Corte Nacional de Justicia oficializa al Consejo de Participación Ciudadana la terna para que designe a su vocal en la Judicatura

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) entregó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) su propuesta de terna para que se proceda con la selección de uno de los miembros del Consejo de la Judicatura (CJ), luego de la renuncia al cargo de María del Carmen Maldonado.

El presidente de la CNJ, Iván Saquicela, acompañado por varios de los jueces del pleno del organismo se presentaron este martes 22 de febrero en el CPCCS para entregar su terna, que está encabezada por Darío Alberto Ordóñez Aray, abogado y asesor de empresas públicas y privadas, que actualmente se desempeña como director del Consejo de la Judicatura del Azuay.

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La segunda es Mónica Paola Jarrín Aldas, quien actualmente es jueza de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil. Según Saquicela, la postulan porque son los jueces de primer nivel quienes “tiene el trabajo fuerte, quienes conocen las virtudes y problemas del sistema de justicia”.

Y, el último de la lista es Gonzalo Andrés Valencia Arévalo, vicepresidente del Colegio de Abogados del Azuay, catedrático y asesor en el sector público y privado.

“Queremos que se nombre lo más pronto que sea posible (al vocal). Estaremos muy pendientes de cuidar la institucionalidad e independencia de la Función Judicial. Estamos en manos de ustedes y esperamos que se resuelva en derecho”, subrayó Saquicela a Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira, presidente y vicepresidente del CPCCS, en un breve encuentro que se produjo en el edificio del Consejo, ubicado en el centro de Quito.

Saquicela detalló que la mañana de este martes, el pleno de la CNJ sesionó y resolvieron que es esta institución la que debe remitir la terna y escogieron a sus candidatos.

“Queremos pedirles que, de acuerdo a lo que cabe en derecho, se designe al delegado de la Corte Nacional de Justicia, quien deberá presidir el Consejo de la Judicatura”, recalcó el titular de la Corte.

Según el artículo 179 de la Constitución, el Consejo de la Judicatura se compone por cinco delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá; por el Fiscal General del Estado, por el titular de la Defensoría Pública, por la Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional.

El Consejo de Participación Ciudadana es quien se encarga de su elección, mediante un proceso que contará con veeduría ciudadana e impugnación. Al ser ternas de las funciones del Estado, los candidatos no enfrentan la calificación de sus méritos.

Bajo ese fundamento legal, Saquicela presentó a sus postulantes para que de entre ellos se elija al remplazo de María del Carmen Maldonado, quien renunció a sus funciones el pasado 2 de febrero; y el elegido presida la Judicatura, como lo establece la Constitución.

No obstante, uno de los vocales suplentes Álvaro Román reclama ser principalizado y ocupar la presidencia de la Judicatura, en lugar de Fausto Murillo, quien asumió esas funciones días atrás. Incluso acudió a la justicia ordinaria presentando acciones de protección para defender su derecho, según ha dicho.

Saquicela exhortó a los consejeros que tengan sensibilidad ante la situación y que se actúe con prontitud en la designación, “porque es fundamental que no se ponga en mínimo riesgo a las instituciones y en este caso de la Función Judicial. Corresponde que se designe al vocal y pedimos que haya sensibilidad con el país y esperamos que sea lo más pronto posible; hacemos este pedido expreso”, reafirmó.

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Ulloa ofreció que trabajarán con dinamismo en este proceso, pero le anticipó que se hará un análisis jurídico de cuál es le procedimiento que debe regir para esta elección.

Incluso recordó que hay un dictamen interpretativo emitido por la Corte Constitucional (CC) en el que se blindó las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, y que debe observarse.

“Hay que hacer consultas sobre el estricto panorama para observar las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio. Esto es para no deslegitimar las actividades del Consejo Transitorio porque en un dictamen interpretativo, establece que el Consejo (actual) no está en capacidad para ejercer la autotutela de las decisiones tomadas; y por otro lado, está el respeto a la Constitución”, le manifestó Ulloa. (I)