Tres procesos relacionados con la selección y remoción de autoridades que efectuó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), cuyos siete vocales fueron destituidos por la Corte Constitucional (CC), son parte de un examen especial que les inició la Contraloría General del Estado.

Desde finales de diciembre, la Contraloría General del Estado abrió un expediente para observar cómo se efectuaron dos procesos de selección de autoridades mediante ternas enviadas por la Presidencia de la República y la remoción de una autoridad.

Esencialmente, la Contraloría solicitó toda la información relacionada con la remoción del vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo, y de las designaciones de los vocales del Consejo de la Judicatura en el 2021 y del titular de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial (SOT) de las ternas que envió el expresidente de la República Lenín Moreno.

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El organismo solicitó la documentación sobre cómo se realizó la cesación y remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura que se resolvió en una sesión del 23 de abril de 2021, durante la presidencia de la exconsejera Sofía Almeida.

Dicho procedimiento se inició con base en un informe que remitió el exministro del Trabajo Andrés Isch, en el que señalaba que Murillo reportaba un “impedimento legal” para ejercer el cargo.

Isch indicó que en el 2021, Murillo se acogió a un denominado plan de desenrolamiento por renuncias voluntarias que había impulsado el Consejo de la Judicatura del periodo anterior y recibió una compensación que bordeó los $ 30.000 por sus 25 años de labor en la Función Judicial, pues era juez.

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Por ello, el Ministerio del Trabajo le reporta un “impedimento para la modalidad laboral a ocupar”.

Murillo “ostenta un nombramiento de periodo fijo, que no se encuentra dentro de los cargos excepcionados en el artículo 14 de la Ley de Servicio Público (Losep)”, señaló Isch.

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Su remoción se resolvió por una moción de Sofía Almeida que la respaldó el exconsejero Javier Dávalos y votaron a favor los exvocales Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Dávalos y Almeida. En contra votaron Hernán Ulloa y Francisco Bravo; y, David Rosero se abstuvo.

Murillo planteó acciones de protección ante la justicia ordinaria y en junio del 2021 un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dejó sin efecto la resolución adoptada, por lo que retomó sus funciones y ordenó al Consejo de Participación Ciudadana que se repare el daño material, lo cual comprendía una compensación por la pérdida o detrimento de los ingresos que dejó de percibir desde que fue separado de la institución.

Por esta decisión, el CPCCS canceló a Fausto Murillo $ 6.991 para cumplir con la reparación integral.

En tanto, el 7 de abril de 2021, el Consejo de Participación Ciudadana designó a Xavier Muñoz y Solanda Goyes como vocal principal y suplente, en su orden, en el Consejo de la Judicatura, de una terna que envió el expresidente Lenín Moreno.

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En ese entonces, el exconsejero Francisco Bravo mocionó su elección de una terna que la integró también Fausto Segovia Salcedo.

A favor de Muñoz y Goyes votaron Rivadeneira, Hernán Ulloa, Bravo, Sofía Almeida e Ibeth Estupiñán. Se abstuvieron Javier Dávalos y David Rosero.

El concurso de méritos por terna (que estaba integrada por Muñoz, Goyes y Fausto Segovia) tenía como objetivo llenar la vacante de Jorge Moreno Yanes, quien renunció en noviembre del 2020.

A este hecho se suma que alrededor de Xavier Muñoz la Unidad de Fuero de Corte Nacional de la Fiscalía General del Estado inició en el último trimestre del 2022 una investigación previa, aunque se desconocen las causas.

En junio del año pasado, el presidente del Gobierno, Guillermo Lasso, le solicitó en una carta que renuncie, pues era “necesario que exista armonía institucional entre el delegado designado y la función del Estado a la que supuestamente representa”. Pero Muñoz se negó a ese requerimiento.

Recientemente, en una entrevista con el medio de comunicación digital Plan V, Lasso volvió a increpar al consejero y hasta sospechó de que esté incurriendo en una posible infracción relacionada con el tráfico de influencias.

“(Xavier Muñoz) no representa a mi gobierno, ese señor utiliza su poder en el Consejo de la Judicatura para beneficios de su estudio profesional y le pedí públicamente la renuncia. Ese señor no habla a nombre del Gobierno… Ojalá que la fiscal escuche esta declaración para que inicie una investigación previa por tráfico de influencias. Él no representa a mi gobierno. Ese señor no puede hablar a nombre del presidente”, manifestó Lasso en ese espacio.

Así también, el propio CPCCS en octubre del 2022 intentó hacer una revisión de la designación de Muñoz por la existencia de supuestas irregularidades que había denunciado un asambleísta, que lo acusaba de no cumplir con el tiempo determinado del libre ejercicio para asumir el cargo.

Durante una plenaria, Hernán Ulloa, quien presidía el organismo, intentó activar una denominada “facultad de verificación” sobre la designación de Xavier Muñoz, pero le faltaron los votos.

El propósito era solicitar a la Contraloría que le remita en 24 horas información sobre exámenes especiales que se habrían iniciado a la documentación que presentó Muñoz para ser vocal del Consejo de la Judicatura, porque supuestamente no habría cumplido con el tiempo de experiencia para ocupar este cargo.

Hernán Ulloa presentó la moción y tuvo cuatro votos en contra de Sofía Almeida, David Rosero, Javier Dávalos y Francisco Bravo; a favor estuvieron Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Ulloa.

Finalmente, la Contraloría analizará también la designación de Pablo Iglesias como superintendente de Ordenamiento Territorial (SOT), que realizó el CPCCS de una terna que envió el expresidente Lenín Moreno.

Sobre este proceso también hay hechos que están en investigación en la Fiscalía General.

Iglesias fue designado el 4 de marzo de 2021 por unanimidad del pleno del CPCCS de una terna que la integraron Gianella Jácome e Ingrid Santillán.

Su elección generó molestia entre quienes integraron esa terna y cómo se eligió a Iglesias, pues una de ellas, Ginella Jácome (que encabezó esa terna), presentó una denuncia que está en investigación por presunta concusión y que se abrió en contra de Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira. (I)