Corre el plazo de cinco días para que se califique denuncia en contra de Guadalupe Llori y los vocales del CAL

Este 8 de abril concluyó el plazo para que la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, envíe al Consejo de la Administración Legislativa (CAL) los expedientes con las tres denuncias planteadas por legisladores, una en su contra y otras dos en contra de los siete vocales de esa instancia.

El 5 de abril último, el asambleísta Gruber Zambrano de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) y los asambleístas de Unión por la Esperanza (UNES), Viviana Veloz, Luis González, Blasco Luna y Fausto Jarrín, presentaron -por separado- una denuncia en contra de todos los miembros del CAL.

Otra más, planteada por Esteban Torres del Partido Social Cristiano (PSC) dirigida específicamente en contra de Guadalupe Llori, por presunto incumplimiento de funciones.

El propósito de UNES, el PSC y varios independientes es que se constituya una comisión ad hoc que evalúe la gestión de Llori y de los siete vocales que forman parte del CAL, entre los que están Llori como presidenta de la Legislatura; Virgilio Saquicela (Democracia Sí), primer vicepresidente; Yeseña Guamaní (ID), segunda vicepresidenta; Nathalie Arias (CREO), Ronny Aleaga (UNES), Darwin Pereira (antes PK) y Johanna Moreira (ID).

El asesor jurídico de Llori, Julio César Sarango, explicó este viernes que el envío de las denuncias estaba en trámite y que una vez que Virgilio Saquicela asumió la presidencia (en una accidentada sesión del 6 de abril en la que se apeló la dirección de Llori en el CAL) “tiene las atribuciones y el asesoramiento legal para proceder”.

Sarango aseguró que la presidenta remitirá la documentación y que lo único que pide es que se “cumpla el debido proceso”.

Guadalupe Llori se queda con el Gobierno dentro del Consejo de Administración Legislativa

Esto es, que se acoja el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado de que para crear una comisión ad hoc que la investigue y evalúe se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), relacionada con el trámite de denuncias a los asambleístas.

En cuanto a plazos, dicho artículo da un máximo de tres días para remitir las denuncias al CAL y que sean calificadas en un máximo de cinco días desde la recepción.

Es decir, este 8 de abril se cumplieron los tres días para que Llori remita los expedientes para conocimiento del CAL; y esta última tendrá hasta el próximo miércoles para pronunciarse.

Por ello, Virgilio Saquicela convocó a la reinstalación de este concilio a las 17:00 de este lunes, aunque fluctúan dos tesis sobre la legalidad que se advierten desde las bancadas que critican a Llori y las que la defienden.

Una de ellas es que el CAL no puede calificar las denuncias porque son en contra de ellos mismos y debería ser el pleno de la Legislatura el que se pronuncie; además que la denuncia en contra de Llori sí puede ser calificada por el Consejo y disponer que se constituya la denominada comisión ad hoc.

La otra postura es que el proceso podría quedar en el limbo, porque los miembros del CAL no pueden calificar denuncias en su contra y no tienen alternos o suplentes que puedan conocer los expedientes.

El asambleísta oficialista Juan Fernando Flores (CREO) culpó a Saquicela de haber “entorpecido el proceso al 100 %” al intentar tratar el tema al “apuro”.

Bancada de Gobierno expulsa de sus filas a Virgilio Saquicela, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional

“El CAL debe calificar la denuncia y al ser ellos los denunciados deberán abstenerse de calificarlas. Ahí encontramos una ley que tiene miles de vacíos”, precisó Flores, y añadió que el pleno no podrá tomar una decisión porque podría arrogarse funciones.

“No nos sorprenda que lo hagan, veamos con qué nos pueden sorprender. El apuro, la necesidad y la ambición por adquirir el poder ha hecho que se llegue a este punto”, recriminó a los legisladores críticos a Llori.

La asambleísta de UNES Marcela Holguín tiene un criterio contrario y argumentó que el CAL podrá conocerlas en la sesión del lunes y tomar una decisión.

“En lo que tiene que ver con las dos denuncias contra el CAL, los vocales deberán excusarse y pasar al pleno para que los 137 asambleístas las conozcamos; en tanto que la denuncia a la presidenta, esta podría ser conocida y resuelta por los miembros del CAL y Llori deberá abstenerse de pronunciarse”, indicó Holguín.

El jefe de bloque del PSC y uno de los denunciantes, Esteban Torres, enfatizó que su denuncia no genera ningún vacío legal, pues Llori debe abstenerse de pronunciarse.

“Si el CAL hiciera su trabajo bien y no estuviera también obstaculizando que no haya comisión y no haya evaluación y no haya sanción, debería el propio CAL disponer al pleno la creación de la comisión con los miembros que manda la ley para procesar, no solo esa denuncia en contra de la presidenta, sino las otras que se han presentado en contra de los siete vocales”, esgrimió.

Nueva mayoría del CAL fracasó en su intento de calificar denuncia presentada en contra de Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional

Reconoció que los miembros de esta instancia no pueden pronunciarse sobre una denuncia en contra de ellos mismos, por lo que plantea que el pleno constituya la comisión.

Aunque “mi denuncia individual permitiría tomar la decisión para constituir la comisión. Esa sería la salida lógica jurídica y en cualquier vacío el pleno puede resolver con mayoría absoluta”, dijo.

De por medio está la actuación de Saquicela sin el respaldo del bloque del BAN. El jueves último se informó que resolvieron expulsar y separar al asambleísta Virgilio Saquicela, por su “proceder irregular, ilegal y antidemocrático en el Consejo de Administración Legislativa, quien además de evidenciar una actitud prepotente y deplorable frente a los otros asambleístas, el secretario general y los equipos legislativos, procedió a sacar del lugar a todos los medios de comunicación”.

Saquicela respondió que “si no les ha gustado que yo tenga criterio propio, a la gente del BAN, recibo con total serenidad esta expulsión”.

Flores anunció este viernes que la expulsión de su excoideario se oficializó ante el Parlamento, por lo que todas sus acciones y declaraciones son de carácter personal. “Hemos oficializado el proceso, a nivel político y administrativo, y no tiene ninguna vinculación con el BAN”, recalcó. (I)