Manta, MANABÍ

La Dirección Provincial de Manabí de la Contraloría General del Estado (CGE) notificó el título de crédito número 0862-2021-DPM a dos personas a quienes se les determinó ser responsables civil y solidariamente de las glosas números 95 y 96 del 28 de diciembre de 2015, por la venta de terrenos comunales de la zona El Aromo, localidad rural que se establece en territorios de los cantones Manta y Montecristi.

En el 2009, la Refinería del Pacífico adquirió la propiedad por $ 6,7 millones al empresario Carlos Esteban González-Artigas Díaz, quien falleció en julio de este año.

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La Contraloría notificó a los herederos de González-Artigas Díaz y a Eulogio Adalberto Alonzo Carrillo, quien entonces era director de Avalúos y Catastros del Municipio de Montecristi, donde estaban catastrados los mencionados terrenos.

En esos terrenos se pretendía implantar la Refinería del Pacífico, un proyecto impulsado en la administración de Rafael Correa, y que buscaba refinar petróleo.

La resolución indica que se cobrarán intereses a partir del 29 de diciembre de 2009, por lo que a la fecha la liquidación más intereses implica una cifra cercaba a los $ 7 millones.

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Pero el valor de la obligación liquidada a la fecha de emisión del título de crédito, llega a $ 13,6 millones, y cuyo pago tiene como fecha máxima diez días después de que los involucrados sean notificados. El dinero de esta glosa será entregado a la empresa Refinería del Pacífico en liquidación.

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Julio Villacreses, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción en Manabí, indicó que esa notificación se dio este jueves 17 de noviembre. Agregó que “por fin” la Dirección Provincial de la CGE en Manabí se animó a notificar algo que, según él, ya tenía bastante tiempo.

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“Eso que ya fue auditado, ya fue publicado y recién con la valentía de la directora provincial Johanna Guillem se está notificando a los implicados”, declaró Villacreses.

Villacreses indicó que las tierras comunales no se podían vender, por lo que considera que también debe sancionarse a dirigentes comunales que habrían omitido algunos procesos.

El activista social manabita dijo que la Contraloría también determinó indicios de responsabilidad penal, y que no se descarta que se incluya a otras personas o funcionarios. Esta transacción se desarrolló en la administración de Washington Arteaga, quien aún es alcalde de Montecristi.

“Ahora lo único que ha hecho la Contraloría es la glosa de cuestión administrativa, también hay un indicio de responsabilidad penal que eso está en manos de la fiscal general del Estado”, declaró Villacreses.

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Este Diario solicitó una versión a la familia González-Artigas, accionista de la empresa La Fabril, pero se indicó que aún a ellos no les ha llegado la notificación de la CGE delegación Manabí.

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En una publicación de diario El Mercurio de Manta, del 18 de enero de 2010, se expusieron algunos puntos de vista por parte de representantes de La Fabril. Ahí indicaron que ellos no vendieron el terreno que generó este proceso, sino que fue la empresa Refinería del Pacífico que realizó mediante la Resolución 07-PD-RDP-2009 la expropiación de dicho terreno y que el precio lo fijó el Estado.

“El propietario del terreno aceptó sin oposición la expropiación de los terrenos para contribuir a un gran proyecto de desarrollo, auspiciado por el Gobierno nacional, a pesar de que en dicha zona estaba previsto el desarrollo de nuevas instalaciones empresariales”, indicaba parte del comunicado de La Fabril.

También en esa publicación de hace casi trece años se indicó que el precio de venta del terreno era menor a la mitad del precio fijado como avalúo comercial por el Municipio de Montecristi. (I)