La creación de un mecanismo de prevención adecuado para evitar la violencia contra los trabajadores de la comunicación y que garantice su protección es algo que el Ejecutivo considera esencial. Y ante su ausencia en el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) lo plantea en el veto parcial mixto que remitió a la Asamblea Nacional, decisión que es considerada como algo positivo por gremios de medios de comunicación y periodistas del país.

En la novena objeción, de las 34 hechas por inconveniencia, se observa el artículo 22 con el objetivo de que se determine que el Estado y los medios de comunicación sean los encargados de proteger a los trabajadores de la comunicación que por sus actividades profesionales corra riesgo su vida.

El Ejecutivo plantea, a través de un texto alternativo que sustituya el artículo 42.1 de la LOC, que sea el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación el que elabore y coordine con las instituciones respectivas políticas públicas, protocolos, proyecto, planes y programas para velar por los comunicadores y sea también el encargado de crear el mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico.

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También se establece que se entenderá por actividades de riesgo las que involucran a los sectores de producción, tráfico, transporte, almacenamiento o comercialización de estupefacientes; contrabando de mercaderías o hidrocarburos; minería ilegal; tráfico ilícito de personas; trata de personas; corrupción; violencia carcelaria; conflictos armados; desastres naturales y otros determinados por el mecanismo.

César Ricaurte, director de Fundamedios, dice que se valora la intención de crearlo ya que se lo estaba dejando de lado en el proyecto original, pero destaca que sí estuvo contemplado en el informe de mayoría que fue rechazado en la Asamblea.

“Nuestra sugerencia era que se tomen en cuenta esos artículos del informe de mayoría para el veto presidencial y creo que va en esa línea, no es exactamente lo mismo, pero creemos que sí es un gran avance crear un mecanismo que incluya la coordinación entre instituciones públicas, la sociedad civil, gremios, etcétera, y se hable ya del financiamiento”, explica y dice que el financiamiento es un factor clave que no permitió el funcionamiento de mecanismos anteriores como el que se pensó en el gobierno de Lenín Moreno.

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Para Kléver Chica, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), es también positiva su creación y dice que el que esté en manos del Consejo de Comunicación aumenta aún más la importancia de esa institución ya que será la encargada de velar por los periodistas y profesionales de la comunicación.

“El Consejo deberá procurar dar seguridad al comunicador... tienen que hacer una evaluación periódica de los riesgos que corre en su trabajo diario el comunicador, estoy de acuerdo con su participación directa”, indica y dice que la seguridad para las mujeres comunicadoras es algo que se debe tener muy en cuenta para el desarrollo de políticas y medidas de protección.

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Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), ve también positivo el que se plantee la creación del mecanismo y dice que será clave cómo el reglamento para la norma desarrolle cómo va estar constituido.

“Hay que generar que este mecanismo nos sirva de alerta temprana para que en las condiciones que está viviendo el Ecuador, tanto políticas como de seguridad, podamos desarrollar los temas más álgidos que están en el debate nacional”, dice.

En Ecuador la violencia contra periodistas es una realidad y Fundamedios lleva el registro de nueve casos de periodistas que han sido asesinados y están en la impunidad. Figuran Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, miembros del equipo de diario El Comercio, secuestrados y asesinados en el 2018 en la frontera norte. Los otros casos son el de Fausto Valdiviezo, asesinado en 2013, y los de José León y Saúl Suárez, quienes perdieron la vida en 2006.

Familiares del equipo periodístico de diario 'El Comercio' que fue secuestrado y asesinado en el 2018 en la frontera norte. Foto: ARCHIVO

Los otros tres se registraron en julio y agosto de este año. El 24 de julio pasado, en Portoviejo, el periodista Mike Cabrera fue asesinado con seis disparos. El 8 de agosto, el auto del periodista Fernando León, director del semanario El Pueblo, de Gualaceo, fue hallado en el fondo de un barranco. El cuerpo no ha sido encontrado hasta el momento. León estaba haciendo una cobertura fotográfica del mal estado de la vía que conecta las provincias de Azuay y Morona Santiago. El vehículo se encontraba en la vía Milagro-Gualaceo-Limones.

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Y solo dos días después, el periodista Gerardo Delgado Olmedo, del medio Ola Manta TV, fue asesinado con varios disparos mientras se dirigía a una cobertura en Manta. Su hija también viajaba con él y resultó ilesa. Delgado era precandidato a concejal de la ciudad por el movimiento Revolución Ciudadana.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato de Delgado y pidió implementar en el país un sistema de protección ante la “ola de violencia” contra los comunicadores.

Asimismo, durante el último paro nacional que vivió el país, del 13 al 30 de junio, se reportaron 164 agresiones con un saldo de 242 periodistas agredidos y un entorno de permanente y sistemática estigmatización y descalificación del trabajo de la prensa por parte de los sectores políticos que en el pasado reciente impusieron una mordaza a la sociedad ecuatoriana, según la organización.

El veto del Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley de Comunicación se entregó en la Asamblea Nacional este miércoles 24 de agosto. Foto: CORTESÍA

Ante estos hechos, en el veto se propone que el mecanismo cuente también con una instancia técnica que, de conformidad con el Reglamento de la Ley, integrará a delegados de las entidades rectoras de defensa, relaciones internacionales, seguridad ciudadana, gestión de riesgos, derechos humanos e inteligencia, y demás entidades u organismos que se considere necesario.

En el mecanismo participarán representantes de los trabajadores de los medios comunicación, privados estatales y comunitarios y para el cumplimiento de su propósito está facultado para realizar o solicitar a las autoridades competentes la evaluación de riesgos de trabajadores de la comunicación; acciones urgentes en favor de beneficiarios calificados; elaboración de directrices y protocolos.

De igual forma, propuestas de medidas de prevención y protección considerando la naturaleza específica del trabajo periodístico en medios escritos y digitales; recomendaciones para la creación de unidades de prevención, protección como monitoreo o evaluación; identificación de patrones de agresión y mapas de riesgos; monitoreo de agresiones; medidas de prevención, protección o medidas urgentes; informes de estado de cumplimiento y observancia de medidas de reparación y observancia y evaluación de eficacia de las medidas.

No obstante, Rocha dice que la participación de los diferentes actores del sector en el mecanismo no debe significar notificación de los temas en los que se está trabajando, sino la identificación de las áreas en las que está el conflicto de seguridad y que los periodistas puedan tener esta información para emitir una alerta temprana.

Sobre este tema, Ricaurte coincide en que el mecanismo “no puede ser de ninguna forma un mecanismo de control y censura de contenidos y trabajo periodístico, sino algo que permita contar con políticas públicas destinadas a proteger a los periodistas de los riesgos”.

“Cuando se habla de la protección a periodistas tenemos que hablar de las 3 P: prevención, protección y procuración de justicia, en estas tres líneas tiene que trabajar el mecanismo y estaremos vigilantes de que no se convierta en un mecanismo de control, censura y vigilancia al trabajo periodístico”, subraya. (I)