Consejo Electoral escogerá por sorteo a más de 200.000 personas que integrarán las mesas de votación

En las 24 delegaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) a nivel nacional se realizará el sorteo de las más de 200.000 personas que integrarán las Juntas Receptoras del Voto (JRV) para las elecciones seccionales y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que se realizarán el 5 de febrero del 2023.

El Consejo Electoral afinaba este martes los detalles de este sorteo, que viene preparándose desde mayo pasado con el levantamiento de información de las bases de datos de quiénes serán los escogidos para participar en los comicios. A las 11:00 de este miércoles y de forma simultánea en las 24 provincias se realizará este acto en las diferentes delegaciones.

De acuerdo con los datos preliminares, se conformarán más de 40.000 juntas receptoras del voto, para lo que escogerán mediante un sorteo público a más de 280.000 personas.

El Código de la Democracia en su artículo 43, precisa que las juntas receptoras del voto son organismos de gestión electoral con carácter temporal que se encargarán de recibir los votos y efectuar el escrutinio. Es decir, contar los votos de las papeletas electorales.

Los 8 criterios para ser designado como miembro de la junta receptora del voto en las elecciones del 2023

Se integran con un mínimo de tres vocales y un máximo de siete, de acuerdo como lo determine el Consejo Electoral dependiendo el grado de complejidad de cada proceso.

Para estos comicios, se decidió conformar juntas con siete personas: tres vocales principales, tres suplentes y un secretario. Además, el presidente y secretario será ocupado por un estudiante universitario o profesional.

Para elegir a estos actores del proceso, rigieron ocho criterios: que sean estudiantes legalmente matriculados en las instituciones del sistema de educación superior; empleados privados que cuenten con título profesional; servidores públicos que cuenten con título profesional; empleados privados bachilleres; servidores públicos bachilleres; estudiantes de bachillerato mayores de 18 años de colegios urbanos y rurales.

También ciudadanos residentes en zonas rurales que hayan concluido la instrucción general básica; que pertenezcan a organizaciones comunitarias de hecho y derecho, comités pro mejoras y juntas de agua legalmente constituidas; y, ciudadanos del registro electoral de la respectiva jurisdicción.

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita resaltó que estos actores son imprescindibles en el proceso electoral debido a las atribuciones que les encarga la ley, como es el recibir los votos de los 13′ 040.797 electores y contarlos.

“El éxito de un proceso electoral está determinado por el trabajo de las juntas receptoras del voto, porque ellos estarán durante la jornada facilitando el ejercicio del sufragio y luego, deberán realizar el escrutinio”, comentó. Pita.

Detalló que para su capacitación, el Consejo impulsó un convenio con la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) que aportará con la elaboración de un manual escrito y también audiovisual que sirva de insumo a estas personas para seguir los procedimientos legales el día de la elección.

En los comicios generales del 2021, los integrantes de las JRV recibieron capacitaciones en la modalidad virtual debido a la pandemia del COVID-19, pero para estas seccionales está previsto que esta actividad sea presencial y en cada delegación provincial. Para ello, según Pita, el CNE está contratando personal de capacitación.

Uno de los hitos del calendario electoral para estos comicios fijó al 19 de octubre para seleccionar a los miembros de las juntas. Consumado esta actividad, del 27 de octubre al 25 de noviembre se procederá con la campaña de notificación a estos actores, de que fueron seleccionados como vocales y, del 8 de noviembre y hasta el día de las elecciones, el 5 de febrero, podrán acceder a las capacitaciones sobre cuáles son sus atribuciones y sus funciones.

El CNE resolvió que para este proceso cada junta receptora del voto tenga un número de 350 electores, debido al sistema de votación para elegir a las dignidades pluripersonales que rige desde las reformas al Código de la Democracia, denominada de “listas cerradas y bloqueadas” o más conocida como “voto en plancha”, en la que el elector marca la casilla de la lista de la organización política o alianza de su preferencia.

No obstante, la autoridad electoral está a la espera de conocer qué resuelve la Corte Constitucional (CC), respecto de dar viabilidad a la consulta popular y referéndum que propone el presidente de la República, Guillermo Lasso; y otra que podría incluirse, respecto de la consulta popular para mantener el crudo del bloque 43 del Yasuní ITT bajo tierra, como lo plantea el colectivo YASunidos.

Sobre este escenario, el vicepresidente Enrique Pita opinó que, de llevarse a cabo estos dos procesos electorales en las elecciones seccionales del 2023, el Consejo deberá “profundizar” en las campañas de capacitación de los miembros de las juntas receptoras del voto, pues en cada papeleta deberá contabilizarse pregunta por pregunta y llenar las actas de escrutinio.

Esto, en un contexto en el que en estos comicios se elegirá: 221 alcaldes; 23 prefectos y viceprefectos; 864 concejales urbanos; 443 concejales rurales; 4.109 vocales de juntas parroquiales y sus suplentes; y, los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y sus siete suplentes. En total, 9.806 autoridades de elección popular.

Candidatos a las elecciones seccionales no contarán con resguardo policial individual

La norma establece que aquellos ciudadanos que no se presenten el día de la elección a ser parte de las mesas de votación, serán sancionados con una multa del 10% del salario básico.

En tanto, como incentivos, el reglamento para la conformación de las JRV otorga un día adicional de vacaciones a los funcionarios de las instituciones públicas y privadas, para lo cual el Consejo Nacional Electoral lo gestionará con el Ministerio de Trabajo.

Un reconocimiento académico para los estudiantes por su participación cívica y democrática; para aquellos que actúan en los recintos electorales de difícil acceso (acceso aéreo y fluvial) y los centros de privación de la libertad, se establecerá una compensación económica.

Para los demás, el organismo electoral establecerá una compensación económica de existir la disponibilidad presupuestaria, que se analizar que podría ser de $ 20. (I)