Consejo de Participación exhorta a la Asamblea a que interprete el sentido del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría

Con cuatro votos a favor y tres abstenciones el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó solicitar a la Asamblea Nacional que interprete el sentido del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (CGE), para que el Consejo de Participación ejerza su rol como autoridad nominadora designando un encargado de la CGE ante la ausencia simultánea del contralor y subcontralor general del Estado.

La decisión se tomó la tarde de este sábado en la sesión extraordinaria número 45 convocada para tratar únicamente la situación que atraviesa la CGE acorde con las facultades constitucionales y legales que tiene el CPCCS y dar una resolución.

Plantean incluir prueba psicológica para la elección del nuevo contralor

La moción aprobada vino desde la presidenta del organismo, Sofía Almeida, y fue respaldada por los votos de los consejeros que conforman la mayoría David Rosero, Juan Javier Dávalos e Ibeth Estupiñán.

El artículo 33 de la Ley Orgánica de la CGE habla sobre el subcontralor general del Estado y explica que este funcionario “será designado por el contralor general. Reunirá los mismos requisitos y tendrá las mismas prohibiciones legales de aquel. Desempeñará las funciones que establezca el Reglamento Orgánico Funcional de la institución y aquellas que le sean delegadas por el contralor general. Subrogará al contralor general en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta la designación del nuevo titular”.

Según la proponente, esta es una salida que enfrenta la situación que está pasando la Contraloría General y que se apega a la ley. El exhorto para que la Asamblea haga una interpretación, sostuvo Almeida, serviría para que se pueda continuar con un encargo y así la CGE cuente con una autoridad que pueda tener legalidad y legitimidad en sus acciones y que cause una institucionalidad para el país.

En abstención votaron los consejeros Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira y Hernán Ulloa. Justamente este último planteó una moción alternativa la cual buscaba que el coordinador jurídico del Consejo de Participación presente al pleno un informe respecto del tema del encargo para la Contraloría General.

Bravo dijo que era pertinente la moción de Ulloa porque es necesario conocer desde la coordinación jurídica del propio CPCCS cuál va a ser la modalidad, el perfil, cuál es la trayectoria, cómo sería el procedimiento que se podría desarrollar para un eventual encargo de la Contraloría.

“Era necesario porque ya se barajan muchos nombres, por ahí escuchábamos de un exfuncionario de la Contraloría que estuvo delegado en la provincia de Esmeraldas, se habla de encargar a una señora que fue excontralora general del Estado en la época de Carlos Pólit, se habla de encargar a otro funcionario de esta época del contralor actual (Pablo Celi)”, señaló el consejero Bravo, quien además dijo que la Asamblea podría demorar mucho tiempo en resolver lo que pide el Consejo de Participación.

En el CPCCS hay una primera propuesta para designar a un contralor del Estado encargado

El consejero Rosero, en apoyo al planteamiento de Almeida, indicó que si existe “voluntad” en la Asamblea para resolver este vacío legal en la Contraloría, que aclaró lo generó el Consejo de Participación transitorio, el proceso de interpretación de la norma no llevaría más de 45 días.

David Rosero cree que con este pedido a la Asamblea, para que con sus facultades de interpretación genere una salida, se soluciona una parte de la crisis, por lo que en paralelo el Consejo actual lleva adelante el concurso de méritos y oposición, en el cual el viernes último se aprobó la socialización del reglamento para el concurso en el que se seleccionará al contralor general del Estado para los próximos cinco años.

El debate se dio a propósito de que el contralor subrogante, Pablo Celi, se mantiene con orden de prisión preventiva, pues es procesado por el delito de delincuencia organizada tras la renuncia de la subcontralora Valentina Zárate y la designación de subcontralor general del Estado a Carlos Alberto Riofrío, un funcionario de carrera de la CGE que subrogará a Celi en sus funciones. (I)