Pese a que desde diciembre de 2022 existe un instructivo aprobado por el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) para el concurso de oposición y méritos para la selección y designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el más alto órgano de justicia ordinaria del país labora sin tener la plantilla de jueces y conjueces titulares completos y con un gran número de conjueces “temporales”.

En la actualidad, según datos de la Corte Nacional, de los 21 jueces titulares con los que debería contar el organismo solo hay 15 y en lo que respecta a conjueces, que debería existir el mismo número de 21, solo cuenta con siete titulares.

Los seis cargos faltantes en lo que tiene que ver con jueces titulares se los está cubriendo con conjueces titulares y “temporales” que tienen a cargo una de las seis salas especializadas que conforman la CNJ. En el caso de conjueces, además de tener once conjueces “temporales” cumpliendo funciones, les faltan dos para completar el número de 21 profesionales de ese tipo que se necesita tener.

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https://www.eluniverso.com/noticias/2021/02/03/nota/9612279/jueces-conjueces-se-posesionan-corte-nacional-justicia-medio-voces/

Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, es uno de los quince jueces titulares que mantiene el organismo. Por el cargo que ostenta este funcionario y las actuaciones que debe en ese puesto atender, el despacho y los casos de Saquicela en la Sala Penal a la que pertenece los asume la conjueza titular Mercedes Caicedo. Pese al reemplazo, Caicedo no hace parte del pleno de la CNJ.

El artículo 182 de la Constitución vigente desde el 2008 señala que la Corte Nacional estará integrada por juezas y jueces en el número de 21, quienes se organizarán en salas especializadas, y serán designados para un periodo de nueve años; no podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada tres años.

Además, la norma refiere que existirán conjuezas y conjueces que formarán parte de la Función Judicial, quienes serán seleccionados con los mismos procesos y tendrán las mismas responsabilidades y el mismo régimen de incompatibilidades que sus titulares.

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El 3 de febrero de 2021, siete meses después de que el CJ inició lo que ha sido el último concurso de selección de jueces para la Corte Nacional, se posesionó formalmente en los cargos a nueve jueces y dos conjueces titulares. Ellos superaron los 80 puntos sobre 100 que como mínimo debía obtener un postulante en el concurso de oposición y méritos.

Los magistrados a quienes se les colocó la toga reglamentaria en una ceremonia llenaron los cargos de titulares vacantes en las salas especializadas de lo Penal, Administrativo, Tributario y Laboral. Los escogidos deben mantenerse en sus cargos hasta el 2024, el 2027 y el 2030.

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Siete vacantes no se llenaron en ese concurso: tres para la Sala Civil y dos para cada una de las salas de lo Contencioso Administrativo y de lo Tributario. Sobre ese tema, la entonces presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, anunciaba que en las próximas semanas se iniciaría un nuevo concurso, el cual tendría una duración similar al que se inició en julio de 2020 y se cerró en enero de 2021.

Para septiembre de 2021, Saquicela ya como presidente de la CNJ solicitaba a la Judicatura que realice de forma inmediata el concurso para la selección de jueces y conjueces titulares. El organismo mediante un comunicado señalaba que es necesario que la Corte esté conformado en su totalidad para el correcto funcionamiento de la administración de justicia y para brindar una respuesta oportuna a la ciudadanía.

La situación de la CNJ dificultaba el trabajo jurisdiccional y por ello el pedido institucional. “Es prioridad de la CNJ velar por una justicia eficiente, íntegra e independiente y para ello es necesario fortalecer la institucionalidad y aunar esfuerzos entre las instituciones de la Función Judicial para viabilizar la labor jurisdiccional y la tutela judicial efectiva”, señalaba el documento publicado por la Corte Nacional

Una vez que renunció María del Carmen Maldonado a su cargo, el proceso de concurso quedó en una judicatura que tenía como presidente temporal al vocal Fausto Murillo. En ese periodo se informó que en mayo de 2022 se iniciaría el concurso público para la selección de jueces y conjueces de la CNJ. A través de ese proceso, el cual se creía iba a concluir en octubre de 2022, se pensaba designar a seis jueces y a trece conjueces titulares.

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Ninguna de esas fechas se cumplieron ni tampoco las expectativas en cuanto a llenar las vacantes. Desde el CJ se sostenía que en sesión de 29 de octubre de 2021, el pleno del CJ aprobó el reglamento para el concurso que se desarrollaría en seis fases: convocatoria, postulación, méritos, prueba psicológica, oposición, impugnación ciudadana y control social.

Para finales de enero pasado, cuando el vocal Murillo entregó la presidencia temporal de la Judicatura a Álvaro Román, el saliente aseguró que informaría a su reemplazante de la existencia de retos institucionales importantes que debían continuar. Uno de ellos era el concurso inmediato para llenar las vacantes de la CNJ, en el que ya existiría la normativa construida, decía, y solo se esperaban las certificaciones presupuestarias y armar los equipos operativos.

