que la autoridad tiene previsto enviar al presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, un oficio en el que le solicita que convoque a un pleno para que posesione a los consejeros suplentes faltantes.

En la actualidad hay cuatro vocales suplentes posesionados tras los resultados del proceso electoral del 2019: Mónica Moreira, Karina Ponce, Gina Aguilar y Olindo Nastacuaz. Por ello, faltaría un consejero suplente.

Esto ocurre debido a que, en el juicio político que se sustanció en el anterior periodo legislativo, fueron censurados y destituidos José Tuárez, Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez, quienes fueron sustituidos por Javier Dávalos, Ibeth Estupiñán, David Rosero y Francisco Bravo.

Luego, con el juicio político a Christian Cruz en el 2020, que terminó con su censura y destitución, lo sucedió Hernán Ulloa, actual presidente.

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$ 85.000 costará la campaña electoral de cada uno de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana

En medio del enfrentamiento político entre la Asamblea Nacional y el CPCCS, por los efectos de la interpelación con la que se censuró y destituyó a Hernán Ulloa, Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira, pero que fueron reintegrados en sus funciones por disposición de una acción de protección, los legisladores posesionaron a Olindo Nastacuaz, como vocal suplente en representación de los pueblos y nacionalidades, y a Gina Aguilar Ochoa.

Aún restaría la presencia de un vocal suplente, por lo que Ulloa solicitaría a la Asamblea que posesione al faltante de entre Carlos Figueroa, que alcanzó 660.663 votos, correspondientes al 4,09 %; Aland Molestina Malta, con 604.508 votos, equivalentes al 4,05 %; y Teddy Tama Aguirre, con 603.052 votos, iguales al 4,5 %.

Pese a que los cinco consejeros-candidatos expondrán su actividad proselitista, la Ley del Consejo de Participación establece que solo el Consejo Nacional Electoral puede difundir sus nombres, trayectoria y propuestas en igualdad de condiciones y oportunidades, por lo que no pueden recibir ni utilizar financiamiento privado de ningún tipo, y quien lo haga será descalificado.

“(...) Ningún partido o movimiento político, organización social, funcionario público, candidato o ciudadano podrá realizar actos de proselitismo político a favor o en contra de ningún candidato” al Consejo de Participación Ciudadana, señala la norma. (I)