La Corte de Apelaciones del estado de Florida, en Estados Unidos, negó el pasado 20 de octubre los pedidos de aclaración y ampliación que hizo la Procuraduría General del Estado ecuatoriana al fallo por el cual se negó la demanda contra los hermanos Roberto y William Isaías, exdueños de Filanbanco, con la que se pretendía incautar sus bienes en ese país, en el que residen desde el 2000.

La Procuraduría también había solicitado a dicha Corte que eleve el caso a la Corte Suprema de EE. UU. para que se pronuncie al respecto, pero esto tampoco fue aceptado.

En julio del 2008, durante el gobierno de Rafael Correa, la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) incautó en el país una serie de bienes y empresas de los Isaías con el propósito de cubrir un “hueco patrimonial” de $ 661 millones en el Filanbanco, determinado por una auditoría al banco efectuada por la firma Delloite & Touche y que fue avalada por la Superintendencia de Bancos.

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Al año siguiente, la AGD planteó una demanda contra los Isaías en la Corte del Circuito Judicial para el Condado de Miami-Dade, en Florida, para también incautar sus bienes en ese país.

En su sitio web, la Procuraduría –que sustituyó a la Agencia en el caso– reseña que “la demanda se fundamentó en la Doctrina de Actos de Estado, que consiste en considerar válidos en el territorio de un Estado extranjero (en este caso, Estados Unidos) los actos emitidos por otro Estado en su territorio (en este caso, Ecuador). Con base en esta doctrina, en la demanda se solicitó que las cortes de los Estados Unidos apliquen las decisiones adoptadas por el Ecuador en relación con la responsabilidad de los hermanos Isaías”.

La primera jueza se pronunció en dos ocasiones sobre la Doctrina de Actos de Estado señalando que no le competía revisar la legalidad de los actos soberanos de Ecuador.

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Pero el tercer juez que conoció la causa rechazó en el 2013 la aplicación de la Doctrina de los Actos de Estado. Y resolvió que las resoluciones de las autoridades de Ecuador eran inconsistentes con las normas y principios de EE. UU., por lo cual negó la demanda.

La Procuraduría General apeló; el caso subió a la Corte de Apelaciones, que le dio la razón a Ecuador y le dispuso al juez que decida sobre el fondo del pedido. Este nuevamente rechazó la demanda. Y el Estado ecuatoriano volvió a apelar. El pasado 3 de agosto, el tribunal estadounidense otra vez la negó, y la Procuraduría presentó los recursos de aclaración y ampliación que se negaron la semana pasada.

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Jorge Zavala Egas, abogado de los Isaías, indicó que con esta última negativa el caso “ya terminó” definitivamente a nivel de cortes. Pero indicó que el Estado ecuatoriano podría recurrir directamente, sin permiso de la Corte de Apelaciones, a la Corte Suprema en acción independiente, “como aquí se acude a la Corte Constitucional porque no hay tercera instancia”.

Advirtió, no obstante, que la máxima instancia de justicia de EE. UU. “no está obligada a aceptarla, acepta una en un millón, y pueden tardar años en dar una respuesta”.

Al momento, la Procuraduría no se ha pronunciado sobre el tema. (I)


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