Además, sostenía Murillo que realizar la evaluación por tercios que corresponde en la Corte Nacional era otra de las prioridades, pues en enero de 2024, al menos cuatro jueces y un conjuez titulares debían ser reemplazados por cumplir su periodo de tres años en el cargo. Entre los jueces por ser reemplazados están Walter Macías, Byron Guillén, Luis Rivera, de la Sala Penal, y Fabián Racines, de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

De darse en este momento un concurso para llenar las vacantes de jueces y conjueces titulares, este debería seleccionar a seis jueces y catorce conjueces titulares. Pero de darse el 2024, el concurso debería llenar las vacantes de diez jueces y quince conjueces titulares.

Macías, uno de los cuatro magistrados que están por cumplir su periodo de tres años en enero de 2024, presentó una acción de protección para evitar su salida. En inicio la acción fue negada, pero está en apelación en la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

Quito. 03/04/2023. El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, presentó una acción de protección contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, para exigir el presupuesto suficiente para la Función Judicial. Santiago Molina/El Universo. Foto: El Universo

Al momento, el proceso para concretar un concurso público para llenar las vacantes de jueces y conjueces nacionales está en manos de la administración de Wilmán Terán, quien hasta inicios de febrero pasado integraba la CNJ como conjuez y juez encargado en la Sala de lo Civil y Mercantil e integrante de la Sala de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores.

Pese a estar menos de tres meses en el cargo, Terán en la rendición de cuentas del 2022 reconoció que la Función Judicial en sus diversos niveles no tiene los jueces necesarios para despachar los altos volúmenes de carga procesal existentes y por ende hay causas represadas.

Al hacer un comparativo, explicaba el presidente de la Judicatura, para el año 2017 a nivel país se tenía un indicador óptimo de 11.58 jueces por cada 100.000 habitantes, pero para diciembre de 2022 existen 10,54 jueces por cada 100.000 habitantes, lo que significa, dijo, que mientras más ha crecido la población ha decrecido la cantidad de jueces para atender a la ciudadanía.

“Es imperante la necesidad de contar con un número de jueces óptimos para una atención célere, pues se necesitan 2.618 jueces, los cuales van a permitir que las dependencias judiciales se encuentren en un estado conveniente. A la fecha el CJ tiene una brecha faltante de 692 jueces a nivel nacional, lo que supera el 25 % del óptimo requerido. Exsten unidades judiciales que tienen una carga procesal que supera el 150 % de su capacidad (...) ”, anotó Terán.

En la rendición de cuentas del CJ se mencionó que la institución con la finalidad de realizar concursos públicos, de méritos y oposición, de banco de elegibles, carreras fiscales, fiscales provinciales que correspondan al grupo de gasto 53 requiere un monto total de $ 1,6 millones y para realizar las evaluaciones pertinentes como lo determina la ley y dar cumplimiento a la normativa constitucional requeiere un valor total de $ 1,9 millones. Wilman Terán decía que estas son parte de las necesidades que mantiene el sistema de justicia, pero uno de los principales problemas que arrastra es la falta de recursos para concretar lo que por ley se debe hacer.

Para el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Ocaña, es lamentable que la más alta Corte del país venga funcionando en medio de esta realidad desde hace varios años atrás. Cree que no contar con el número adecuado de jueces y conjueces, más allá de que sean titulares o temporales, se transforma en que las causas se retarden en recibir una respuesta.

Por ejemplo, recordó que él mismo tiene una causa en la que planteó un recurso extraordinario de revisión, el cual fue aceptado en marzo de 2021 y hasta el momento no existe una fecha para evacuar el recurso en la Corte Nacional. “Eso afecta la tutela judicial efectiva, pues como abogado y las personas que tienen procesos requieren que los mismos sean atendidos de manera eficaz, oportuna, eficiente y en el tiempo debido”.

Ante la expectativa ciudadanía de que los procesos no duren tanto tiempo en ser resueltos, el representante de los abogados de Pichincha cree que no solo es cuestión de que la Judicatura adelante los procesos necesarios para los concursos necesarios, sino también que los gobiernos de turno den prioridad al tema judicial, entregando los recursos para aumentar no solo jueces en todas las materias y niveles, sino fiscales y demás operadores que hagan que el sistema de justicia pueda ser efectivo y eficiente.

Como Colegio de Abogados, como usuarios del sistema judicial, adelantó Ocaña, buscarán mantener diálogos con el CJ sobre la falta de jueces y otras situaciones que deberían estar en el radar de quienes están encargados del gobierno y la administración de la Función Judicial. (I)